Los asuntos relacionados con la pretendida secesión (Declaración Unilateral de Independencia) y la aplicación del artículo 155 de la Constitución han polarizando irremediablemente el proceso electoral del 21-D. Como consecuencia, el debate sobre las ideas y las alternativas para resolver los problemas reales de los catalanes no están teniendo el protagonismo debido en la campaña: entre otros asuntos nuestra presencia en la UE, el empleo (el problema más importante, según el CIS), la precariedad de nuestro mercado de trabajo, el declive de la protección social, el deterioro de los servicios públicos (educación y sanidad), las infraestructuras, la regresión fiscal, la igualdad de género, las migraciones y el medio ambiente.

Tampoco se están valorando en su justa medida los efectos causados por las políticas de ajuste (desigualdad, pobreza y exclusión social) y menos aún los problemas relacionados con la corrupción en Catalunya (caso del 3%) y en España (PP). En definitiva, no se está debatiendo la necesaria regeneración democrática y mucho menos la exigible transparencia de la vida política en general. Incluso, es de temer que, al finalizar la campaña electoral, todavía no conozcamos las medidas relacionadas con Catalunya susceptibles de reformar la Constitución y el Estatut (junto a otros asuntos) como proponen algunos partidos políticos.

En este mediocre escenario electoral, están ocupando mucho espacio mediático las últimas decisiones de los partidos independentistas y sus sonoros fracasos. Especial relevancia está teniendo la fuga de Carles Puigdemont y de varios ex consejeros a Bruselas con el propósito de internacionalizar el conflicto, buscar una mayor capacidad de maniobra política (victimismo) y obtener mayores garantías jurídicas en sus defensas. Lo más llamativo de la rocambolesca fuga del ex presidente es que se mantiene alejado de la realidad social y, lo que es más importante, de los ciudadanos más adictos e incondicionales, que han quedado en evidencia y huérfanos de una referencia política cercana y creíble en plena campaña electoral.

En segundo lugar, los partidos constitucionalistas reiteran que los ciudadanos y empresas están sufriendo particularmente las graves consecuencias del conflicto: la división, la intolerancia, el miedo y la fuerte confrontación de muchos con la legalidad y el Estado. Por el contrario, los secesionistas, como reacción, recuerdan el boicot a los productos catalanes, los brotes de catalanofobia y el rechazo (por el momento minoritario) a todo lo que representa Catalunya en el Estado español, así como la incertidumbre e inestabilidad que están generando en términos políticos, económicos y sociales.

En tercer lugar, el cambio de la sede social de más de 3.000 empresas importantes, desde el pasado 1 de octubre, la caída del turismo, de la inversión y del consumo, así como el desplome y la posterior recuperación bursátil de muchas empresas cotizadas están siendo hechos muy determinantes en la campaña electoral; simplemente porque han puesto a prueba a nuestra democracia, a nuestra economía e, incluso, a nuestro Estado Social y de Derecho. Unos hechos muy significativos que los independentistas no habían previsto, como  tampoco fueron capaces de valorar, en sus justos términos, el costo económico que pudiera tener la  transición hacia una hipotética secesión.

En cuarto lugar, está resultando determinante en los debates la firme actitud de la UE de dejar muy claro que no está dispuesta en absoluto a facilitar los intentos secesionistas no negociados en el marco europeo, lo que se ha traducido en un apoyo diplomático claro y rotundo hacia las medidas aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy y en una decidida y terminante desautorización de la incomprensible aventura de Carles Puigdemont en Bruselas. La estrambótica respuesta del ex presidente no se ha hecho esperar: “los catalanes deben decidir si quieren salirse de la UE”

Por último, está siendo también relevante la sorprendente renuncia de los partidos políticos independentistas: la aceptación formal del artículo 155-CE y de sus consecuencias para la Generalitat y el conjunto del movimiento secesionista. A todo ello ha contribuido notablemente el pacífico desarrollo en la aplicación del artículo 155-CE que, sin duda, ha tranquilizado mucho a la opinión pública de Catalunya e, incluso, a nuestros homólogos europeos. La sensación de normalidad, al margen de lo ocurrido, ha demostrado que los partidos políticos secesionistas nunca han tenido argumentos ni poder coercitivo y mucho menos apoyos en el exterior para proclamar la independencia de manera unilateral. Por eso están siendo incapaces de dar gestión de su mandato y de explicar de manera convincente sus decisiones y promesas.

A esto hay que añadir el comportamiento poco edificante de algunos líderes políticos secesionistas. En la práctica se ha confirmado su poca entereza en la cárcel a la hora de defender sus convicciones, su nula capacidad dialéctica y su disparatada decisión  de mantener la ficción de la República catalana. Sin embargo, todo hay que decirlo, la discutible orden de mantener en prisión preventiva a cuatro personas relevantes del Procés (Oriol Junqueras, ex vicepresidente, Joaquim Forn, ex consejero, además de los dos activistas reconocidos como los Jordis), sobre todo cuando, además, tres de ellos se presentan como candidatos, no está facilitando las cosas, a pesar de que es una decisión que hay que respetar en un Estado de Derecho. Nadie desconoce que la prisión preventiva puede influir considerablemente en los sentimientos de muchos catalanes en pleno proceso electoral y, como consecuencia, beneficiar considerablemente a las opciones secesionistas y a su campaña dirigida a denunciar el procesamiento y la prisión de varios de sus miembros (prisión política, según ellos, lo que está hiriendo profundamente la sensibilidad de los que fueron presos políticos durante el franquismo).

