Que una unidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado investigue a su jefe superior y a la Directora General del ramo, no es una noticia que aflora todos los días. Que un Tribunal, en última fase de una vista, admita un nuevo delito contra el acusado sin que éste pueda defenderse de la nueva acusación, tampoco es una noticia que salte todos los días a la opinión pública. Que un Magistrado instructor dicte resoluciones contradictorias en asuntos de cierta semejanza, tampoco es habitual (véase Daniel Valverde Ríos: “que este auto del juez Calama no se parece a los suyos”, Info Libre, 5 de junio de 2026).

Aunque voces exquisitas de medios de comunicación progresistas no se conforman con la explicación de la conspiración, lo cierto es que España está hoy en medio de una tormenta bien diseñada para derribar al Gobierno, donde ciertos sectores del Poder Judicial y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están colaborando de manera consciente y activa. Y no ayuda nada que algunos francotiradores sin especiales conocimientos del Estado pretendan por su cuenta liberar al Gobierno y al PSOE de sus enemigos, a los que no se combate con ridículas conspiraciones.

El tema, y lo decimos una semana sí y otra también, es la utilización del Poder Judicial para abatir al Gobierno. Ese es el primer problema de la España democrática. La derecha lo inició con Demetrio Madrid y no ha acabado, pero ahora todo es mucho más refinado, implicando a todos los niveles, desde Jueces de instrucción hasta el Tribunal Supremo. Con cuatro objetivos: desestabilizar personalmente al Presidente del Gobierno, desprestigiar al PSOE como si fuera un partido de corruptos, castigar a figuras prominentes del Gobierno, como García Ortiz, y, en el área contencioso-administrativo, anular actos y nombramientos para dificultar la gobernabilidad.

Lo novedoso de los últimos tiempos es que se han sumado con entusiasmo ciertos sectores de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Visto con frialdad, el fenómeno no ha de extrañar. La Policía Judicial, en el Estado democrático, es un fenómeno extraño pues está adscrita a los correspondientes Ministerios del Interior pero funcionalmente está a las órdenes de otro Poder, el Judicial. Toda persona que conozca cómo funciona la burocracia sabe que no hay nada más peligroso y más descontrolado que un colectivo que depende de dos órganos: ninguno de los dos órganos lo controlará. Es lo que pasa ya en España donde la Policía Judicial disfruta de facto de una autonomía muy difícil de reconducir.

Y no es sólo en asuntos políticos, pues se dice que hay unidades de Policía Judicial en todo el mundo que investigan conforme a sus intereses corporativos para aparecer ante la opinión pública como los autores de grandes éxitos frente a la delincuencia. Si es un fenómeno extendido en Europa, España quizá no se libre de este problema. Y si confluye esa actitud con un Juez o Tribunal con ganas de hacer oposición al Gobierno, miel sobre hojuelas.

Por eso debemos reflexionar sobre la posición y las funciones de la Policía Judicial en el Estado democrático, y de qué manera podemos evitar que se convierta en un Estado dentro del Estado, con sus intereses y sus reglas propias. No es fácil el tema porque el Poder Judicial que instruye los asuntos penales (mientras no lo haga el Ministerio Fiscal) necesita una Policía, pero no todos los Jueces son capaces de controlar a su Policía y a veces ocurre lo contrario.

Pero tampoco puede haber compartimentos estatales inmunes al control democrático. Un objetivo interesante para la próxima legislatura y un motivo adicional para que vuelva a ganar la izquierda.