En España, como en otras democracias europeas, estamos asistiendo a una tendencia incipiente, pero preocupante, de avance de un discurso anti-impuestos, que debe ser atajada de raíz porque tiene un enorme potencial de erosión del contrato social. Los datos muestran que los países con mayor recaudación y progresividad fiscal tienen mayor cohesión social, servicios públicos de calidad y menores índices de desigualdad, como señalan los informes periódicos de la OCDE.

Renunciar a los impuestos es renunciar a los servicios públicos universales, a la cohesión territorial y a la justicia social. En definitiva, es renunciar a la libertad y a la igualdad.

La creciente desconfianza hacia el sistema tributario y la idea, importada del discurso libertario/conservador estadounidense, de que los impuestos son una carga, o un robo, y no una inversión colectiva en el bienestar común, se abre camino y es un golpe en la línea de flotación de una Constitución, que establece la contribución al interés general no simplemente como un deber moral, que lo es, sino como un deber jurídico, recogido en el artículo 31.1: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Es decir, quienes más tienen deben aportar más, por justicia, pero también por eficiencia y sostenibilidad social. De esta manera, se garantiza la redistribución y se financian los derechos fundamentales como la educación, la sanidad, la dependencia, las infraestructuras o la protección social. Por tanto, la progresividad fiscal, no es un castigo a la riqueza, sino el mecanismo que permite evitar la fractura social y las desigualdades extremas, algo básico para la dignidad de las personas y para una sociedad democrática.

Las instituciones públicas, pero también la sociedad en su conjunto, deben reaccionar porque está en juego decidir si preferimos una sociedad que ponga a las personas en el centro de sus políticas para lograr el bienestar para todos, o una sociedad traspasada por fronteras visibles e invisibles donde cada vez más unos pocos acumulan la riqueza mientras crece la desigualdad y va desapareciendo la clase media.

El primer factor a tener en cuenta es el hecho de que existe una percepción entre la población de que se pagan muchos impuestos. Concretamente, el porcentaje de españoles que considera que paga muchos impuestos ha pasado del 40 por ciento en el año 2020 al 48,4 por ciento en 2025, según los datos de la encuesta sobre opinión pública y política fiscal, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

8,4 puntos porcentuales más que evidencia una creciente insatisfacción con la carga impositiva, que es alimentada por los intereses de determinadas élites políticas, económicas y mediáticas. Pero que no reflejan la realidad comparada con los países de nuestro entorno. En España, frente a esta percepción, la presión fiscal está por debajo de la media europea, y la progresividad efectiva del sistema aún presenta importantes márgenes de mejora (Eurostat, 2024).

En este punto, es especialmente significativo el dato de que un 60,8 por ciento de las personas entre 25 y 34 años y un 58 por ciento de las que tienen entre 18 y 24 años creen que se pagan muchos impuestos frente al 36,9 por ciento de las personas de 65 a 74 años. Lo que puede ocasionar, si no se revierte la tendencia, un problema de recursos a medio y largo plazo.

El segundo factor preocupante es que el porcentaje de ciudadanos que considera que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos ha caído de un 63,6 por ciento en 2020 a un 54,4% en 2025. Al mismo tiempo, crecen quienes ven los impuestos como algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué. Concretamente, se ha pasado de un porcentaje del 18,7 por ciento en el año 2020 al 30,6 por ciento en 2025.

Por otro lado, solo un 13,1 por ciento en 2025 cree que los impuestos son un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad, porcentaje que permanece estancado o en leve descenso, lo que refleja la débil cultura fiscal solidaria que existe en una parte significativa de la población.

Un tercer factor es la percepción de la reciprocidad: aumenta la proporción de quienes consideran que la sociedad se beneficia poco o nada de los impuestos que pagan los ciudadanos a las Administraciones Públicas en impuestos y cotizaciones. Concretamente en el año 2020 pensaban así el 57,5 por ciento de la población y en 2025 el 58 por ciento.

Mientras tanto, aunque disminuye el porcentaje de los que opinan que la sociedad se beneficia bastante del 29,9 por ciento al 28,1 por ciento, aumenta quienes opinan que mucho del 7,7 por ciento al 12,2 por ciento.

También aumenta el porcentaje de la población que piensa que la Administración le da menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones. Si en el año 2020 el 58,2 por ciento opinaba que le daban menos de lo que pagaba en el año 2025 esta cifra sube hasta el 62 por ciento de la población. Bajando al mismo tiempo los que creen que más o menos reciben lo que pagan del 31,5 por ciento en 2020 al 26,5 por ciento en 2025. Por último, se produce una subida de los que opinan que reciben más, aunque es minoritaria. Del 5,9 por ciento en 2020 se pasa al 9,2 por ciento en 2025.

Todo lo anterior, visualiza un desconocimiento de los ciudadanos que no son conscientes de a dónde van sus impuestos ni cómo benefician directamente su vida cotidiana. Este déficit educativo es aprovechado por discursos populistas y demagógicos que identifican el pago de impuestos con una pérdida personal, invisibilizando el beneficio colectivo.

En esta deriva anti-impuestos se aprovecha todo, desde los casos de corrupción y casos de despilfarro para minar la confianza en la eficacia del Estado, hasta un entorno mediático donde las redes sociales son utilizadas de forma masiva para reforzar el rechazo y la desinformación sobre el papel de los impuestos en la sociedad.

Permitir que se consolide una cultura de rechazo a los impuestos implica no tener recursos para los servicios públicos esenciales, aumenta la desigualdad, debilita la democracia y fragmenta la cohesión social y territorial. Lo que significa destruir la estabilidad de España.

Ante ello, hay que reaccionar antes de que sea demasiado tarde con educación en cultura impositiva desde la infancia, incorporando educación fiscal en los currículos educativos. Hay que realizar campañas de comunicación permanentes. Hay que impulsar la progresividad fiscal y combatir el fraude y la elusión fiscal. Hay que explicar mejor donde van los impuestos. Hay que involucrar a la sociedad civil y a los medios de comunicación en la defensa del Estado de bienestar y en la divulgación de una fiscalidad justa y solidaria.

Es el momento. La deriva anti-impuestos es una amenaza real para el modelo social. Defender los impuestos es defender la democracia, los derechos y el futuro. Urge una movilización social, educativa y política para revalorizar el papel positivo de la fiscalidad y combatir las falsas promesas de una “supuesta libertad” que solo beneficia a unos pocos a costa del bienestar de todos.