El programa político del Gobierno que el candidato a la investidura expone ante el Congreso de los Diputados (artículo 99.2) posee cierta relevancia jurídica, pero su alcance político es muy variable. El programa tiene importancia jurídica en tanto en cuanto es la causa de la relación de confianza que se anuda entre el futuro Presidente del Gobierno y el Congreso, aunque posee poca densidad, porque su incumplimiento no conlleva una sanción directa e inmediata. En sentido político, su importancia está en relación inversa al número de Diputados que van a votar al candidato que solicita la investidura. Cuando el candidato dispone de mayoría absoluta el programa político pierde relevancia práctica pero si el candidato tiene poco apoyo parlamentario, el programa de gobierno es el elemento objetivo que le va a permitir convencer a otros grupos parlamentarios para que le otorguen los votos necesarios para ser elegido. En las investiduras de 1993, 1996, 2004 y 2008 el programa de gobierno vino a perfeccionar y exteriorizar los acuerdos políticos que los candidatos a Presidente habían alcanzado con partidos minoritarios.

La elección legislativa de 26 de junio, como presumían todos los analistas, no proporcionó una mayoría suficiente para que un partido gobierne con desahogo. Sigue planeando sobre nuestras cabezas, cada vez con más fuerza, el peligro de una tercera elección, porque el partido que más escaños ha obtenido sigue concitando una gran desconfianza en el principal partido de la oposición, el PSOE. La confianza está justificada porque no ha habido desde 1977 un Gobierno que haya provocado más daños a las clases populares y medias. Pero como el Partido Popular ha tenido resultados mejores que en diciembre de 2015, parece difícil que otros partidos, como el PSOE o Ciudadanos, puedan exigir la exclusión de Rajoy para cualquier acuerdo de gobierno o de investidura. Es más, Ciudadanos, que podía pedir que Rajoy no fuera el candidato a cambio de su apoyo, se ha plegado pacíficamente al antes vetado candidato. No obstante, la situación económica, el Brexit y la complicada situación de Cataluña nos deberían alejar de una tercera elección, que probablemente contribuiría a hundir la valoración del sistema democrático a los ojos de los españoles. ¡Con los años que costó recobrar la democracia!

Tampoco parece posible un Gobierno de izquierda o de centro-izquierda porque Ciudadanos y Podemos no parecen compatibles y porque habría que basarse en los votos de Esquerra y de la antigua CiU pero: I) con los enemigos del Estado democrático no se pacta y menos aún se pone uno en sus manos; II) con Podemos, como se vio en la pasada y efímera legislatura, no se puede gobernar a pesar de los cantos de sirena que ahora lanzan a los socialistas.

Por eso, sin ninguna vocación arbitrista y como aportación a la reflexión que habrá de efectuar el PSOE en las próximas semanas, me atrevo a apuntar que el programa de gobierno que Rajoy pueda volver a desplegar ante el Congreso de los Diputados puede ser el instrumento que permita salir del atasco que conduce a unas terceras elecciones. Es entendible que el PSOE se resista a votar a un personaje como Rajoy pero nadie debe desconocer que unas terceras elecciones, con un PSOE descabezado, van a dar más escaños (y más poder) al Partido Popular. Por eso creo que un buen programa de gobierno podría permitir que el PSOE se abstuviera en la votación de investidura. Ese programa de gobierno podría contener compromisos del futuro Gobierno sobre reforzamiento del Estado social, sobre derechos laborales a los trabajadores, sobre el tipo de ajuste que ha de acordarse con la Unión Europea, sobre una reforma constitucional inmediata que previera incluso la reforma agravada de la Constitución al acabar la legislatura, sobran las medidas a negociar con los partidos catalanes (sin referéndum) y sobre criterios para la renovación de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional que hayan de producirse a lo largo de la legislatura.

Para garantizar el cumplimiento de ese programa de gobierno el Partido Popular debería ofrecer algunas cauciones. Por ejemplo, el compromiso de plantear la cuestión de confianza al cabo de dos años de la elección. También podría ofrecer el Partido Popular al PSOE la Presidencia del Congreso, dimitiendo una persona tan servil como Ana Pastor, pues lo permite el artículo 37.1 del Reglamento del Congreso.

Frente a la idea de las cauciones que debe ofrecer Rajoy, según informaba El Mundo el 3 de octubre (y lo corrobora el editorial de El País del 4 de octubre), el Partido Popular ya no se contenta con la abstención: quiere que se le deje gobernar sin limitaciones. Es lógica esta exigencia porque sabe que unas terceras elecciones laminarían al PSOE y hasta puede poner a subasta las abstenciones que necesita. Por eso el PSOE debería poner la pelota en el tejado del Partido Popular y que elija.

Aun así, el trabajo legislativo del Congreso va a ser muy difícil para el Gobierno si no median acuerdos con el PSOE. Este partido tiene la llave de la gobernabilidad y sin renunciar a ser el primer partido de la oposición, está en condiciones de controlar la ejecución rigurosa y leal del programa de gobierno. De su capacidad pedagógica ante sus electores y sus militantes dependería que el ciudadano percibiera que la política del Gobierno de Rajoy estaría entreverada de iniciativas socialistas dirigidas a salir de la crisis con el menor daño a las clases medias y trabajadoras.