Hay cuestiones que explican por qué tantos europeos se van alejando de unas instituciones europeas que consideran que no los escuchan; las ven distantes y alejadas de sus preocupaciones y necesidades.

Perciben Bruselas como un laberinto institucional lejano, donde viven, en una realidad paralela, unos burócratas que toman las decisiones sin dar explicaciones y, sobre todo, sin actuar ante las cuestiones que quiere la mayoría de los ciudadanos europeos.

Un ejemplo es el tema del cambio de la hora. Dejaremos para otro día la cuestión española del huso horario, modificado por Franco en 1940 y que nos sitúa con horario de Berlín y no de Greenwich.

Aquí hablamos de un asunto que sufrimos dos veces al año, sobre el que existe desde hace tiempo un respaldo social muy amplio para modificar la situación actual y que, aun así, sigue sin hacerse. El recorrido es claro: Europa pidió opinión a los europeos y la recibió. Después anunció una solución y la retrasó. Y, cuando parece que va a decidir, se detiene.

Durante décadas, la Unión Europea trabajó para armonizar el cambio de hora y que todos los países lo hicieran en la misma fecha para evitar problemas en el mercado interior, el transporte o las comunicaciones. Así, se elaboró la normativa que fijó el adelanto de marzo y el retraso de octubre como regla común.

El siguiente paso llegó cuando, en el año 2018, la Comisión Europea abrió una consulta pública en internet sobre cambiar o no el horario dos veces al año. Participaron alrededor de 4,6 millones de personas y el 84 por ciento se mostró a favor de contar con un horario fijo en Europa.

El resultado de esta consulta hizo que algo se moviera. En septiembre de 2018, la Comisión presentó una propuesta formal para poner fin al cambio de hora en toda la Unión. Sobre el papel, parecía que esta vez iba en serio. La idea era sencilla: acabar con los cambios semestrales y dejar que cada Estado miembro eligiera su horario fijo, siempre dentro de una mínima coordinación europea.

Meses después, en marzo de 2019, el Parlamento Europeo respaldó esa propuesta y votó a favor de terminar con el sistema en 2021. El mensaje político parecía claro. La reforma tenía apoyo ciudadano y también respaldo parlamentario.

Y entonces apareció el sempiterno problema europeo. Nadie terminó de ponerse de acuerdo sobre cómo ejecutar lo que, en teoría, casi todos decían compartir. El Consejo, donde se sientan los gobiernos nacionales, no ha cerrado una posición común. Y, mientras el Consejo no se mueva, todo sigue igual.

Este es un ejemplo evidente del desgaste que sufre Europa. La UE fue capaz de abrir el debate, organizar una consulta récord, redactar una propuesta y sacar adelante una votación en el Parlamento, pero no ha sido capaz de convertir todo eso en una decisión definitiva.

Estamos ante un problema serio, donde no se trata solo de mover las agujas del reloj, sino de ordenar mejor la vida de la gente. Somos el tercer país de la Unión Europea con jornadas más largas, y la singularidad de los horarios, en todos los ámbitos de la vida, dificulta la posibilidad de compaginar la vida personal y laboral y es causa de graves problemas de salud que tienen su origen en la incapacidad de controlar el tiempo dedicado a la vida personal.

Hay que escuchar a los españoles y a los europeos, porque tienen una idea de la cuestión que permanece estable a lo largo del tiempo. El apoyo para acabar con el cambio de horario es mayoritario y estable en el tiempo.

Según los datos de distintas encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), más del sesenta por ciento de la población en España apoya acabar con el cambio de hora.

El 62,5 por ciento, en 2018; el 61,8 por ciento, en 2021; el 65,6 por ciento en 2022; el 67,1 por ciento en 2023; y el 65,7 por ciento en 2026. En cambio, la opción de seguir como hasta ahora, aun siendo minoritaria, tiene una tendencia ascendente hasta llegar en 2026 al 24,5 por ciento.

Los españoles quieren acabar con el cambio de hora. Y, además, mayoritariamente prefieren el horario de verano sobre el de invierno. Concretamente, en el año 2026, el 66,4 por ciento querría que se quedara el de verano; el 22 por ciento, el de invierno; y a un 6,9 por ciento le resulta indiferente uno u otro.

Después de ver cómo opinan los españoles y cómo opinaron los europeos, nos encontramos de frente con el problema político. Porque, cuando una preferencia social se mantiene durante años, cuando ya se ha realizado una consulta pública europea, cuando la Comisión ya presentó una propuesta y cuando el Parlamento ya la votó a favor, lo que queda al descubierto no es la falta de debate, sino la falta de decisión.

Este ejemplo, como otros muchos, muestra uno de los problemas más graves de Europa: la distancia entre ciudadanos e instituciones europeas. Y, por otra parte, entre lo que se discute en las instituciones europeas y lo que finalmente se acaba haciendo o resolviendo.

Por eso, este asunto importa más de lo que parece. No es solo si se mueven o no las manecillas de los relojes europeos. Es una prueba de credibilidad institucional. Cada primavera y cada otoño, cuando los ciudadanos vuelven a ajustar la hora, no solo tienen que cambiar sus rutinas; también recuerdan que hubo una promesa europea de terminar con todo esto a partir de 2021 y que, por ahora —y estamos en 2026—, esa promesa sigue guardada en un cajón.

La Unión Europea tiene que cumplir ya lo que se votó. Tiene que acabar ya con el cambio de hora. Y, como señaló Julio Verne: “La oportunidad que ahora puede parecer perdida, puede presentarse en el último momento.”