La pugna por la hegemonía dentro del espacio de la izquierda es lo más relevante de los diversos acontecimientos que se han suscitado después del 26-J. Las diferencias de última hora están agudizando la división existente entre el PSOE y Podemos y hacen inviable cualquier tentativa encaminada a presentar una alternativa real a la investidura de Rajoy y, por lo tanto, a presidir un gobierno progresista al margen del PP. Todo ello se produce en un contexto político, económico y social donde es muy difícil crear unas mínimas expectativas de cambio ante unas hipotéticas y nuevas elecciones generales que, todo hay que decirlo, nadie desea. En la práctica, y a pesar de la nulidad de Rajoy en el proceso de investidura, se está produciendo todo lo contrario: la consolidación aún más de la derecha política (incluida la recuperación de Ciudadanos) -como se ha demostrado en la composición de la mesa del Congreso de los Diputados-, la sensación de derrota del PSOE y el declive del protagonismo presencial y mediático de Podemos. Y esto es sólo un adelanto de lo que nos espera, si nadie lo remedia, en los futuros debates parlamentarios que se producirán a lo largo de la próxima legislatura.

Por lo tanto, no es extraño que los ciudadanos, y particularmente los que están sufriendo las consecuencias más graves de la lamentable gestión de la crisis del PP, no den crédito a lo que está pasando y reaccionen con manifiesta incredulidad ante una izquierda en el diván, sin capacidad de reacción y donde el PSOE ha perdido la centralidad en el tablero político y corre el riesgo de perder el liderazgo de la oposición y de convertirse en un partido poco relevante en el escenario político. Con el agravante de que la izquierda, desde hace tiempo, viene inspirando muy poca confianza a los ciudadanos y de que éstos tampoco esperan que el PSOE y Podemos, en concreto, sean capaces de revertir la actual situación y menos que sus políticas mejoren su precaria situación económica y social.

Debemos recordar que el nacimiento y auge de Podemos -frenado bruscamente en las pasadas elecciones del 26J- tiene sus causas en una gestión muy regresiva de la crisis y en el considerable aumento de la desigualdad propiciado por una deliberada política económica (de marcado carácter neoliberal). En este contexto, Podemos ha sido capaz de hacer un buen diagnóstico de la situación y, además, ha sabido canalizar el descontento social y democrático de cinco millones de electores; y, nos guste o no nos guste, eso es lo que cuenta por el momento, al margen de las dificultades que tiene Podemos -y el conjunto de la izquierda- para ofrecer alternativas reales a la situación de millones de personas que están sufriendo las consecuencias de una política hostil y agresiva en los últimos años. Por lo tanto, el PSOE y Podemos no pueden desconocer esta realidad y deben reflexionar sobre su convivencia futura, al margen de las diferencias políticas entre ambas formaciones en la actualidad.

Eso explica que el PP haya pasado de puntillas por la última campaña electoral y que las críticas recibidas se hayan referido sobre todo a los escandalosos casos de corrupción y de financiación ilegal del PP (que no cesan y están creando nuevas alarmas sociales) y, en cambio, se haya hablado muy poco de las políticas económicas y sociales y menos de los estragos causados por las políticas de austeridad y por el durísimo ajuste económico y social. En definitiva, nadie ha sido capaz de imponer en la campaña electoral un debate relacionado con los problemas derivados de la desigualdad, de la pobreza y de la exclusión social, que son los que verdaderamente preocupan a la mayoría de los ciudadanos.

Debemos recordar que la desigualdad se produce por una serie de causas que, sumadas, nos dan un resultado desalentador. La desigualdad (estamos entre los más desiguales de la UE) es consecuencia de un elevadísimo desempleo; de una arraigada y exagerada precariedad de nuestro mercado de trabajo, amparada por sendas reformas laborales; de los bajísimos salarios; del desplome de la prestación por desempleo; del deterioro de los servicios públicos; y de una política fiscal regresiva e ineficaz que sólo beneficia a los más ricos y a las grandes empresas. Todo ello ha supuesto una fuerte e intolerable transferencia de rentas del trabajo al capital -desconocida hasta ahora-, que se ha visto consolidada por las elevadas subvenciones y bonificaciones a las empresas (tarifas planas entre otras) para fomentar la contratación de trabajadores, en muchas ocasiones sin fundamento ni justificación (las empresas contratan cuando lo necesitan, no porque los contratos estén subvencionados), lo que ha terminado por malgastar, irresponsablemente, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social entre otros asuntos importantes.

