Los pactos entre el Partido Popular y Vox para formar Gobierno en Extremadura y en Aragón (y, dentro de poco tiempo, en Castilla y León) han sido muy esclarecedores para atisbar cómo puede ser la política en España en los próximos tiempos. Muchas personas con sensibilidad democrática se han preocupado por el lema y el objetivo de la “prioridad nacional” como factor poco humanitario y discriminador de seres humanos que han huido de la guerra, de la pobreza y de la explotación, pero, además de la carga moral que conlleva esa vocación discriminadora (similar a la segregación racial de Estados Unidos y a la persecución actual de Trump), lo más revelador es cómo el Partido Popular se ha entregado a Vox.

A la hora de repartir las responsabilidades de Gobierno, a Vox solo le corresponderán los cargos que podría exigir en proporción a sus escaños, de modo que, visto desde fuera, se puede hablar de Gobiernos mayoritariamente populares en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Pero, bajo esa apariencia, hay una realidad mucho más sorprendente: Gobiernos de Vox con traje del Partido Popular. En todos los puntos que forman el arquitrabe ideológico de la extrema derecha (inmigración, memoria de la dictadura, aborto, eutanasia, política sindical), los Gobiernos populares van a obedecer a los mandatos (expresos o latentes, tanto da) de Vox. Ese será el dato distintivo de esos Gobiernos de coalición. Además, hay muchas materias relacionadas con los servicios públicos y con los derechos y libertades donde derecha tradicional y extrema derecha apenas se diferencian, de modo que no hace falta que el Partido Popular se pliegue a Vox porque ambos piensan de manera muy similar. El punto más conflictivo, que no sabemos cómo se resolverá, quizá sea la ordenación territorial del Estado, pues Vox no ha cambiado la concepción centralizadora de Calvo Sotelo (José, no Leopoldo) y el Partido Popular se ha convertido de facto en un partido tan nacionalista como Junts o el PNV, y hace años que defiende una hiperautonomía regional cuando el Estado está gobernado por la izquierda. ¿Veremos a Vox reivindicar el Estado autonómico, el de la España rota frente al Gobierno de la España roja?

La entrega del Partido Popular a Vox es significativa por tres razones:

En primer lugar, a diferencia de la negociación del año 2023, en la de 2026 se ha implicado la dirección nacional. No es que los dirigentes regionales hayan marginado el programa nacional por la lógica urgencia de alcanzar el Gobierno. Es que Núñez Feijóo y toda la dirección nacional del Partido Popular han aceptado el programa ultra de Vox porque, en el fondo, no lo ven tan alejado (véase Xavier Vidal-Folch: “Feijóo es la ultraderecha”, El País, 19 de abril de 2026).

En segundo lugar, porque demuestra la debilidad del presidente popular. Un presidente fuerte hubiera impuesto más condiciones y fijado más límites a Vox, pero Núñez Feijóo es un dirigente muy débil que se pliega a todos los que le dan órdenes porque teme perder posiciones.

Y, en tercer lugar, porque, como han dicho algunos comentaristas, a diferencia de los aliados del PSOE en el Congreso, el aliado del Partido Popular quiere desplazarle y rebasarle en votos y escaños. Si, ante un adversario de esa clase, un partido se pliega a esas imposiciones, está perdido porque tiene todas las de perder, pues está legitimando ante sus electores el programa del partido competidor. Los electores de derechas se preguntarán cuál es el programa propio del Partido Popular… programa cada vez más difuminado.

Todo ello nos lleva a una consideración. Según El Mundo del 19 de abril, “El PP ve ‘inevitable’ que el pacto a la extremeña se repita en las generales”. Más clara no puede ser la noticia. Si en 2027 el Partido Popular ganase sin mayoría absoluta (mayoría absoluta prácticamente imposible para ningún partido), formaría Gobierno con Vox y aceptaría las imposiciones de todo tipo de la extrema derecha. La conclusión es evidente: tras las próximas elecciones de 2027 o gobierna Pedro Sánchez o gobierna Santiago Abascal. Abascal no sería presidente del Gobierno de iure, pero lo sería de facto e impondría su programa a un Partido Popular timorato y atemorizado, como ya lo es en Extremadura y en Aragón. Que nadie se lleve a engaño: todos los desencantados del PSOE (en realidad, un grupo pequeño que accede a la prensa) que aprovechan ciertas ocasiones para criticar al Gobierno están trabajando para Vox.

Ante esta situación, no es de extrañar que empiece a haber movimientos telúricos dentro del Partido Popular. Lo sugería Lucía Méndez en El Mundo del 26 de abril:

“Pedro Sánchez tiene una posición clara, nítida y con eco mundial, y nadie sabe cuál es la posición de Feijóo, que aspira a ser presidente. No tiene política propia. Y, para colmo, los pactos con Vox le han desdibujado”.

¿Cuántos dirigentes del Partido Popular, cuántos empresarios, cuántos miembros del Estado Mayor antigubernamental (mediático, económico, judicial) piensan así? Hay ejemplos en otros países donde los partidos tradicionales se están hundiendo por la mala gestión de sus dirigentes, como ocurre en el Reino Unido, donde los conservadores se están hundiendo ante la extrema derecha de Reform (por competir con esta) y donde Starmer está empujando hacia abajo al Labour por sus errores y su ambigüedad. Los partidos tradicionales británicos tienen gran experiencia en desembarazarse de sus dirigentes cuando son una rémora, y quizá lo vuelvan a hacer pronto, tras las próximas elecciones municipales. ¿Lo hará el Partido Popular ante un dirigente mediocre, ambiguo y, sobre todo, entregado a Vox?