El sistema público de pensiones forma parte del contrato social que sostiene a las democracias europeas. No es solo una cuestión presupuestaria, sino uno de los principales instrumentos de solidaridad entre generaciones. Su sostenibilidad depende, en gran medida, de la fortaleza del empleo y de la capacidad de las nuevas generaciones para incorporarse al mercado laboral en condiciones dignas, así como de que las mujeres lo hagan en plena igualdad, superando las brechas aún existentes. En España, ha garantizado durante décadas seguridad económica a millones de personas mayores y ha contribuido de forma decisiva a la estabilidad social. Han pasado ya más de treinta años desde la aprobación del Pacto de Toledo, uno de los acuerdos políticos y sociales más relevantes de nuestra democracia.

Durante estas tres décadas, el sistema se ha consolidado como uno de los pilares del Estado del bienestar y como un derecho constitucional. Los artículos 41 y 50 de la Constitución establecen que los poderes públicos deben garantizar un sistema público de Seguridad Social con prestaciones suficientes y pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Se trata de un modelo de reparto en el que las cotizaciones de las personas trabajadoras en activo financian las pensiones actuales, complementado por aportaciones del Estado que aseguran su equilibrio. Hablar de pensiones es, por tanto, hablar de cohesión social, dignidad de las personas mayores y solidaridad intergeneracional.

Los principales retos del sistema están vinculados al cambio demográfico, caracterizado por una mayor esperanza de vida y una baja tasa de natalidad, lo que altera la relación entre población activa y jubilada. A ello se suman las transformaciones del mercado laboral derivadas de la digitalización, la inteligencia artificial y la transición ecológica, que exigen políticas de transición justa para proteger el empleo y reforzar derechos. En este contexto, la integración de las personas migrantes en la población activa puede contribuir a sostener el número de cotizantes y reforzar la base del sistema.

En 2025, el sistema público de pensiones superó los 10,4 millones de pensiones y los 9,4 millones de pensionistas, y cerró el año con una cifra histórica de 21,9 millones de afiliados medios, lo que sitúa la ratio en torno a 2,33 cotizantes por pensionista. La pensión media de jubilación se sitúa en torno a los 1.500 euros mensuales, aunque persisten diferencias significativas: las mujeres, con carreras laborales más irregulares y peor remuneradas, perciben una pensión media de unos 1.210 euros, frente a los 1.730 euros de los hombres. La evolución del sistema ha estado guiada por el compromiso político y social del Pacto de Toledo, mediante un método basado en diagnósticos compartidos, reformas graduales y amplios consensos que han permitido su adaptación sin rupturas.

Desde mediados de los años noventa, las reformas han seguido una lógica de adaptación progresiva. Entre 1995 y 2007 se consolidaron elementos estructurales como la separación de fuentes de financiación, el refuerzo del carácter contributivo y la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que llegó a acumular cerca de 67.000 millones de euros en un contexto de crecimiento del empleo. En ese periodo también se avanzó en la mejora de las pensiones mínimas. Tras la crisis financiera, en 2011, mediante acuerdo político y diálogo social, se adoptaron medidas como la elevación progresiva de la edad de jubilación hasta los 67 años y la ampliación del periodo de cálculo; en 2013, sin consenso social, se introdujeron cambios como la revalorización mínima del 0,25 % y el factor de sostenibilidad, ampliamente cuestionados por su impacto en el poder adquisitivo.

Las reformas más recientes, entre 2021 y 2025, han buscado recuperar el equilibrio del sistema y reforzar su legitimidad social. Entre las medidas adoptadas destacan la revalorización conforme al IPC, el refuerzo de las pensiones mínimas, la reducción de la brecha de género y la mejora de los ingresos mediante el aumento de las bases máximas de cotización, junto con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la asunción por el Estado de gastos impropios y la recuperación del Fondo de Reserva. Persisten, no obstante, cuestiones pendientes como la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y la revisión de las jubilaciones anticipadas en largas carreras de cotización.

El futuro de las pensiones no depende únicamente de las reformas del sistema, sino también de las oportunidades de las nuevas generaciones. Para que el pacto entre generaciones siga siendo creíble, es imprescindible que los jóvenes accedan a empleos estables, con salarios dignos y trayectorias laborales continuas que permitan cotizar de forma suficiente a lo largo de su vida. Sin embargo, siguen enfrentándose a dificultades de acceso al empleo, a mayores niveles de precariedad y a problemas estructurales como el acceso a la vivienda, que retrasa la emancipación y condiciona sus proyectos de vida.

La evolución positiva de la economía y del empleo en los últimos años está reforzando la base financiera del sistema. En 2025, según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre, la ocupación se situó en 22,46 millones de personas, alcanzando niveles máximos de la serie histórica. La tasa de desempleo descendió por debajo del 10 %, muy lejos del 26,9 % registrado en 2013, mientras que la tasa de paro de los menores de 30 años se situó en el 17,16 %. La reforma laboral de 2021 ha impulsado la contratación indefinida y reducido la temporalidad hasta el 15,1 %, situándose en el 12,5 % en el sector privado. El salario mínimo interprofesional ha aumentado hasta situarse en torno al 60 % del salario medio, y la productividad ha crecido en torno al 1–1,5 % anual, aunque los salarios reales medios no han recuperado plenamente los niveles previos a la pandemia.

A menudo se afirma que España gasta demasiado en pensiones. Sin embargo, el gasto se sitúa en torno al 13 % del PIB, en niveles comparables a los de otros países europeos. Se prevé que aumente en las próximas décadas como consecuencia de la jubilación de la generación del baby boom, pudiendo el número de pensionistas superar los 15 millones en 2050. En ese horizonte, las previsiones sitúan el gasto en torno al 15 % del PIB, dentro de un escenario considerado sostenible. Por su parte, la AIReF concluyó en 2025 que no son necesarias medidas adicionales en las condiciones actuales y se encuentra elaborando una nueva evaluación.

En definitiva, para garantizar la sostenibilidad del sistema se requiere empleo de calidad, avanzar en la igualdad, mejorar los salarios, desarrollar políticas eficaces para la juventud y reforzar la lucha contra el fraude y la economía sumergida. Las pensiones públicas son una de las grandes conquistas sociales de nuestra democracia y se sostienen sobre un principio esencial: la solidaridad intergeneracional. Reforzar este principio exige avanzar en el blindaje constitucional del sistema público de pensiones, garantizando su carácter público y la suficiencia y actualización de las prestaciones. En última instancia, se trata de preservar el equilibrio que da continuidad y estabilidad a nuestro modelo social.