Los puntos calientes en litigio entre las partes enfrentadas son conocidos y lo venimos reiterando desde hace meses, a pesar del poco interés en debatirlos. La lengua, la educación, la sanidad, los medios de comunicación públicos, las infraestructuras, el pacto fiscal, el blindaje de competencias… Incluso, el corredor del Mediterráneo viene siendo un motivo de división entre la Generalitat (junto a otras CCAA) y el Gobierno de Mariano Rajoy. Por otra parte, también está siendo motivo de confrontación en la campaña electoral la pretendida recentralización de algunas competencias, tal como exigen algunas formaciones políticas en base a exacerbados postulados de carácter nacionalista español.

En esta campaña electoral, al margen del índice de participación (está en juego la movilización del bloque constitucional y de la mayoría silenciosa), de quién ganará las elecciones y cómo repercutirán los resultados en el conjunto del Estado, está en juego la relación de fuerzas entre los partidos constitucionalistas e independentistas y, sobre todo, si éstos últimos superan la barrera del 50% del electorado, lo que en este supuesto consolidará sus posiciones. En segundo lugar, el 21-D se disputa también la primacía entre los partidos constitucionalistas (Ciudadanos, PSC y PP) y secesionistas (ER, CUP y Junst Per Catalunya, la lista liderada por Carles Puigdemont). Y, por último, qué partido ocupará la centralidad y la capacidad de pactar (PSC o Catalunya en Comú-Podemos) -si procede y resultara necesario-, en el nuevo escenario político para evitar el frentismo (choque de trenes) y garantizar la gobernabilidad de Catalunya. Por lo tanto, no es extraño que haya adquirido un fuerte protagonismo en la campaña la política de alianzas (aunque sea difícil de concretar antes del 21-D, por no conocerse los resultados), lo que ha generado serios equívocos en los dirigentes de las formaciones políticas en litigio.

Entre los posibles acuerdos para garantizar la gobernabilidad de Catalunya, el PSC no contempla en estos momentos la posibilidad de acuerdos entre los partidos políticos calificados de izquierda. La reafirmación claramente independentista de ER y la ambigüedad y equidistancia de Catalunya en Comú-Podemos, en relación con el derecho a decidir y con la aplicación del artículo 155-CE, lo explica suficientemente, según Miquel Iceta. Esta lamentable realidad confirma el fracaso de la izquierda a la hora de llegar a acuerdos en defensa de una Agenda Social y explica la frustración justificada de muchos ciudadanos progresistas.

En todo caso, todo indica que los resultados de los partidos independentistas serán muy notables a pesar de lo ocurrido. Sin embargo, incluso ganando las elecciones los partidos independentistas, la situación no será nada igual después del 21-D. Por el contrario, la mayoría de los politólogos indican que la mejor alternativa es dialogar, negociar y acordar, sobre todo después de la nefasta experiencia provocada por el incumplimiento de la legalidad vigente. En estas circunstancias, ocurra lo que ocurra el 21-D, y en función de los resultados, se terminará formando un nuevo gobierno de la Generalitat, que tendrá como misión responder a los problemas reales de los catalanes, al margen de buscar una salida negociada para que Catalunya se encuentre cómoda en el Estado, respetando siempre el marco de la Constitución y el Estatut. En coherencia con ello, y en cualquier caso, el gobierno Rajoy debe asumir los resultados y dar por hecho que el problema catalán (Procés) no está resuelto y que, por lo tanto, no desaparecerá de la noche a la mañana sin un acuerdo satisfactorio para todos.

Por eso, el tránsito de este renovado proceso hacia la normalidad debe conducirnos, inevitablemente, a reformar la Constitución (incluyendo el blindaje de los servicios públicos básicos y las políticas integradas en la llamada Agenda Social) y el actual Estatut, a pesar de la negativa de Mariano Rajoy y del claro desinterés que están mostrando otras formaciones políticas. Este hipotético Acuerdo de Estado (que también debería dar una respuesta satisfactoria a la financiación de todas las CCAA) tendría que ser sometido a la decisión de todos los ciudadanos españoles y, en particular, de los catalanes. Por eso, sólo cabe esperar al veredicto de las urnas, a la formación del nuevo gobierno de la Generalitat y a que, posteriormente, se imponga la política (y el sentido común) para unir, y no para dividir a los ciudadanos catalanes, en el largo camino a recorrer (por todos) hacia una sociedad más justa, tolerante y sostenible en términos políticos y sociales.