Una vez finalizadas las largas fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes comienza de nuevo el ciclo político. El primer asunto de transcendencia relevante tiene relación con la decisión de Mariano Rajoy (de acuerdo con la aplicación del artículo 155-CE) de constituir el próximo día 17 el Parlament catalán, lo que obligará a Carles Puigdemont y a sus consejeros fugados en Bruselas a tomar decisiones sobre su vuelta a España y a Oriol Junqueras -y a otros presos en la cárcel de Estremera (Madrid)- a fijar finalmente su posición en relación con su participación en el Parlament.

Sin lugar a dudas, la determinación de la justicia condicionará mucho estas decisiones y, en concreto, la elección de la mesa del Parlament y, desde luego, la presidencia de la Generalitat. Sin embargo, que nadie se llame a engaño, lo que resultará decisivo en la formación del Gobern de Catalunya serán los incontestables resultados de las elecciones del 21-D. Sin lugar a dudas, lo más destacable de lo ocurrido en el 21-D fue la normalidad y la altísima participación de la ciudadanía en los comicios. También el triunfo de la derecha (Ciudadanos, Junts per Catalunya y el PP) al obtener un resultado muy superior a la izquierda (Ezquerra Republicana, PSC-PSOE y Catalunya en Comú- Podemos), tanto en votos como en escaños. Un resultado especialmente relevante y muy poco comentado en los medios de comunicación de masas, lo que nos invita a una profunda y sesuda reflexión y confirma la actual crisis de la socialdemocracia europea con la excepción de Portugal y del Reino Unido (Jeremy Corbyn).

En términos concretos, es indudable que los partidos defensores de la Constitución ganan claramente en votos, a pesar de que los independentistas obtienen en el Parlament una mayoría de escaños suficiente para gobernar, lo que demuestra que, si bien la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) no es posible, el problema catalán no ha desaparecido en absoluto. Esta circunstancia justifica el principio de acuerdo dentro del bloque independentista para controlar la mesa del Parlament y presidir la Generalitat. La aplicación y desarrollo de este acuerdo es imprescindible, pero no será nada fácil, porque en el bloque secesionista conviven dos sensibilidades enfrentadas: los partidarios de la proclamación unilateral de la República catalana y los que defienden una política más realista encaminada a conseguir un mayor autogobierno (incluso la independencia), que sea compatible con la resolución de los problemas que preocupan a los catalanes y con el respeto a la Constitución y al Estatut, como ha señalado Artur Mas. En todo caso, debe quedar muy claro que sólo por la mala gestión del desacato del bloque independentista (si se produce) a las decisiones judiciales se podrá modificar la actual relación de fuerzas surgida de las elecciones del 21-D, al margen de los intentos interesados del PP de forzar a Ciudadanos a que explore la posibilidad de presidir el Gobern de la Generalitat.

La claridad y firmeza de los mensajes políticos en los últimos meses y, particularmente, en la campaña electoral, han sido determinantes en los resultados. Ciudadanos ha ganado claramente las elecciones y ha obtenido un triunfo muy superior al de sus propias previsiones, al recoger votos del PP y, en menor medida, de Catalunya en Comú-Podemos y del PSC en sus feudos tradicionales: voto joven, urbano e, incluso, obrero; en definitiva, el voto útil y constitucional de los contrarios a la secesión de Catalunya. Por su parte, Junst per Catalunya y Ezquerra Republicana han conseguido mantener sus expectativas y sus escaños (con un ligero retroceso) al rentabilizar al máximo el sentimiento catalanista, así como el victimismo producto de la aplicación del artículo 155-CE, la encarcelación de Oriol Junqueras y la fuga de Puigdemont a Bruselas.

El PSC, si bien ha mejorado sus resultados anteriores, no ha cubierto ni de lejos sus expectativas. Es indudable que a Miquel Iceta le han sobrado ocurrencias y, por otra parte, le ha faltado concreción a su reforma constitucional. Además, la defensa de una política transversal (pactando con antiguos responsables de Unión Democrática) ha chocado con el nítido discurso de Josep Borrell, de marcado carácter unionista, lo que sembró serias dudas en el electorado y restó credibilidad a su propuesta, a pesar de los reiterados llamamientos a que la solución del problema catalán pasaba sólo por “investir a Iceta de President”. En resumen, a pesar de que este eslogan se convirtió en el eje central de su campaña electoral no fue, finalmente, apoyado por la mayoría de los electores.

El PP, sumergido en el fondo de la irrelevancia, ha sido, sin ninguna duda, el gran perdedor de las elecciones catalanas. El desplome ha sido absoluto y mayor de lo esperado, al ser muy penalizado por su (mal) candidato y por las nefastas políticas practicadas por Rajoy en Catalunya (y en el conjunto del país) en los últimos años. También Catalunya en Comú-Podem obtuvo un mal resultado al ser muy penalizado por su ambigüedad y equidistancia en relación con la aplicación del artículo 155-CE, así como por la decisión, en plena campaña electoral, de la alcaldesa Ana Colau de prescindir del apoyo del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. Por último, la CUP ha pagado un alto precio por sus excesos verbales y políticos (anti sistema) y pierde fuerza y poder en el Parlament para defender la República y, lo que es más grave, perderá protagonismo en la política a desarrollar en Catalunya en los próximos meses, a pesar de que la mayoría absoluta de los secesionistas dependerá una vez más de su apoyo.