El PP, en su política de gobierno, ha apostado por salvar a las empresas antes que a las personas y ha seguido defendiendo el principio (ideológico) de que para repartir la riqueza debe crecer la economía, a sabiendas de que eso no es justo ni se corresponde con la realidad. Las tartas (las riquezas) se pueden repartir siempre, al margen de su tamaño (del crecimiento de la economía). Por lo tanto, la redistribución de la riqueza depende siempre de la voluntad política del gobierno de turno y no del crecimiento de la economía, como defiende el pensamiento liberal conservador. No es ocioso recordar que en tiempos de crisis económica las empresas exigen -para garantizar su supervivencia- acumular exclusivamente los beneficios obtenidos, mientras se agudiza el empobrecimiento de los trabajadores, y que en tiempos de prosperidad las mismas empresas siguen apropiándose de todos los beneficios sin que se planteen repartir, cuando menos, una parte de los beneficios que se generan por un mayor crecimiento de la economía, sin olvidar que el reparto, si se produce, será debido a la presión y a las movilizaciones que ejercen los trabajadores organizados.

Por lo tanto, no es extraño que los sindicatos exijan a los partidos políticos una política económica y social (“20 actuaciones urgentes por el progreso y el bienestar social”) encaminada a superar la lacra de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. En concreto, UGT y CCOO exigen derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, la ley de protección de la seguridad ciudadana y el artículo 315.3 del Código Penal; establecer una prestación de ingresos mínimos para los que carecen de un empleo; poner en marcha un Plan de Choque específico para los colectivos con mayores dificultades para su recolocación; incrementar el SMI a 800 euros en el primer año de legislatura; recuperar el subsidio para mayores de 52 años; articular un procedimiento para que los desempleados de larga duración de mayor edad puedan alcanzar una pensión de jubilación digna; abordar a fondo el incremento de los ingresos a la Seguridad Social; acabar con los desahucios; erradicar la pobreza infantil y energética; y abordar una reforma fiscal progresista (que paguen más los que más tienen), que posibilite mantener una política económica y social más justa y sostenible y corregir de manera negociada el déficit y la deuda pública.

En definitiva, el combate contra la desigualdad y la pobreza debe convertirse en el principal objetivo de la UE y, particularmente, de nuestro país y esto sólo será posible llevarlo a cabo desde la izquierda, lo que requiere aceptar de entrada lo que se viene llamando la hegemonía compartida (asumida y no competitiva) entre el PSOE y Podemos, además de seguir colaborando con los sindicatos para seguir defendiendo a la mayoría social de nuestro país. Hoy, desgraciadamente, ni siquiera la lucha contra la desigualdad es capaz de unir a los partidos progresistas, lo que no deja de resultar lamentable porque perjudica sobre todo a los más débiles, como lo recogió El ROTO, en El País, el pasado 25 de julio: “la derecha con la derecha y la izquierda contra la izquierda”. Perjudica también al PSOE -que es el segundo partido más votado y primero en el espacio de la izquierda y que, por lo tanto, debería encabezar el liderazgo de la izquierda y el combate contra la desigualdad-, víctima de la división interna y de las absurdas líneas rojas marcadas por su Comité Federal para frenar la búsqueda de algún tipo de acuerdo con los nacionalistas vascos y catalanes y sobre todo con Podemos, así como de los continuos e inoportunos pronunciamientos de sus líderes territoriales e, inclusive, de ex responsables institucionales y de gobierno sin ningún cargo orgánico en la actualidad.

Como consecuencia, nos espera más derecha hoy, mañana y pasado mañana. Simplemente porque el electorado así lo ha querido, al posicionarse, irremediablemente, a favor del PP, ante el dicho: “el PP nos roba y Podemos nos expropia”, a lo que hay que añadir la profunda división de la izquierda. Mientras tanto, el PSOE se afana en seguir ocupando el centro político junto a Ciudadanos y, en coherencia con ello, mantiene un discurso ambiguo, dubitativo y, como consecuencia, poco convincente y creíble, lo que no genera ninguna ilusión en el electorado. Esperemos con renovada confianza que el PSOE y Podemos, asuman, de una vez por todas, que la oposición en el parlamento debe consistir en combatir exclusivamente las medidas regresivas del gobierno del PP y trabajar a fondo por la regeneración moral y democrática de la vida política a todos los niveles.

En este escenario, y pasado el mes de agosto y la investidura, se comenzará a hablar de los problemas reales que tiene nuestro país: por ejemplo del ajuste económico exigido por la UE (más de 10.000 millones de euros), de los Presupuestos Generales del Estado (PGE-2017), del desempleo, del futuro de las pensiones (capítulo de ingresos) y, cómo no, del próximo congreso ordinario del PSOE y, en concreto, de las opciones de Pedro Sánchez para revalidar su secretaría general, así como de las políticas encaminadas a recuperar la credibilidad de los ciudadanos que, sin lugar a dudas, pasan por defender con valentía las ideas socialdemócratas, fortalecer la democracia interna y fomentar la participación de los militantes en la política partidaria y, sobre todo, en el entramado y complejo tejido social. Seguiremos atentos, a pesar del caluroso verano… Buenas y merecidas vacaciones.