Se ha abierto el melón del nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Los primeros datos cumplen con lo que técnicamente podía preverse: que el gobierno central pondría más recursos encima de la mesa, para encarar los envites del nuevo modelo. De los 20 mil millones de euros que se movilizan, el 40% se destinan a Catalunya y Andalucía. Además, regiones como País Valenciano (3.669 millones de euros) y Murcia (1.188 millones) –mal financiadas en el modelo vigente– recibirán cifras nada desdeñables. La noticia ya ha promovido airadas protestas de comunidades del PP y alguna del PSOE, con una invocación común: la comparación con Catalunya, con un énfasis claro en que la singularidad (es decir, la bilateralidad) es específica solo para esa comunidad autónoma. El tema está dando para exabruptos de todo tipo, incluyendo ataques al presidente del gobierno que –se dice– “paga” así el apoyo parlamentario de ERC y facilita, a su vez, la aprobación del presupuesto de la Generalitat.

Ahora bien, no deja de sorprender la fragilidad memorística que algunos tienen. Nadie parece recordar los acuerdos de José María Aznar con Jordi Pujol, en el pacto del Majestic, que infirieron, entre otros factores, la apuesta por una financiación en Catalunya que contemplaba, además, otras exigencias del gobierno catalán, si Aznar quería ser investido presidente del gobierno de España (cesión del 30% del IRPF, gestión directa de los puertos, 100% de la gestión del impuesto sobre patrimonio, juegos y sucesiones, reconocimiento de España como un “Estado plurinacional). La realidad autonómica señala que los avances que se han producido en el terreno de la descentralización del Estado han tenido su origen en procesos de negociación entre el gobierno central y Catalunya; luego se ha extendido al resto de las regiones. Se ignora deliberadamente esto, y los argumentos se acaban por instalar en el “adanismo”: lo que acontece ahora no había sucedido nunca antes, y se explica, en este momento, por el entreguismo de Moncloa a la Plaça de Sant Jaume.

En tal contexto, los gobiernos autonómicos van a tener que decidir sobre aspectos que involucran a sus ingresos. En concreto, no solo el SFA –que inyecta más recursos que nunca–, que contribuye a fortalecer servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad; sino también la propuesta de condonación de parte de la deuda pública autonómica, que significa un gran alivio para las haciendas regionales. Estamos hablando de un total que supera, entre la quita de deuda (83 mil millones de euros) y la aportación al nuevo SFA (20 mil millones), más de 100 mil millones que se drenarían, por rebajas en los pasivos y transfusión en los activos, hacia las comunidades autónomas. Ante esto, la ideología es la que domina los posicionamientos, más que los resultados –muy positivos– para la mayor parte de las regiones.

Un segundo factor a considerar es la bilateralidad. Las negociaciones bilaterales siempre se han producido en las fases que conducen al SFA. Y cuando digo siempre, es siempre. También ignorar esto es no atender a la realidad, de una forma tendenciosa. Históricamente, este proceso se ha abierto en Catalunya, en las coordenadas de las comunidades autónomas de régimen común. Pero se ha seguido con encuentros técnicos y políticos entre las administraciones de cada región y el gobierno central. Así se hizo en el SFA de 2008, el vigente todavía, y que he explicado en diferentes artículos. El Ministerio de Hacienda seguro que abrirá vías de encuentro con cada comunidad autónoma, y se abordará su singularidad. Si el modelo actual, el que ahora rige, es tan complejo es precisamente por especificar singularidades regionales –población, pérdida demográfica, dispersión, insularidad, etc.–. Veremos cómo se tratará la renovación que presente Hacienda; pero el escenario actual es mucho más crispado que el de 2008, lo que genera serias dudas de que pueda aprobarse. En la propuesta que hemos conocido, y que debe desmenuzarse, algunas comunidades del PP recibirían más dinero que el reclamado por su propio parlamento autonómico: tal es el caso de Andalucía. Inexplicable su frontal oposición, desde la óptica técnica.

La negociación se abre. Y los representantes regionales deberán justificar, con criterios técnicos –y no tan solo con la animadversión a la negociación con Catalunya– porqué rechazarían, si así lo hacen, una oferta que, de facto, les proporciona muchos más recursos. Dos aspectos más deben conectarse: cómo queda la financiación per cápita con el nuevo modelo; y cómo se vertebra la ordinalidad en el mismo. Elementos determinantes.