Desde hace meses, y particularmente en los últimos días, el referéndum de Catalunya del próximo día 1 de octubre viene apareciendo de manera amplia y recurrente en todos los medios de comunicación y redes sociales. La proliferación de estos medios y, todo hay que decirlo, su gran despliegue -apoyando muy mayoritariamente a la legalidad vigente-, está dando margen para recoger opiniones de distinta índole sobre este importante asunto que, sin lugar a dudas, preocupa mucho a la ciudadanía.

Los últimos enfrentamientos que se han producido entre la Generalitat y los diversos poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) han culminado con duras actuaciones de los poderes del Estado: detención de 14 altos cargos, registro de oficinas de la Generalitat, fuertes multas a los miembros de la Sindicatura Electoral… Esta circunstancia, y la publicación de un Manifiesto suscrito por personas relevantes ligadas al mundo del trabajo, donde se refleja su fuerte compromiso de clase, justifican esta tribuna que tiene la pretensión de abordar ecuánimemente un asunto delicado, complejo, controvertido y lleno de matices. En todo caso, lo primero que tenemos que recordar es que la Generalitat de Catalunya emana del Estatuto de Autonomía y éste de la Constitución y que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución. En coherencia con ello, el presidente de la Generalitat representa el poder del Estado en su territorio. Por eso resulta criticable y no sujetas a derecho las graves trasgresiones del Orden Constitucional y del Estatuto de Catalunya.

El Manifiesto presentado en Barcelona, el pasado día 21 (manifest21s.com), se titula “Por la unidad y la solidaridad de la clase trabajadora. No a la Independencia. No a la secesión de Catalunya. No al 1 de Octubre”. Las personas firmantes de este Manifiesto denuncian sin ambages que la independencia de Catalunya debilitaría gravemente la cohesión y la fuerza de la clase trabajadora. Señalan que la secesión podría poner en grave riesgo la fuerte integración social conseguida a lo largo de muchos años y que, además, dificultaría seriamente la relación de Catalunya con el resto de España, así como con el proyecto histórico que representa la UE. También frenaría considerablemente la lucha sindical y sociopolítica encaminada a resolver los problemas reales que preocupan a millones de ciudadanos golpeados por una gestión de la crisis radicalmente neoliberal: el desempleo, la precariedad, los salarios de pobreza, la desprotección social, el fraude fiscal y el deterioro de los servicios públicos: educación, sanidad, servicios sociales, vivienda pública…

Los firmantes valoran muy positivamente los estrechos lazos, forjados a través de nuestra dilatada historia, que unen a la clase trabajadora de Catalunya con la del resto de España. Al remitirse al pasado siglo, los autores del Manifiesto se refieren a la defensa conjunta de la II República frente al golpe militar fascista del 18 de julio de 1936, la lucha contra la brutal dictadura franquista, la construcción de nuestra actual democracia, la modélica integración de los miles y miles de migrantes llegados desde todos los pueblos de España y, finalmente, la lucha por defender la dignidad del trabajo en las empresas, así como la decisiva participación de todos los trabajadores en el auge económico y social y, como consecuencia, en la prosperidad de Catalunya.

La identidad de clase así construida, frente a la política de la derecha española, aliada hasta hace poco tiempo con la derecha nacionalista catalana, exige y obliga a los firmantes a hacer frente, de una vez por todas, a nuevos intentos de división que sólo nos anuncian nuevas derrotas de clase. En este sentido proponen actualizar nuestro ordenamiento jurídico y acometer las reformas estructurales, territoriales y de distribución de competencias, que dejen satisfechas las aspiraciones y deseos legítimos de la ciudadanía catalana. Esta propuesta requiere asumir el protagonismo de la política con mayúscula y practicar una negociación sincera y constructiva- respetando siempre la legalidad constitucional-, que acaben con el enfrentamiento entre Catalunya y España, profundicen en los derechos democráticos y sociales, en la centralidad del trabajo, en una salida progresista de la crisis y en el máximo autogobierno posible.

En cualquier caso, las razones esgrimidas y los graves hechos que se vienen sucediendo en los últimos días nos indican que, previsiblemente, en el día 1 de octubre los independentistas no alcanzarán sus propósitos y que, por lo tanto, se preservará el Estado de Derecho y el actual ordenamiento constitucional. No obstante, esta aseveración no puede dar por resuelto el problema, ni muchísimo menos. Simplemente porque nadie puede desconocer que hay un fuerte sentimiento emotivo y emocional en muchos catalanes (sustentado en su simbología), que mantendrán su aspiración de proclamar la República de Catalunya, al margen del Estado, y que también muchos nacionalistas (y no nacionalistas) seguirán exigiendo el derecho a decidir, mayores cotas de autogobierno y, por supuesto, más ingresos fiscales (Pacto Fiscal) para superar lo que ellos llaman el agravio comparativo.

