El Pleno del Congreso de los Diputados ha tomado en consideración una proposición de ley con el objeto de subir el salario mínimo hasta el 60% del salario medio, tal y como obliga la Carta Social Europea que nuestro país suscribe. Salió adelante con los 173 votos de PSOE (que tiene registrada la propuesta), Podemos (que la incluyó en orden del día) y otros grupos, a pesar del voto contrario del PP (137) y la abstención de Ciudadanos (30).

Se trata de una medida muy relevante, con una gran repercusión social, que adelanta en buena medida las posibilidades que ofrecen las mayorías alternativas al acuerdo PP-Ciudadanos en las Cortes Generales.

Para justificar su oposición a la subida salarial, el PP amenazó con la llegada de los cuatro jinetes del Apocalipsis, desde la inflación desatada y los despidos masivos, al cierre de empresas y la pérdida dramática de ingresos públicos. La realidad, sin embargo, es que el apocalipsis lo están sufriendo ya, merced a las políticas del PP, el 13,2% de trabajadores pobres con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

La subida del salario mínimo resulta indispensable para recuperar la grave devaluación salarial que se ha producido durante los cinco últimos años, a causa de la reforma laboral del PP y su estrategia para ganar competitividad de la peor manera posible, mediante la rebaja de los sueldos y los derechos de los trabajadores. Porque un país que apuesta su desarrollo a los salarios bajos es un país socialmente injusto, económicamente débil y democráticamente enfermo.

La fijación del salario mínimo es un instrumento clave para las políticas de cohesión social, para asegurar el poder adquisitivo de los trabajadores y para prevenir y combatir, por tanto, la pobreza y la exclusión social. De hecho, la Agencia Tributaria nos dice que en 2015 el 34% de los trabajadores, más de 5,5 millones, cobró salarios por debajo de los 655 euros mensuales del mínimo vigente, a causa de los contratos precarios.

La evolución del salario mínimo durante los cinco últimos años constituye la secuencia más empobrecedora desde su instauración durante la dictadura franquista. En 2012 y 2014 se congeló, y las subidas mínimas de 2013, 2015 y 2016 no recuperaron lo perdido. Por el contrario, durante los gobiernos socialistas entre 2004 y 2011, el salario mínimo pasó de 460 a 641 euros al mes, un 40% de incremento, a pesar de los años de crisis a partir de 2008.

Los salarios bajos, la precariedad laboral y el aumento de la pobreza son fenómenos que sedan la mano en nuestro país: un 28,6% de españoles viven bajo el umbral de la pobreza, según Intermón-Oxfam. El Índice de Precios del Trabajo refleja una caída de la capacidad de compra de los salarios del 9% entre 2008 y 2014. Los salarios por debajo de 655 euros se redujeron en un 15% entre 2011 y 2014, por una subida del 10,4% en los salarios por encima de 3.353 euros.

La participación de las rentas del trabajo en la renta nacional retrocedió desde el 51,6% en 2008 hasta el 47,7% en 2015. Los salarios vinculados a contratos temporales se situaron en 2014 un 31% por debajo del salario medio… Y a todo esto, España mantiene un salario mínimo a la mitad de los salarios mínimos de nuestros vecinos europeos: 764 euros en 12 pagas en España, por 1.343 en Reino Unido, 1.440 en Alemania, 1.446 en Francia y 1.531 en Bélgica.

Si existen razones de justicia social para subir el salario mínimo, también son relevantes los argumentos de racionalidad económica. La derecha aplica la doctrina liberal que confía la competitividad de las empresas y el fortalecimiento de la economía a la flexibilidad en el mercado de trabajo y a los bajos salarios. Pero es que, además de provocar desigualdad, empobrecimiento e injusticias, la fórmula no funciona.

Los modelos económicos que basan su crecimiento en salarios bajos acaban desincentivando la adopción de decisiones que sí generan competitividad y sí fortalecen la economía, como la innovación, la investigación, la formación y la internacionalización. Estos modelos siempre acaban encontrando, además, competidores dispuestos a rebajar aún más los salarios de sus trabajadores.

¿Alguien puede sostener que la economía española es, con 655 euros de salario mínimo, una economía más competitiva que la alemana, con 1.440? Hasta el FMI alerta ya de los riesgos inherentes a estos modelos errados de competitividad: caída en los estímulos a la formación, caída del consumo y la demanda interna, descrédito institucional…

Las economías más fuertes y competitivas son precisamente las economías más justas y equitativas, las que apuestan por la formación, la calidad de los empleos y los salarios dignos.

Un argumento más: el puramente democrático. La desigualdad es el principal enemigo de la democracia. No hay mayor disolvente en la credibilidad y la estabilidad de la democracia que las desigualdades crecientes y la desesperanza de la mayoría por su propio futuro y el de sus hijos. Desigualdad, populismo y riesgo para la democracia son caras de la misma moneda.

Cuando el ciudadano desesperado acude al médico y el médico no le escucha o no le resuelve sus problemas, el ciudadano acude al curandero, o al brujo, o al chamán o al taumaturgo. No le resolverá los problemas. Se los agravará, incluso, pero le proporcionará una manera de encauzar su frustración y su enfado.

No se combate el populismo negando los problemas, o esgrimiendo inmovilismo o resignación frente al liquidacionismo, o rechazando propuestas sensatas como la de subir el salario mínimo. El populismo se combate cambiando la realidad en el sentido de la equidad y la justicia.

En eso estamos.