¿Hay una operación judicial contra el PSOE y contra el Gobierno? En los últimos días, el Presidente del Gobierno, algunos ministros, como Óscar Puente y Óscar López, y también ciertos dirigentes del PSOE se han referido a determinados comportamientos judiciales y policiales (de la Policía Judicial, que está a las órdenes del Poder Judicial) que parecen expresar un trato desigual hacia el PSOE en relación con el Partido Popular y también una actitud indagatoria que da una imagen harto negativa del principal partido del Gobierno. El Presidente del Gobierno se ha referido a la diferencia de trato entre José Luis Rodríguez Zapatero y Cristóbal Montoro, y entre su hermano y la hermana del Presidente de Andalucía, así como a cómo el juez competente ha archivado la denuncia por la extorsión que sufrió su esposa por parte de Vito Quiles (¿Qué habría pasado si un energúmeno hubiera molestado a Ana Botella o a Elvira Fernández? Como poco, habría acabado en una comisaría de policía).

No podemos olvidar la acumulación de actuaciones judiciales contra la familia del Presidente (su esposa y su hermano), contra el Fiscal General del Estado, contra el Presidente Rodríguez Zapatero, actuaciones que coinciden con comportamientos reprobables como los de Cerdán, Ábalos y Koldo García, de los que se han desmarcado convincentemente tanto el PSOE como el Gobierno. Ese es el primer punto a aclarar. De la misma manera que Roldán no representaba la corrupción en el Gobierno de Felipe González, Cerdán, Ábalos y Koldo García no representan la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez, sino la maldad de la naturaleza humana que emerge en todos los partidos y en todos los gobiernos.

Pero si en todos los tiempos y en todos los gobiernos hay casos de corrupción, en ningún tiempo y en ningún gobierno ha habido casos como los que vivimos ahora, donde se está juzgando al hermano del Presidente del Gobierno y se imputa a la esposa de este y a su asistente, y donde se condena al Fiscal General del Estado, siempre por delitos evanescentes, sin víctimas o no probados. Además, hay otras dos características de estas actuaciones judiciales que llaman mucho la atención. Por una parte, estos casos han sido denunciados por la acusación popular a cargo de una miríada de asociaciones de extrema derecha o bien, en el caso del Fiscal General del Estado, por el Colegio de Abogados de Madrid, al que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha agradecido con hechos tan sorprendentes una intrusión en la política. En segundo lugar, en todas estas denuncias vemos el entusiasmo y rigor acusatorio de la Policía Judicial de la Guardia Civil (UCO), que va acompañado, en las vistas judiciales que conocemos hasta ahora, de un excesivo ejercicio de inferencias que sustituye a las evidencias inexistentes. Así lo vimos en la vista contra el Fiscal General del Estado y lo acabamos de ver en la vista contra David Sánchez (véase, por ejemplo, Santiago Manchado: “La UCO sugiere sin pruebas una ‘influencia superior’ en la creación de la plaza que ganó David Sánchez”, eldiario.es, 3 de junio de 2026): igual que en el Derecho Penal está prohibida la analogía, las inferencias en el juicio penal solo se pueden presentar con muchas precauciones y nunca para apoyar una acusación, porque el acusado queda indefenso, pues nadie puede defenderse de lo que no son hechos objetivos y tangibles.

Como señalábamos la semana pasada, llueve sobre mojado: juicio de los ERE de Andalucía, donde se condena a miembros del Gobierno autonómico por leyes aprobadas por el Parlamento; condena a García Ortiz sin apoyarse en hechos probados, sino en inferencias de la UCO; acusación contra la esposa del Presidente y su asistente en base a recortes de prensa que, en todo caso, no especifican quién ha salido perjudicado; juicio contra el hermano acusado por un grupo de asociaciones de extrema derecha; anulación por el Tribunal Supremo de nombramientos del Gobierno con sentencias muy discutibles que fuerzan la ley; nula reacción del Consejo General del Poder Judicial ante la guerra de los jueces contra la Ley de Amnistía, cuya aplicación boicotean y contra la que se manifiestan revestidos de toga y se declaran en huelga. Y, como guinda, la imputación del Presidente Rodríguez Zapatero por comportamientos que no deben ser muy diferentes de lo que han hecho algunos de sus predecesores.

Es cierto que el PSOE, como todos los partidos, ha sufrido episodios de corrupción de algunos de sus militantes, pero la lógica y necesaria persecución contra estas tramas corruptas no debe confundirse con tantos otros episodios de simple utilización judicial de la legislación penal para intentar doblegar al Presidente y al Gobierno. ¿Es todo esto una imaginación de Pedro Sánchez y del PSOE?

Recordemos dos datos. Primer dato: la derecha española no es una derecha democrática, sino que históricamente ha utilizado medios legítimos e ilegítimos para desbancar a la izquierda. Lo intentó contra Felipe González en su última legislatura (Anson dixit), aunque algunos lo han olvidado; compró a dos diputados de la Asamblea de Madrid para impedir que Rafael Simancas gobernara; procuró desestabilizar al Gobierno durante la epidemia de coronavirus y, a partir de las elecciones de 2023, cuando Núñez Feijóo se veía en La Moncloa, ha acentuado la guerra sorda a través del Poder Judicial. Porque el problema no es que un partido, en este caso el Partido Popular, intente desestabilizar ilegítimamente al Gobierno, sino que hay un conglomerado de intereses, personas y grupos empresariales, mediáticos y judiciales que han apostado contra la permanencia del Gobierno del Presidente Sánchez y, ante la imposibilidad de derribarlo por vías parlamentarias, han decidido utilizar medios judiciales que, por un lado, desestabilizan personalmente al Presidente (persecución a su familia) y, por otro, suponen un linchamiento del PSOE ante la opinión pública.

Esa operación lleva varios años en marcha, como hemos apuntado en esta sección hace mucho tiempo, pero la novedad de los últimos tiempos es la implicación de dos nuevos actores que son la Embajada de Trump, como sospechábamos muchos y corrobora Enric Juliana en La Vanguardia, y, en segundo lugar, el ala más conservadora de la Iglesia, cuyo presidente, el arzobispo Argüello, ya ha realizado dos declaraciones (en La Vanguardia y en la 129.ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal) para salir a la palestra contra el Gobierno sin disimulo ni temores. Mientras tanto, el ala menos conservadora de la Conferencia Episcopal guarda silencio y no parece tener fuerzas o ganas de frenar la deriva ultraderechista de Argüello.

Que tiene que haber un Estado Mayor de la operación, pocos lo dudan. Que Núñez Feijóo dificulta la operación por su insistencia en pedir elecciones (ha dejado de ser un pedigüeño para convertirse en un mendigo) y por su poca autoridad, tampoco ofrece muchas dudas. Y que hay acuerdo entre esas derechas políticas, sociológicas y económicas para admitir a Vox en el juego, tampoco lo niega nadie.

Por eso, el Gobierno no tiene otra opción que resistir, porque la agenda judicial, cuidadosamente preparada, no incita a acudir a una campaña electoral. Es posible que la presión judicial se acreciente con casos que aún no sospechamos y que las asociaciones de extrema derecha estén preparando nuevas querellas, pero hace falta que baje la presión en la opinión pública, a sabiendas de que los vientos (como en Colombia, Argentina, Ecuador y Chile, y, en menor medida, en Francia, Reino Unido y Alemania) no favorecen a los partidos de izquierda. Y si tanto molesta al PNV y a Junts la situación, que voten la moción de censura que les implora el Partido Popular.