En el pasado 1 de octubre, y en los días sucesivos, se han despejado varias incógnitas relacionadas con el problema de Catalunya. En primer lugar, ha quedado definitivamente claro que el “derecho a decidir” no ha sido más que una burda coartada para exigir, unilateralmente, la independencia de Catalunya o, si se quiere, para proclamar la república catalana. Así mismo ha quedado claro que la llamada Consulta no se celebró de acuerdo con los mínimos requisitos exigibles en un sistema democrático homologado a las democracias más avanzadas. Finalmente se ha confirmado que la Generalitat vulneró toda la legislación vigente en que se basa su reconocimiento jurídico: Estatut de Autonomía, Constitución Española e, incluso, sus propias leyes aprobadas en el parlament días antes (Leyes del Referéndum y de la Transitoriedad Jurídica, suspendidas por el Tribunal Constitucional).

Por otra parte, en el entorno del 1 de octubre han quedado también varios hechos probados. La fuerte capacidad de organización y de movilización del movimiento independentista, amparado en los fuertes sentimientos, agravios, emociones y símbolos de muchos catalanes; la nefasta dirección y gestión de las fuerzas armadas en el cumplimiento de las órdenes emanadas de la justicia catalana: Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos D´Esquadra; el incomprensible posicionamiento de la jerarquía eclesiástica a favor del “derecho a decidir”; la actitud errática, ambigua y equidistante de los sindicatos de Catalunya que, incluso, convocaron una huelga general política (los minoritarios) y un “Paro País” ( los mayoritarios) por el “derecho a decidir”, lo que no tiene precedentes conocidos a lo largo de la dilatada historia del movimiento obrero; el reconocimiento internacional, y en particular de la UE, del marco constitucional español y su rechazo a la autodeterminación catalana; la decisión de los poderes económicos y financieros de apostar por la legalidad vigente y las instituciones del Estado que, de entrada, se ha saldado con el traslado de la sede social de empresas relevantes (CaixaBank, Banco Sabadell, Gas Natural, Abertis…) a otras CCAA, con el propósito de mantener las ventajas que otorga la participación de España en la UE (por ejemplo, la protección del BCE); y, por último, la grave fractura de la sociedad catalana, puesta de manifiesto en la multitudinaria manifestación de Barcelona del pasado día 8.

Ante estos acontecimientos, el gobierno y la oposición política han sacado sus propias conclusiones en este espinoso asunto. En todo caso, no debemos olvidar que Rajoy sigue sin ofrecer un relato comprensible de sus intenciones, ha perdido la batalla de las ideas y de la comunicación, carece de un proyecto político ilusionante y se ha visto obligado a utilizar la figura y la comparecencia del rey en defensa de la legalidad constitucional, lo que, por otra parte, cerró en buena medida el diálogo y la negociación bajo lo que ha sido calificado como chantaje: la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). El PSOE ocupa la centralidad en el tablero político; sin embargo, se mueve en este contexto con muchas dificultades, internas y externas, entre el apoyo al gobierno y a la Constitución y su reciente interpelación como paso previo a la posible reprobación de la vicepresidenta del gobierno en el parlamento (en su afán por diferenciarse del PP, lo que en la práctica significará dotar de más munición a las fuerzas independentistas), como máxima responsable de las cargas policiales del día 1 de octubre en Catalunya y de los notables errores cometidos por los responsables del ministerio del interior y de los servicios de información del Estado. Por su parte, Podemos insiste en el derecho a decidir de los catalanes y en sus reiteradas tesis de diálogo y mediación- sin exigir aparentemente el respeto a la legalidad vigente-; algo difícil de entender en estos momentos y que, además, muy pocos comparten en el conjunto del Estado, con lo que esto representa de negativo para el futuro de la unidad de la izquierda en nuestro país.

¿Qué hacer en esta situación? En primer lugar, hay que respetar sin paliativos los principios en que se fundamenta nuestra democracia: la Constitución Española y el Estatut de Catalunya. Simplemente porque todo es posible dentro de la legalidad y nada será posible fuera de la Constitución; gobierne quien gobierne en Madrid y en Barcelona. En segundo lugar, y una vez restablecida la legalidad, sigue siendo válido el ejercicio de la política con mayúscula para resolver los problemas de esta naturaleza. En este sentido es necesario buscar un marco de convivencia entre el Estado y la Generalitat, que pudiera llegar, incluso, a modificar la Constitución y el Estatut. En tercer lugar, hay que facilitar que un hipotético Acuerdo- que, lógicamente, y como hemos señalado, modificaría la Constitución y el Estatut- se vote: la Constitución por todos los españoles y el Estatut acordado por todos los catalanes. Por último, debemos señalar que estas ideas harían innecesaria la aplicación del artículo 155-CE y eliminaría definitivamente la consulta para determinar el sí o no a la secesión.

