En los últimos días el Gobierno ha revisado a la baja (en tres décimas) las previsiones del PIB para el próximo año 2018, argumentando que lo hace obligado por los efectos perniciosos que tendrá el desafío secesionista en Catalunya y en el conjunto del país. El Plan presupuestario remitido a Bruselas contempla para este año un crecimiento del 3% al 3,1% y un recorte del 2,6% al 2,3% para el año 2018. Estos datos -junto al cambio de la sede social de grandes empresas- se han visto reforzados por la Autoridad Fiscal Independiente (AIREF) que estima un recorte del PIB entre el 0,4% y el 1,2% (entre 4.000 millones y más de 12.000 millones de euros). En los argumentos del gobierno no se dice absolutamente nada relacionado con la paralización de los PGE-2018, por la retirada de los apoyos del PNV al Gobierno Rajoy ante su actitud en el problema catalán. Sin embargo, todo indica que la prórroga de los PGE-2017 tendrá también consecuencias muy negativas para todos y, desde luego, para los más débiles y afectados por la crisis: menor crecimiento del PIB y menor creación de empleo, congelación de los salarios de los empleados públicos, menor gasto social (pensiones, desempleo y dependencia), deterioro de los servicios públicos (sanidad y educación), caída de los ingresos fiscales, reducción de las políticas de inversión…

La aprobación de los PGE-2018 es una responsabilidad exclusiva del gobierno y, por lo tanto, su deber es buscar una salida negociada con las fuerzas políticas en el parlamento para garantizar un crecimiento sostenible de la economía, superar definitivamente la crisis y recuperar  los derechos perdidos. El problema de Catalunya no debe ser una coartada ni una excusa válida para no hacerlo. Porque, si bien la economía lleva tres años creciendo, está mejorando ligeramente el empleo en términos cuantitativos (aunque no cualitativos) y, lo que es más importante, las empresas han  recuperado el nivel de beneficios anterior a la crisis, no es verdad que ello esté repercutiendo favorablemente en los trabajadores más débiles. Según UGT y CCOO, seguimos teniendo cerca de dos millones de ocupados menos que en 2007; la tasa de paro se sitúa en el 17,22% (casi 9 puntos por encima del año 2007); los jóvenes sin esperanza emigran en busca de un empleo; el trabajo cada vez es más precario y sin derechos; los salarios siguen estancados y pierden poder de compra; las mujeres siguen gravemente discriminadas en su trabajo: su salario es un 23% inferior al de los hombres; las prestaciones por desempleo sólo cubren a algo más de la mitad de las personas desempleadas; las pensiones siguen perdiendo poder adquisitivo; y, como consecuencia, esto tiene unos efectos sociales dramáticos: aumento de la desigualdad, de la pobreza y de la exclusión social.

Con motivo del pasado Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre), CCOO ha denunciado estos hechos y ha mostrado su alarma ante esta gravísima situación. Según Eurostat, España es uno de los países donde más ha aumentado la pobreza desde el año 2008 (es el tercer país con mayor índice de pobreza de la UE: sólo superado por Grecia y Chipre), a pesar de que la pobreza haya disminuido en la UE en un 0,3% desde el año 2.008. Por el contrario, desde esa fecha, y en España, el riesgo de pobreza ha aumentado un 4,1%, situándose en la actualidad en el 23,3%. Además, cerca del 6,4% de la población española (más de 2,9 millones de personas) viven en una situación de pobreza severa al ser los ingresos de sus hogares, por unidad de consumo, inferiores a 342 euros al mes. Lo más dramático de la situación es que en estos momentos ni siquiera tener un trabajo significa escapar de la pobreza: el 14% de las personas con empleo están por debajo del umbral de la pobreza y casi una tercera parte de los pobres (32,6%), en edad de trabajar, continúa siendo pobre a pesar de tener un trabajo remunerado.

No es extraño que los sindicatos insistan en tomar medidas drásticas para paliar esta situación. La salida de la crisis sólo será posible si los efectos derivados del crecimiento de la economía llegan al conjunto de la sociedad y particularmente a los trabajadores. Los puntos clave para conseguirlo, según UGT y CCOO, son compartidos por la mayoría de los expertos laboralistas. En primer lugar, hay que derogar las últimas reformas laborales que son las causantes de la absoluta precariedad de nuestro mercado de trabajo. Ello exige que la creación de empleo sea indefinido, estable y con derechos (erradicar lo temporalidad) y que la competitividad de las empresas no se  anteponga a los derechos fundamentales de los trabajadores y, en concreto, a los salarios, a la salud laboral, la discriminación de género y el respeto a la libertad sindical.

En segundo lugar, poner en marcha un Plan de Choque por el empleo, con la pretensión de ofrecer oportunidades de empleo a los parados de larga duración y a los desempleados mayores de 55 años. Es también urgente y prioritario frenar la fuga de talentos y la pérdida de recursos humanos y poner a trabajar con dignidad y derechos a toda una generación de jóvenes en paro, con contratos sumamente precarios y salarios de miseria, lo que hace materialmente imposible que los jóvenes constituyan una familia y visualicen su futuro a partir de una carrera profesional estable.