El gobierno del PP (con Mariano Rajoy a la cabeza) no puede desconocer esta realidad y, por lo tanto, el próximo día 2 debe abandonar su absurda pasividad e indolencia (cuando no incompetencia) y también el recurso sistemático a la justicia y, en los últimos días, al orden público. En coherencia con ello debe variar sustancialmente su estrategia sin renunciar en absoluto a mantener la Unidad del Estado. La alternativa a esta actitud debe garantizar el protagonismo de la política y el ejercicio de un profundo diálogo (sin chantajes) encaminado a conseguir que Catalunya se encuentre cómoda en España y por añadidura en la UE. Ese hipotético Acuerdo es el que se debería votar en Catalunya y también en el resto del país con todas las garantías precisas de legalidad. El proceso culminaría con la reforma de la Constitución y del Estatuto de Autonomía en el camino abierto hacia un Estado Federal. No en un Estado Confederal, como ha propuesto recientemente el PNV.

El dotar de contenido a esta genérica propuesta es responsabilidad de todos y, de manera especial, lo debe ser de la izquierda. En este sentido, el PSOE se encuentra en inmejorables condiciones para avanzar por este camino al haber recuperado la centralidad política en el actual conflicto de Catalunya y contar con un partido (PSC) vertebrado y presente en todo el territorio, a lo que debemos sumar un número importante de alcaldes comprometidos en una solución pactada del conflicto. No es el caso de Podemos, que puede sufrir las consecuencias de su posicionamiento (en el Estado), al no ser comprendida por muchos su política ambigua e equidistante en la defensa de la legalidad vigente y su pretensión de extender las movilizaciones al conjunto del país, con declaraciones lamentables como, por ejemplo, que “en España hay presos políticos”. En dirección opuesta vienen actuando el PP y Ciudadanos en su afán por obtener réditos electorales en el conjunto del Estado, a costa de confrontar visceralmente con la Generalitat, obviando la negociación y las aspiraciones  nacionalistas.

Los puntos concretos que pueden ser susceptibles de ser abordados se refieren, de entrada, a dos competencias de máxima importancia: la educación y la cultura. En segundo lugar a la defensa de la lengua catalana y a su leal cohabitación con la lengua española. En tercer lugar se debe estudiar el blindaje de algunas competencias, tal como vienen reivindicando, desde hace años, la Generalitat y el Gobierno Vasco, dejando al margen las competencias exclusivas del Estado (art. 150.2. CE). En cuarto lugar se debe analizar a fondo las inversiones públicas en infraestructuras del Estado (viarias y ferroviarias) y, en particular, acelerar el corredor del Mediterráneo reivindicado con suficientes argumentos por varias CCAA, además de Catalunya. Finalmente, hay que estudiar la financiación territorial y los ingresos fiscales de todas las CCAA (por lo tanto también de Catalunya). En este importante punto estará presente, cuando menos en términos dialécticos, el Concierto Económico Vasco, la negociación del Cupo y, desde luego, la potencial asimetría entre CCAA que, debemos recordar, sólo se podrá corregir o aminorar si se dota de más medios económicos al Fondo de Compensación Territorial, que tiene como fundamento el mantener el principio de solidaridad con las CCAA más desfavorecidas.

Estos asuntos representan sólo una muestra de los que pueden ser tratados a fondo en una negociación. Por eso, todos los politólogos coinciden en que sería un grave error político que el Gobierno siga manteniendo el actual pulso político y la judicialización del conflicto. Y, también, todos coinciden en que no cumplir la legalidad por parte de la Generalitat (mantener la consulta y las movilizaciones o declarar la independencia después del 1 de octubre) sería desastrosa, en primer lugar para Catalunya, pero también para España, lo que exige a todos empezar a trabajar desde ahora mismo y sin demora para conseguir una salida negociada al conflicto.

Una última consideración tiene relación con los previsibles daños colaterales del conflicto, aunque habrá tiempo para analizar los efectos de este enfrentamiento. En todo caso, y en primer lugar, estamos a la espera de que se pronuncie definitivamente el PNV en relación a su apoyo a los PGE-2.018. En segundo lugar debemos reflexionar a fondo sobre la sostenibilidad del gobierno Rajoy, muy afectado directamente por la corrupción y por su actitud en el asunto catalán, lo que justifica su preocupación por la posible pérdida de apoyos en el parlamento y entre sus electores. En tercer lugar hay que hacer un análisis sosegado y profundo del estado actual de las relaciones en el seno de la izquierda (PSOE-Podemos), que se pueden ver muy desfavorablemente afectadas por las notables diferencias sobre Catalunya. Y, por último, debemos reflexionar sobre las posibles repercusiones que pudiera tener la torpe gestión del problema catalán ante un hipotético adelanto electoral (que no deberíamos descartar), tanto en Catalunya como también en el conjunto del Estado, en  busca de una nueva relación de fuerzas y de unos nuevos interlocutores políticos. Esperar y ver.