En cualquier caso, los independentistas deben aceptar finalmente que la consulta (movilización) del día 1 de octubre no permite en absoluto la DUI, como ha reconocido el propio president de la Generalitat en su confusa y caótica comparecencia. Resulta evidente que los datos que baraja la Generalitat carecen de la mínima credibilidad; simplemente, porque no se ha respetado la legalidad, no han existido las mínimas garantías jurídicas de control y, lo que es más grave, estos datos no representan a la mayoría de los catalanes. La declarada suspensión de los efectos de la ley de Transitoriedad Jurídica, aprobada por el parlament y suspendida posteriormente por el Tribunal Constitucional, si bien no resuelve en absoluto el problema de fondo, permite (previa declaración de respetar la Constitución) abordar el problema planteado desde el diálogo, en el marco de la Comisión propuesta en el Congreso de los Diputados por el PSOE. Los poderes económicos, la UE, las organizaciones sindicales y sociales y, sobre todo, una parte muy importante de la ciudadanía verían con buenos ojos la apertura de conversaciones, sin que ello deba generar en absoluto excesivas expectativas y sabiendo que será muy difícil alcanzar un Acuerdo.

Por eso, en estas difíciles circunstancias, es muy necesario que demos absoluta prioridad a la resolución del problema catalán. Simplemente porque nos impide analizar y ofrecer soluciones a los problemas reales que preocupan a los ciudadanos en la actualidad: desempleo, reforma laboral, precariedad, PGE-2.018, negociación colectiva, retribuciones de los empleados públicos, SMI-2.018, cobertura de desempleo, pensiones, dependencia, reforma de la política fiscal, cambio climático, igualdad de género… Para responder a estos problemas, la izquierda debe retomar la iniciativa en defensa de un modelo económico y social alternativo que luche por superar las desigualdades (redistribución), la pobreza y la exclusión social. En particular, se debe incidir en los tres asuntos que más preocupan a los ciudadanos: el desempleo (jóvenes y mayores de 55 años), los salarios y las pensiones, lo que justifica sobradamente las fuertes campañas emprendidas recientemente por los sindicatos mayoritarios (UGT- CCOO).

Los sindicatos vienen reiterando hasta la saciedad su preocupación por el lamentable estado de nuestro mercado de trabajo. Los últimos datos estadísticos confirman la escandalosa precariedad (temporalidad, estacionalidad, contrato a tiempo parcial no deseado, bajísimos salarios, jornadas por encima de lo acordado…) y las dificultades de los jóvenes para encontrar un trabajo digno y con derechos. A lo que hay que añadir la extrema dificultad existente para que un trabajador desempleado de más de 55 años pueda alcanzar un empleo mínimamente decente y remunerado. Por eso insisten en implementar las políticas activas de empleo, la formación profesional, el reparto del trabajo existente con igual salario, la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo, así como el cambio de nuestro modelo productivo, entre otras medidas, al margen de exigir la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y el aumento del SMI.

Por otra parte, la UGT y CCOO también denuncian que el 50% de los pensionistas no llegan al SMI y que el 38% viven bajo el umbral de la pobreza. Manifiestan además que la pensión media se sitúa en 918 euros mensuales y la más frecuente en 650. La situación se agrava ante la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas (el incremento actual es del 0,25%, en contraposición con la inflación situada en torno al 1,6%) y la incapacidad del Gobierno a la hora de garantizar la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social (SS). Debemos constatar que la SS ha consumido en muy pocos años su Fondo de Reserva que superó en su día los 65.000 millones de euros. Por eso reivindican recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, eliminar el déficit de la SS, impedir los efectos negativos de la reforma del año 2013 (la tasa de sustitución caerá del 80% a menos del 50%), poner fin a la subvención de las cotizaciones de las empresas (con cargo de la SS), cuyo costo debe asumir el Estado y, por último, estudiar la diversificación y mejora de los ingresos al Sistema: cotizaciones e ingresos fiscales.

Estas poderosas razones nos indican que no podemos alargar más el actual clima de incertidumbre política, económica y social. No debemos olvidar que sus efectos pueden ser devastadores en el concierto internacional y que ya se están haciendo notar en nuestro país. Por eso, sólo queda esperar a que la Generalitat declare respetar la legalidad vigente para sentarse a dialogar y que, en este nuevo e hipotético escenario, los partidos políticos actúen con altura de miras y no exclusivamente en busca de réditos electorales. Este temor puede explicar algunas sobreactuaciones del gobierno y el propósito desmedido del PP por impulsar en solitario las movilizaciones en torno a la unidad de España, la defensa de nuestra bandera y el rechazo a la secesión. No debemos olvidar que Rajoy puede disolver el parlamento cuando lo considere oportuno y lo estime beneficioso para sus propios intereses partidarios. Argumentos no le faltarán: Catalunya, prórroga de los PGE.2017, corrupción, debilidad y división de la izquierda… Por eso, el posible adelanto electoral en Catalunya -sin descartar que también se pueda producir en el conjunto del país-, estará muy presente en el debate político de aquí a los próximos meses. En este difícil contexto, y si nadie lo remedia, las políticas de cambio y de progreso se pueden encontrar con muchas dificultades para alcanzar mayorías en el parlamento. 11. 10. 2.017. Antón Saracíbar.