En tercer lugar, recuperar el equilibrio de fuerzas en torno a la negociación colectiva, con el propósito de mejorar  el contenido de los convenios en asuntos relacionados con el empleo, la contratación, la ultractividad, los salarios, la salud laboral y las condiciones de trabajo. Ello requiere reforzar la articulación de los convenios sectoriales y fortalecer su primacía sobre los convenios de empresa.

Los sindicatos exigen también recuperar el Estatuto Básico del Empleado  Público y el consiguiente derecho a la negociación colectiva en las administraciones públicas. Debemos recordar que los empleados públicos han sufrido particularmente los efectos de la crisis y que esto exige recuperar las plantillas, el poder adquisitivo de sus retribuciones y los derechos perdidos para mejorar la eficacia de los servicios públicos.

Además, es urgente reformar el sistema de prestación por desempleo para cubrir las necesidades más elementales de los trabajadores mayores expulsados del mercado de trabajo, sobre todo de los que carecen de capacidad para alcanzar una pensión digna. En este mismo sentido, el gobierno debe abordar la puesta en marcha de la Prestación de Ingresos Mínimos, propuesta por los sindicatos y aprobada por el parlamento, para sacar de la miseria a más de 600.000 familias.

Otro asunto fundamental se refiere a la necesidad de garantizar por ley la igualdad salarial entre hombres y mujeres que cierre definitivamente la brecha salarial de género. En este mismo sentido los sindicatos exigen el incremento del SMI hasta los 1.000 euros, a finales de esta legislatura, de acuerdo con lo que establece la Carta social Europea (60% del salario medio de cada país).

Particularmente preocupa mucho a los jóvenes el futuro de sus pensiones, así como a los pensionistas actuales la pérdida sistemática de su poder adquisitivo y el copago farmacéutico. Por eso, los sindicatos exigen garantizar la sostenibilidad del Sistema  (lo que requiere abordar a fondo el capítulo de los ingresos a la Seguridad Social) y, a corto plazo, derogar la reforma unilateral de las pensiones aprobadas en el año 2013.

Estos puntos requieren un soporte económico que, lógicamente, tiene mucho que ver con la imperiosa necesidad de abordar una reforma fiscal en profundidad: aumento de los ingresos y mejor reparto de la riqueza. Los sindicatos exigen que paguen más los que más tienen y que mejore la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, al margen de erradicar los paraísos fiscales, recuperar impuestos y establecer un impuesto a las transacciones financieras.

Finalmente, otros asuntos tienen relación con los servicios públicos de calidad bien gestionados (sanidad y educación), el cambio de nuestro modelo productivo, la política industrial, la dimensión de nuestras empresas (atomización), la investigación e innovación tecnológica y la corrección de los efectos del cambio climático.

Estas reivindicaciones tienen relación directa con la salida de la crisis y la recuperación de los derechos perdidos. Son reivindicaciones justas y posibles en términos económicos y sociales. Por eso, la pregunta que se hace mucha gente es cómo estas  reivindicaciones no merecen una movilización sostenida de la mayoría de la ciudadanía en defensa de sus intereses. Es más, llama mucho la atención la fuerte capacidad de movilización de la ciudadanía catalana en busca de la secesión y, por el contrario, su pasiva aceptación, en su momento, de las medidas relacionadas con las políticas de austeridad y ajuste impuestas por el Gobierno de la Generalitat encabezado por la antigua Convergencia. Lo mismo podemos manifestar en cuanto a la tímida reacción de la ciudadanía en el conjunto del país, ante las medidas de austeridad del gobierno Rajoy (y anteriormente de Zapatero), sobre todo cuando  en la actualidad muchos ciudadanos están secundando sin ningún problema (incluso con entusiasmo) la exhibición de banderas y símbolos, así como las políticas claramente anti catalanistas. Incluso, algunos están defendiendo visceralmente el boicot a los productos catalanes, en un mundo globalizado, aún siendo muy competitivos en calidad y precio.

En este mismo sentido, también los medios de comunicación están teniendo un gran protagonismo en este contexto. La ciudadanía está cansada de tantas noticias (y de tanta información interesada) sobre el problema catalán, sobre todo cuando se escribe tan poco sobre las políticas económicas y sociales y mucho menos sobre el reparto de la riqueza (redistribución) y el sufrimiento de tantas personas.

Es hora, por lo tanto, de revisar nuestras prioridades y de que impere el sentido común y las políticas de clase sobre las políticas identitarias en una legislatura que corre el riesgo de resultar fallida. En cualquier caso, el Gobierno debe asumir la responsabilidad que le corresponde en la defensa de la Constitución, la superación de la actual incertidumbre, la regeneración democrática (corrupción) y, sobre todo, en la lucha por la igualdad y la solidaridad de todos los españoles (comenzando por los PGE-2.018); porque, de no hacerlo, se abre un nuevo escenario donde puede prevalecer el interés electoral del PP y, por lo tanto, el adelanto de las elecciones generales. Por su parte, a la izquierda y a los sindicatos les corresponde hacer pedagogía política y movilizar a los ciudadanos en defensa de la Unidad de clase y, en particular, de la igualdad de las personas más vulnerables, a pesar de las lamentables diferencias entre el PSOE y Podemos -con motivo del problema catalán- que, seguramente, harán más difícil el restablecimiento de futuras alianzas. No lo olvidemos…, no sólo en Catalunya existen problemas.