La equidad social está aumentando en una España, donde el crecimiento económico no se ha limitado a los indicadores macroeconómicos, sino que también está tenido un impacto positivo en la calidad de vida de la gente, porque hay mejores empleos, crecen más los salarios, y se han incrementado las políticas de protección y bienestar social para aquellos ciudadanos que las necesitan.

En España, por ahora, y debido al voto que los ciudadanos depositaron en las urnas, tenemos un gobierno que, con dificultades que no hay que negar, continua con su objetivo de crecimiento y equidad. Se están consiguiendo muchas cosas, pero hay que acelerar ante las embestidas reaccionarias que están extendiéndose por el mundo.

Uno de esos ámbitos de mejora está en las carencias materiales y sociales severas que padecen todavía un número muy apreciable de españoles a pesar de haberse reducido en los últimos años en 2,4 puntos porcentuales, desde el 10,7 por ciento, en el año 2014, al 8,3 por ciento en 2024. Esto significa, más de 1,1 millones de españoles menos en carencia material y social severa.

Este indicador mide una dimensión de la pobreza que no solo depende de los ingresos, sino también de las condiciones de vida y la capacidad de acceso a bienes esenciales.

Una persona se encuentra en esta situación si no puede permitirse al menos 7 de los 13 ítems siguientes: gastos inesperados; una semana de vacaciones al año fuera del hogar; comer carne, pescado o equivalente vegetariano al menos cada dos días; mantener la vivienda a una temperatura adecuada; pagar a tiempo el alquiler, la hipoteca o facturas esenciales (agua, electricidad, gas, etc.); tener un coche; sustituir muebles desgastados o rotos; reemplazar ropa gastada con otra nueva; tener dos pares de zapatos adecuados (incluyendo un par de invierno);reunirse con amigos o familiares al menos una vez al mes; participar regularmente en actividades de ocio pagadas (cine, deporte, conciertos, etc.); tener acceso a Internet en casa; tener dinero suficiente para pequeños gastos personales cada semana.

Para continuar avanzando es preciso conocer la realidad para seguir cambiándola. Así:

  • Un 33,4 por ciento de la población no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. Aunque esta cifra ha disminuido en 14,6 puntos porcentuales desde 2013, cuando alcanzaba al 48 por ciento de la población, continúa siendo preocupante que, en 2024, esta carencia afecte a 16.298.490 personas en un país que, paradójicamente, es una de las mayores potencias turísticas del mundo.
  • Un 6,1 por ciento de los ciudadanos no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 146.394 personas menos que en 2023. Aunque este porcentaje ha disminuido respecto al 6,4 por ciento registrado en 2023, la tendencia a lo largo de las últimas décadas ha sido ascendente, desde el 2,1 por ciento del año 2009 al nivel actual.
  • Un 17,6 por ciento no puede permitirse mantener la vivienda con la temperatura adecuada. Es decir, 1.512.734 personas menos que en el año 2023. Pero de nuevo, aunque este porcentaje ha descendido respecto al 20,7 por ciento registrado en 2023, la tendencia a lo largo de las últimas décadas ha sido ascendente, pasando del 5,9 por ciento en 2008 al nivel actual. Este dato refleja la persistencia de pobreza energética, un problema que afecta especialmente a los hogares con menores ingresos y que se agrava en periodos de crisis económica o por el aumento del coste de la energía.
  • Un 35,8 por ciento de la población no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Aunque se ha producido una disminución de 6,8 puntos porcentuales desde 2014, cuando alcanzaba el 42,6 por ciento, sigue afectando a casi diecisiete millones y medio de personas. Esta falta de margen económico refleja una vulnerabilidad financiera significativa, que puede generar inestabilidad y sufrimiento en los hogares ante cualquier problema cotidiano.
  • Cinco millones setecientas mil personas han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con su vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.), en los últimos doce meses, lo que equivale al 12 por ciento de la población. Este dato pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad económica de muchos hogares, donde el acceso a una vivienda estable y asequible se ve comprometido por la incapacidad de afrontar los pagos básicos, ante el aumento de los costes de la vida.
  • Un 5,3 por ciento no puede permitirse disponer de un automóvil. Es decir, 2.586.287 personas. 0,9 puntos porcentuales menos que el porcentaje más alto que se produjo en el año 2013 con un 6,2 por ciento.
  • No puede permitirse disponer de un ordenador personal un 6,3 por ciento de la población, lo que equivale a más de tres millones de personas. Esta brecha digital supone una limitación importante en un mundo cada vez más digitalizado, donde el acceso a la tecnología es esencial tanto para la educación como para el empleo y la participación en la sociedad.
  • Un 27,7 por ciento de la población, es decir, 13.517.011 personas, no puede permitirse sustituir los muebles estropeados o viejos. Aunque este porcentaje sigue siendo elevado, ha experimentado una reducción de 17,2 puntos porcentuales respecto al máximo registrado en 2013, cuando alcanzó el 44,9 por ciento. Lo que confirma, por una parte, un avance en las condiciones económicas generales. Y por otra, la persistencia de vulnerabilidad en muchos hogares, ya que esta imposibilidad puede afectar al bienestar y la calidad de vida de las personas, porque muebles en mal estado pueden repercutir en la comodidad, la salud y la funcionalidad del hogar

La equidad social está aumentando en España como se puede observar en la mejora de varios indicadores de carencias materiales y sociales severas en comparación con años anteriores.

Sin embargo, las cifras actuales continúan siendo preocupantes: millones de españoles no pueden permitirse necesidades básicas como ir de vacaciones al menos una semana al año, una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, mantener su hogar a una temperatura adecuada, afrontar gastos imprevistos o disponer de un ordenador personal, algo esenciales en un mundo tan digitalizado como el de hoy.

Esta realidad constata que, aunque se han producido progresos, las desigualdades persisten y requieren políticas públicas que garanticen una mayor equidad social en España. Políticas públicas que dependen de quien esté en el gobierno.

Por eso, la responsabilidad principal, aunque compartida con los gobiernos, es de una ciudadanía que deber ser consciente del impacto de sus decisiones políticas en su vida. Del impacto que su voto o su no voto tiene en su vida diaria, y en la sociedad en la que habita.

Espero que experiencias que se están viviendo ya en España, con el acceso a gobiernos de la extrema derecha, y en otros países haga reaccionar a la gente.