El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Estatuto de las personas en formación práctica no laboral, también llamado el estatuto del becario, que deberá delimitar las actividades formativas y las estrictamente laborales, así como determinar el régimen jurídico de estas personas durante el tiempo que desarrollen la formación en las empresas o instituciones.

Sobre la importancia de esta norma solo hay que ver su afección, en estos momentos según datos de la ministra de Trabajo, hay 1’65 millones de personas en prácticas no profesionales, el 58% mujeres y el 22% son mayores de 30 años.

Estas prácticas no laborales estarán tutorizadas por una persona que podrá tener, como máximo, a cinco becarios en formación a su cargo. El total de estas personas no podrán superar el 20% de las plantillas del centro de trabajo. Por otro lado, tendrán derecho a la compensación de gastos, al descanso y a los servicios del centro de trabajo ofrecidos a los trabajadores de la empresa, así como a la protección en el acoso y la violencia de género.

Habrá una comisión de seguimiento de la formación práctica en el ámbito de la empresa, y también queda claro que las prácticas solo se podrán realizar al amparo de un convenio entre el centro formativo y la empresa, ajustándolo al contenido formativo recogido en el plan de formación individual y las competencias del itinerario formativo al que se asocia las prácticas.

Los cambios más novedosos que se plantean, muchos de ellos continuación de las propuestas que viene haciendo el Ministerio de Trabajo, son los siguientes.

Las empresas no podrán ofertar prácticas a personas que no estén matriculadas, es decir, desaparecen las prácticas extracurriculares no asociadas a la formación reglada.

Las empresas deberán asumir el coste de su cotización a la seguridad social, eso no significa el derecho a pensión ni a desempleo. Sobre esta cuestión la CRUE ha mantenido su oposición por considerar que   el incumplimiento pueda derivar un gasto añadido para las universidades si el empresario no hace frente a esta obligación a pesar del convenio o acuerdo firmado.

Se plantean castigos que penalicen el incumplimiento o distorsionen la norma con multas que pueden llegar hasta 225.000 euros. Y se anuncia una mayor vigilancia de la inspección de trabajo.

A pesar del rechazo de la CEOE, los empresarios van a tener una regulación que les da garantías y posibilidades de incorporar talentos a su plantilla. Mejorar su reputación en la gestión y trato de los becarios es un plus en la búsqueda de nuevos talentos, que les facilitará fijar plantillas y trasladar una imagen corporativa atrayente y competitiva. Eso, sin contar, los beneficios fiscales y ayudas del gobierno que puedan conseguir.

Además de por el número de personas afectadas que he reseñado anteriormente, urge darle a esta actividad una cobertura jurídica y una dignificación que evite hacer de estas personas meros acompañantes en actividades donde más que primar la formación, son tratados sin respeto ni derechos, con abusos en algunos casos, y muchos signos de explotación.

Las posibilidades de sacarlo adelante, están limitadas por la tramitación parlamentaria como anteproyecto de Ley. Si en 2023 cuando se pactó con los sindicatos parecía un procedimiento complicado, ahora está mucho más difícil .Tanto la derecha extrema como la extrema derecha y la derecha nacionalista  no avalan ni este ni ningún estatuto que  ampare y dignifique  esta formación, para ellos  las prácticas  extracurriculares deben estar  al mismo nivel que estas y su concepto de la formación práctica se  acerca más  al perfil del aprendiz clásico que  al joven que complementa su formación académica o profesional.

Sin embargo, esta situación es una causa más de la precariedad juvenil, del sentimiento de desamparo en que miles de jóvenes se encuentran, y también del rechazo al trabajo que una mala experiencia en sus prácticas puede conllevar.

La ceguera de las organizaciones empresariales y la obcecación política de las derechas no debe amilanarnos, porque son muchos los que sufren las consecuencias de una mala regulación actual.