Como viene siendo habitual en nuestro país, la controversia sobre lo irrelevante oculta el debate sobre lo auténticamente relevante. Durante estos días se está tramitando en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular firmada por los sindicatos UGT y CCOO, con el propósito de instaurar un Ingreso Mínimo para personas en situación de vulnerabilidad social. En Finlandia una experiencia mucho más modesta monopoliza la atención de la opinión pública. Aquí apenas nos enteramos unos pocos.

La iniciativa sobre el Ingreso Mínimo responde a dos escenarios relativamente nuevos. El primero es el de las dramáticas consecuencias de la crisis iniciada en 2008, y de la gestión injusta de la crisis, en términos de paro masivo y empobrecimiento muy generalizado. El segundo tiene más fondo y está relacionado con las derivadas de una revolución tecnológica que augura economías con menos necesidad de trabajo para producir y, por tanto, con sociedades cada vez más alejadas del pleno empleo.

La gestión que los Gobiernos del PP han hecho de la crisis nos ha conducido a unos niveles insoportables de desempleo cronificado, de devaluación salarial y de recortes de derechos sociales. La expulsión de millones de familias a la marginalidad social ha coincidido además con un debilitamiento relevante en los mecanismos de protección social a cargo de las administraciones públicas, merced a las políticas de austeridad y al control draconiano de los déficits. Esta iniciativa ayudará a sobrevivir a los integrantes de más de 700.000 hogares que carecen hoy de cualquier tipo de ingresos.

Al mismo tiempo hemos de atender a la realidad de una revolución tecnológica en marcha que, al parecer y por vez primera, conllevará un balance neto de empleo negativo. Es decir, la robotización de los procesos productivos destruirá más empleos de los que creará. El problema es evidente para las sociedades que han hecho del empleo un factor clave de socialización. Y la dificultad también es importante para la izquierda, que siempre vinculó renta a empleo, y pobreza a falta de empleo.

¿Habrá que ir pensando en romper este vínculo tradicional? ¿Deberemos articular mecanismos públicos para asegurar una renta a todas las personas, al margen de la situación de empleo o desempleo? La iniciativa de los sindicatos apuesta por mantener la relación entre renta y empleo, acertadamente a mi juicio. La productividad extra que proporcionan los robots debe contribuir a financiar un nuevo reparto de los tiempos de trabajo disponible, así como las actividades intensivas en mano de obra para el cuidado de las personas y el medio ambiente. Y tiene que financiar también, vía fiscal, los ingresos mínimos que han de asegurar una vida digna a quienes se queden fuera del mercado laboral.

La fórmula elegida por los sindicatos para incorporar este Ingreso Mínimo al sistema vigente de protección pública se asemeja mucho al planteado por el PSOE en su programa electoral. Se trataría de una nueva prestación no contributiva en el ámbito de la Seguridad Social, financiada por los Presupuestos Generales del Estado. La cuantía tendría como referencia el 80% del IPREM, con complementos según las cargas familiares. Los requisitos serían la carencia de recursos (por debajo del 75% del SMI) y la demanda de empleo. La duración, mientras dure la necesidad. Como vocación última, la reinserción laboral del beneficiario, mediante políticas activas de empleo.

Hay otras fórmulas, pero son peores. La renta universal desvincula ingresos de empleo. El complemento salarial subvenciona los recortes en los sueldos.

Esta no puede ser una medida aislada. Para alcanzar una salida justa de la crisis y para construir una sociedad más justa hace falta adoptar otras muchas medidas, como derogar la reforma laboral, como ampliar nuestro incipiente Estado de Bienestar, como mejorar la cobertura pública de las prestaciones contributivas por desempleo…

Se trata, no obstante, de una buena iniciativa. Porque una sociedad que combate decididamente la pobreza es una sociedad más justa. Pero también es una sociedad más equilibrada, y más eficiente, y más exitosa. Y más digna. Y a quienes no convenzan estor argumentos, que atiendan uno último y más perentorio: o hacemos viable nuestra sociedad, o acabará reventando.