Categoría: Punto de Vista

La vigente situación de bloqueo institucional en el país tiene causas diversas. La principal tiene que ver con la fragmentación inédita en la representación democrática de los españoles. El Congreso de los Diputados ha pasado de contar con dos grupos grandes y varios pequeños, a administrarse con un grupo grande, tres medianos y varios pequeños. La aritmética tradicional en la formación de Gobierno ya no sirve.

Sorprende la simpleza de la mayor parte de los análisis que se están publicando sobre las causas del éxito electoral de políticos aparentemente estrambóticos en lugares diversos del mundo.

Los debates intensos y controvertidos forman parte de la tradición socialista. En el contexto de crisis política e institucional que sufre nuestro país, cabía esperar también una fuerte controversia en el seno del PSOE en torno a la estrategia a proponer a los españoles.

Durante estos días, el PSOE, la alternativa principal a la derecha gobernante, se debate en un conflicto interno sobre las responsabilidades a ejercer tras unos malos resultados electorales en Euskadi y Galicia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia que desautoriza claramente los fundamentos de la reforma laboral emprendida por el Gobierno del PP a partir del año 2012.

La credibilidad del proyecto europeo se está jugando en buena medida en la gestión del escándalo fiscal que afecta a la multinacional Apple.

La investidura fallida de Rajoy y la campaña vasca-gallega proporcionan un paréntesis en el debate político nacional, que bien podría aprovecharse para tratar cuestiones de un alcance mayor al habitual en estos últimos meses.

Las expresiones de preocupación, incluso de hastío, que se manifiestan por doquier en estos días respecto al bloqueo aparente en la formación de Gobierno resultan lógicas y legítimas. Lo ocurrido es grave.

La agenda política en democracia distribuye sus tiempos y sus esfuerzos en torno a dos grandes tareas: el reparto del poder y la atención a los retos colectivos. Ambas labores son imprescindibles y no puede concebirse la una sin la otra. No cabe atender a la resolución de los problemas en el espacio público compartido sin dilucidar democráticamente quiénes han de tomar las decisiones. Y no cabe tratar las cuestiones del poder sin atender al para qué se dispone el poder en manos de unos u otros.

Podría proponerse a la RAE una nueva acepción en el diccionario para el término “responsabilidad”: dícese de esa carga o sacrificio extraordinario que se requiere del PSOE pero que se evita para los demás actores de la política española. Y la nueva anotación podría adornarse con ejemplos: responsabilidad es lo que se exige al PSOE para contribuir a la investidura de presidentes ajenos, y es aquello que se evita reclamar a otros partidos cuando el candidato a investir es socialista.