Autor: Antón Saracíbar

Los asuntos relacionados con la pretendida secesión (Declaración Unilateral de Independencia) y la aplicación del artículo 155 de la Constitución han polarizando irremediablemente el proceso electoral del 21-D. Como consecuencia, el debate sobre las ideas y las alternativas para resolver los problemas reales de los catalanes no están teniendo el protagonismo debido en la campaña: entre otros asuntos nuestra presencia en la UE, el empleo (el problema más importante, según el CIS), la precariedad de nuestro mercado de trabajo, el declive de la protección social, el deterioro de los servicios públicos (educación y sanidad), las infraestructuras, la regresión fiscal, la igualdad de género, las migraciones y el medio ambiente.

La acción sindical tiene como fundamento el diálogo social, la concertación y la negociación colectiva en sectores y empresas. Eso explica que, por estas fechas, los sindicatos se dediquen afanosamente a preparar la negociación colectiva y a explorar la posibilidad de negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, cuando menos para el próximo año (IV AENC. 2018).

Los días previos y posteriores al debate en el Senado relacionado con la aplicación del artículo 155 (27 de octubre), clarificaron varios asuntos. En primer lugar, la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del parlamento catalán fue manifiestamente ilegal y, por lo tanto, no tuvo ningún efecto práctico, al margen de resultar muy contraproducente para la causa secesionista.

En los últimos días el Gobierno ha revisado a la baja (en tres décimas) las previsiones del PIB para el próximo año 2018, argumentando que lo hace obligado por los efectos perniciosos que tendrá el desafío secesionista en Catalunya y en el conjunto del país.

En el pasado 1 de octubre, y en los días sucesivos, se han despejado varias incógnitas relacionadas con el problema de Catalunya. En primer lugar, ha quedado definitivamente claro que el “derecho a decidir” no ha sido más que una burda coartada para exigir, unilateralmente, la independencia de Catalunya o, si se quiere, para proclamar la república catalana.

Desde hace meses, y particularmente en los últimos días, el referéndum de Catalunya del próximo día 1 de octubre viene apareciendo de manera amplia y recurrente en todos los medios de comunicación y redes sociales.

Los diversos análisis económicos y sociales efectuados por instituciones y expertos en el pasado periodo vacacional, han tenido un gran protagonismo en los medios de comunicación y todos ellos han coincidido en que, si bien la economía (PIB) está creciendo por encima de la media europea, los trabajadores y las personas más desfavorecidas siguen sufriendo las consecuencias de la fuerte y prolongada crisis económica que hemos sufrido.

A punto de comenzar las vacaciones del mes agosto, llama muy poderosamente la atención el Acuerdo de gobierno al que han llegado el PSOE y Podemos en Castilla la Mancha para aprobar los Presupuestos de 2017 y del resto de esta legislatura.

Los debates llevados a cabo en el reciente Congreso ordinario de CCOO, donde se ha producido el relevo de Ignacio Fernández Toxo por Unai Sordo como nuevo secretario general, han puesto nuevamente de manifiesto la necesidad de elaborar un ambicioso Plan de Choque por el Empleo, además de trabajar por recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores (deuda social), para que puedan resarcirse de la fuerte devaluación salarial producida por los efectos de la nefasta gestión de la crisis y, más en concreto, por la reforma laboral y las decisiones unilaterales del gobierno en relación con la oferta pública de empleo y las retribuciones de los empleados públicos.