Al margen de este somero análisis, resulta inevitable, sobre todo en el actual contexto político, extrapolar, como hipótesis, los resultados de Catalunya al conjunto del Estado. Porque, si bien es cierto que las elecciones municipales, autonómicas y europeas se celebrarán en el año 2019, el presente año estará muy marcado por dichos comicios. El PP de Mariano Rajoy, en estas elecciones, ha comprobado que tiene un potencial y peligroso adversario electoral en Ciudadanos, a pesar de la escasa implantación de este último partido en el conjunto del Estado.

Por lo tanto, es comprensible que el actual Gobierno haya comenzado a actuar con diligencia en vísperas de comenzar la segunda parte de la legislatura: estar más presente en el plano internacional; intentar aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE-2018); explotar las cifras macroeconómicas; alardear de los últimos datos favorables de empleo, aunque éste sea fundamentalmente precario; y rentabilizar el acuerdo con los sindicatos sobre el SMI, entre otros asuntos de marcado carácter publicitario. Su objetivo final no es otro que sumar más escaños que Ciudadanos en unas elecciones generales y, posteriormente, formalizar acuerdos que garanticen la gobernabilidad y, en el peor de los casos, formar un Gobierno de coalición con Ciudadanos que represente el espacio del centro derecha en España. Esta hipótesis parte de un hecho constatable que no debemos olvidar: la imposibilidad de que un partido político obtenga la mayoría absoluta en estos momentos y el fin del bipartidismo que ha presidido la vida política de nuestro país en los últimos años.

El PSOE tampoco puede presumir de los resultados obtenidos en Catalunya y, por lo tanto, no tiene otra alternativa que retomar la iniciativa política y reactivar de nuevo el discurso de izquierdas que se aprobó en las pasadas Primarias y se consolidó en su último Congreso, con el propósito de encabezar finalmente el cambio político que la ciudadanía demanda. El adversario electoral del PSOE no es Podemos: es la derecha (PP-Ciudadanos). Para responder a esta inevitable realidad, el mensaje político debe ser claro, firme, convincente, ilusionante y claramente diferenciado de ambos partidos. Paralelamente debe apostar por fortalecer el entramado organizativo: abrir las agrupaciones y las Casas del Pueblo a todos los ciudadanos (sobre todo a los más jóvenes y con mayor conciencia de clase); fomentar la afiliación; impulsar la participación de los militantes en la vida partidaria; mejorar la comunicación con los ciudadanos; fortalecer la presencia de los afiliados en el tejido social y en las redes sociales; y, finalmente, formar a los responsables, cuadros y afiliados en general en base a un Plan de Formación que engarce con la memoria histórica y con los fundamentos del partido (ética Pablista).

También Podemos debe reflexionar a fondo sobre los resultados de Catalunya y sobre lo que dictan la mayoría de las recientes encuestas publicadas para su partido. En este sentido, y al margen de su discurso político, debe cerrar el conflicto interno que se prolonga desde su último congreso y, por lo tanto, desde hace ya mucho tiempo. Además, y a pesar de las dificultades, debe actuar con un mayor pragmatismo y participar en todo tipo de acuerdos con los sindicatos y con el PSOE en el Parlamento: agenda social (reforma laboral, precariedad, protección por desempleo, pensiones, servicios públicos, fiscalidad…) y políticas de regeneración democrática (lucha contra la corrupción), al margen de trabajar a fondo en la Comisión que estudia reformar la Constitución (Catalunya, debate territorial y blindaje de la política social, entre otros asuntos) encaminada a configurar finalmente un Estado Federal.

En todo caso, la disputa que algunos vuelven a propugnar entre el PSOE y un atribulado Podemos no tiene sentido desde los postulados progresistas, sobre todo si proponen como solución que el PSOE vuelva a repetir el acuerdo con Ciudadanos. Ello sólo facilitaría el triunfo del PP y de Ciudadanos y confirmaría una vez más el fracaso de la izquierda en nuestro país. Esto no lo deben olvidar las fuerzas vivas y comprometidas con el desarrollo de una sociedad más justa y redistributiva en su imparable avance hacia un futuro digital, tecnológico y robotizado. Por eso hay que ponerse a trabajar sin prisas, pero sin pausas, para recuperar la política con mayúscula y ofrecer alternativas de cambio real a la insensibilidad, ineficacia y mediocridad del Gobierno del PP. Esa es la única manera de generar ilusión, credibilidad y confianza en los ciudadanos, porque “otra política es posible”. Los jóvenes, los precarios, los parados de larga duración y los excluidos socialmente lo exigen reiteradamente y, por lo tanto, una sociedad democrática debe cubrir esa deuda social lo más pronto posible.