La semana pasada terminaba mi artículo planteando una pregunta: ¿queremos limitarnos a utilizar la tecnología que desarrollen otros o España puede aspirar también a crearla? La pregunta no es retórica.

Durante muchos años Europa vivió bastante cómoda con un reparto que, simplificando mucho, funcionaba así: Estados Unidos desarrollaba buena parte de las grandes plataformas digitales, Asia concentraba gran parte de la fabricación y Europa regulaba.

Mientras todo funcionaba, no parecía un mal acuerdo. El problema llegó cuando dejó de funcionar.

La pandemia fue probablemente el aviso más evidente. De repente faltaban semiconductores y fábricas enteras tenían problemas para producir. Después llegaron nuevas tensiones geopolíticas y quedó bastante claro que depender de terceros para determinadas tecnologías no era solo un problema económico.

También era un problema estratégico. Y aquí es donde creo que se entiende mejor el cambio que se está produciendo en España durante esta segunda legislatura. Ya no hablamos solo de digitalizarnos. Hablamos de intentar tener capacidades propias.

El PERTE Chip es quizá el ejemplo más claro. España ha decidido entrar en la estrategia europea de semiconductores, atraer inversión y desarrollar investigación propia. La llegada a Málaga de un centro de IMEC o los proyectos relacionados con chips fotónicos son ejemplos de algo que hace unos años no parecía demasiado probable: que España pudiera competir por tener un espacio propio en una industria tan estratégica.

Con la inteligencia artificial ocurre algo parecido. En muy poco tiempo nos hemos acostumbrado a utilizar herramientas de IA desarrolladas principalmente por grandes compañías extranjeras. Pero quienes trabajamos en tecnología sabemos que detrás de una aplicación o de un chatbot hay mucho más. Hace falta capacidad de computación, centros de datos, energía, investigadores, modelos, datos y muchísimo dinero. Por eso tiene sentido que España intente desarrollar capacidades propias.

ALIA, la apuesta por la supercomputación o nuestra participación en las nuevas infraestructuras europeas de inteligencia artificial van precisamente en esa dirección.

¿Vamos a competir mañana de igual a igual con Estados Unidos o China? Evidentemente no. Tampoco creo que ese deba ser el objetivo. Lo importante es decidir en qué tecnologías queremos tener capacidad propia, dónde podemos ser competitivos y en qué ámbitos no podemos permitirnos depender completamente de terceros.

Y para eso hace falta algo que durante bastante tiempo parecía haber pasado de moda: política industrial. Estados Unidos la hace. China la hace. Europa ha vuelto a hacerlo. Y España también.

La creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) es interesante precisamente por eso. El Estado puede invertir y acompañar proyectos en inteligencia artificial, semiconductores, tecnologías cuánticas y otros sectores que considere estratégicos.

No se trata de que el Estado sustituya a las empresas. Tampoco tendría sentido. Se trata de entender que nuestros competidores están movilizando enormes cantidades de recursos públicos y que renunciar nosotros a hacerlo no nos convierte en más liberales. Simplemente nos coloca en peores condiciones para competir.

Además, Europa, añade además algo que considero importante: las reglas. No todo lo que tecnológicamente podemos hacer significa necesariamente que debamos hacerlo.

Por ejemplo: la inteligencia artificial ofrece oportunidades extraordinarias, pero también plantea problemas relacionados con la privacidad, los sesgos, la desinformación o las decisiones automatizadas que pueden afectar directamente a nuestras vidas. 

Pero innovar y proteger derechos no deberían ser objetivos enfrentados. Y aquí también existe una elección política.

Si después de las próximas elecciones hubiera un cambio en el signo del gobierno, posiblemente las políticas tecnológicas no desaparecerían. Nadie sensato puede plantear hoy algo así. Pero sí que podría cambiar la forma de entender el papel del Estado, la inversión pública en determinados sectores o nuestra posición ante la regulación. Y esto importa más de lo que parece.

Una fábrica de chips, un centro de investigación o una gran infraestructura de inteligencia artificial no se construyen pensando en los próximos seis meses. Son apuestas de muchos años. Algunas saldrán bien y otras seguramente no. Forma parte del riesgo de apostar por tecnologías que todavía están desarrollándose. Lo que no podemos hacer es cambiar de estrategia cada cuatro años.

España sigue teniendo mucho camino por recorrer. Necesitamos invertir más en investigación, trasladar mejor ese conocimiento a las empresas y conseguir que nuestras compañías tecnológicas puedan crecer mucho más rápido sin tener que marcharse o venderse cuando alcanzan determinado tamaño.

También necesitamos asumir que no podemos ser buenos en todo. Habrá que elegir dónde merece la pena concentrar recursos y dónde tenemos posibilidades reales de competir.

Pero hay algo que sí ha cambiado. Hace unos años estas cuestiones apenas aparecían en nuestro debate público. Hoy hablamos de chips, inteligencia artificial, supercomputación, tecnologías cuánticas, datos o soberanía tecnológica. Y no es un debate menor.

En el artículo anterior hablaba del esfuerzo realizado para digitalizar España. Ese era el primer paso. Este segundo es bastante más complicado, llevará más tiempo y seguramente tendrá algún fracaso por el camino. Pero merece la pena intentarlo.

Porque dentro de veinte años una parte importante de la capacidad de un país para decidir por sí mismo dependerá de su capacidad tecnológica. Y los ciudadanos también tienen que decidir si España quiere limitarse a comprar esa tecnología o quiere participar también en construirla. Aquí es donde está el futuro del país que seremos capaces de construir hoy.