La situación política española que tiene como causa la disolución de las Cortes Generales por no haberse podido investir un nuevo Presidente del Gobierno, está provocando curiosos efectos colaterales que pueden llegar a tener incidencia en los propios resultados del próximo 10 de noviembre.
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En la entrevista concedida a la Cadena SER el 1 de octubre el Presidente Sánchez respondió con claridad y firmeza a la pregunta que indagaba sobre si el Gobierno en funciones puede solicitar de la Diputación Permanente la adopción en una Comunidad Autónoma de las medidas previstas en el artículo 155. La respuesta rápida del Presidente del Gobierno denota que está bien asesorado pues tenía bien pensado un asunto que ofrece indudable complejidad en el Derecho constitucional español.
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Si leemos a los principales creadores de opinión de este país (Cadena SER, El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia) pensaríamos que ha caído sobre España un nuevo 1898. El pesimismo y la depresión que produjo la pérdida de las colonias ha llegado otra vez por la incapacidad de los “políticos” de entenderse, por su egoísmo ante unos ciudadanos inermes y pasivos que “no se merecen” este trato.
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El comunicado de la Casa Real del 17 de septiembre y la subsiguiente comparecencia de Pedro Sánchez nos vienen a mostrar que con la actual composición del Congreso de los Diputados no hay mayoría suficiente para otorgar la investidura a ningún candidato y habrá que celebrar nuevas elecciones.
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En ciertos medios de la izquierda se ha asentado la idea de que la mejor salida para España es la formación de un Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas – Podemos. Adicionalmente, esos mismos medios de la izquierda reprochan a Pedro Sánchez (no a Iglesias Turrión) la responsabilidad de no formarlo. La intervención de Josep Ramoneda en la tertulia matinal de la SER del día 10 de septiembre es un ejemplo de esa aspiración.
Lee masCuando faltan pocas semanas para la disolución automática de las Cortes Generales en el caso de que el Congreso de los Diputados no llegue a investir a un Presidente del Gobierno, una parte de la opinión pública sigue teniendo como punto de referencia la propuesta de Gobierno de coalición que sigue ofreciendo Unidas – Podemos como se ve por la propuesta que presentó su Grupo Parlamentario a mediados de agosto, documento que es revelador no por su contenido (que repite muchos puntos de lo que en su día propuso el PSOE) sino por la propuesta de cuatro tipos de Gobierno de coalición.
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En el artículo anterior de esta serie señalábamos la reforma de la Ley Electoral como vía más rápida que la reforma constitucional para salir del impasse de gobernabilidad provocado por el cambio del sistema de partidos, cambio que no ha podido asumir una Constitución que estaba pensada para un bipartidismo imperfecto.
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Veíamos la semana pasada que la vía más rotunda para alcanzar la gobernabilidad puede ser la reforma de la Constitución, concretamente del artículo 99. Reforma a la que se ha referido el Presidente del Gobierno a lo largo del debate de investidura.
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Al renunciar a formar parte como Ministro de un eventual Gobierno de coalición, Iglesias Turrión reivindicó su derecho a proponer sin exclusiones los nombres de otros posible Ministros.
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La gobernabilidad, aunque no lo diga expresamente la Constitución, es un valor constitucional que está al servicio del principio democrático. Si nos fijamos en la dimensión estructural del principio democrático, veremos que éste, en el sistema político español, se expresa a través del carácter parlamentario de ese sistema político (artículo 1.3 la Constitución: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”). Por eso debe examinarse la conexión entre la gobernabilidad, el principio democrático y el sistema parlamentario.
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