Categoría: Punto de Vista

Con carácter periódico, determinados actores políticos y económicos del país emprenden una campaña pública destinada a convencer a los españoles de que nuestro sistema de pensiones es “insostenible”.

Los sindicatos y otras plataformas sociales están promoviendo en estos días una iniciativa con el propósito de impedir que el Gobierno venda las participaciones públicas en Bankia y BMN. Se trata de consolidar a partir de estas dos entidades una Banca Pública al modo en que ya existe en otros países europeos, como Alemania, Francia o Italia.

El mundo vive un cambio de época que va mucho más allá de una simple época de cambios. La mayor parte de las actividades humanas, tanto en el espacio público como en el privado, mutan y se mundializan, abriendo todo tipo de oportunidades y de incertidumbres a la vez.

El discurso proteccionista avanza aparentemente imparable en voces ya no solo populistas, sino también de la derecha e incluso de la izquierda tradicional en buena parte del mundo.

Como viene siendo habitual en nuestro país, la controversia sobre lo irrelevante oculta el debate sobre lo auténticamente relevante.

La crisis financiera que se desencadenó en buena parte del mundo a partir del año 2008 devino, como sabemos, en una quiebra muy generalizada de la confianza en el propio sistema democrático.

El Gobierno se ha apresurado a celebrar por todo lo alto las cifras oficiales de empleo correspondientes al año 2016. Cada español que abandona las listas del paro registrado, aunque sea por poco tiempo y de manera precaria, supone una buena noticia.

Parece abrirse paso la convicción que invita a llevar a cabo algunos cambios en la Constitución Española, tras 38 años de vigencia y muchas menos modificaciones que otras cartas magnas en las democracias consolidadas de nuestro entorno. Sin embargo, los planteamientos en cuanto al alcance, los contenidos y las condiciones de tales cambios son muy diversos en unas y otras latitudes políticas.

El Congreso de los Diputados ha aprobado por amplia mayoría una iniciativa destinada a derogar la reforma laboral del PP. Hay quienes sostienen que se trata tan solo de “un gesto simbólico”. No es así, ni por la condición de la institución actuante ni por el contenido de la acción.