La confirmación de Brett Kavanaugh como noveno juez del Tribunal Supremo ha tenido un efecto de huracán de grado cinco en la política y la sociedad de Estados Unidos.

Hay precedentes de altos tribunales muy sesgados ideológicamente. Hacia el lado conservador, en los años veinte del siglo pasado, cuando numerosas iniciativas progresistas en materia de derechos laborales y sociales, fueron abortadas por el Supremo. Al contrario, desde el final de la II Guerra Mundial se extendió un periodo de sentencias más liberales, entre la cuales destacó el blindaje del derecho de las mujeres a decidir en materia de reproducción.

En virtud de la dinámica de péndulo y de la lotería vegetativa, la revolución conservadora que cuajó en los ochenta no sólo capturó el ejecutivo y el legislativo, sino que, por ende, alcanzó al Poder judicial. En realidad, cabría hablar de reacción más que de conservación. La última generación de jueces orientados a la derecha ha resultado ser mucho más militante. Y los presidentes republicanos mucho más sectarios a la hora de promover a exponentes de estas corrientes marcadamente conservadoras.

Lo ocurrido durante el mandato de Obama es muy significativo. El primer presidente de origen afro-americano pudo introducir a dos figuras progresistas en el alto tribunal, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. Pero tras la muerte del juez ultra Scalia, en 2016, el nominado por Obama, el prestigioso juez Merrick Garland, fue boicoteado por los republicanos, haciendo uso de su mayoría en las dos Cámaras, mediante maniobras de obstruccionismo que impidieron la culminación del proceso. El puesto quedó vacante.

Con Trump en la Casa Blanca y confirmado el control del legislativo por el Great Old Party (GOP), el desenlace estaba cantado. No cabía esperar otra cosa que un reforzamiento ultraconservador del máximo órgano de justicia. Un Trump deseoso de demostrar credenciales conservadoras nominó a un discutido Neil Gorsuch nada más ocupar el despacho oval y el Senado lo invistió en abril de 2017. Ahora, tras la jubilación del centrista Kennedy, ha profundizado en lo mismo, aunque el proceso haya sido mucho más tortuoso con Kavanaugh.

De esta forma, los republicanos cuentan con mayoría de cinco jueces más o menos afines: además de los dos más recientes ya citados, el ultra Samuel Alito, el muy conservador Clarence Thomas (objeto en su día de denuncias por acoso sexual) y el más moderado John Roberts, presidente actual y del que algunos esperan una actitud conciliadora. Los tres inclinados hacia posiciones demócratas son las tres mujeres del Tribunal: Ruth Ginsburg (desde la época de Bill Clinton) y las ya mencionadas Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

Al ser vitalicios estos cargos y puesto que el más veterano de los jueces no pasa de los 70 años (Thomas), es previsible que la actual composición de este Tribunal se mantenga durante mucho tiempo. En todo caso, el suficiente para favorecer una involución social e ideológica tanto o más profunda que la experimentada en los años de Reagan.

Los sectores progresistas norteamericanos han identificado las áreas en las que los avances sociales y políticos se presumen más claramente amenazados: derechos de las mujeres (aborto y planificación familiar), defensa de las minorías (acción afirmativa en materias laborales, administrativas y económicas), promoción de la participación (eliminación de las restricciones para votar y limitación de la influencia del dinero en las campaña) y control de las armas de fuego (refuerzo de las condiciones para acceder a máquinas de matar de uso privado y cotidiano).

Se comprende el desasosiego de los sectores liberales (progresistas) en Estados Unidos y la tentación de revertir o al menos equilibrar la situación mediante medidas excepcionales. Las dos posibles, y arriesgadas, iniciativas, serían las siguientes:

– Aumentar el número de jueces del TS, cuando un demócrata conquiste la Casa Blanca y cuente con un legislativo favorable.

– Intentar destituir a Kavanaugh, basándose en mentiras y malas prácticas realizadas en sus cometidos profesionales anteriores, en particular al servicio de Bush hijo, y sustituirlo por otro u otra con credenciales más progresistas. En todo caso, esta iniciativa esta bloqueada hasta 2021, cuando expira la cobertura del secreto que cubre las acciones de la administración.

Aparte de estas limitaciones legales, algunos analistas consideran que estas dos medidas serían objetables desde un punto de vista constitucional. Ningún juez del Supremo ha sido sometido al procedimiento de destitución (impeachment). Si hay, en cambio, precedente de la extensión del TS: fue durante el mandato de Franklin Delano Roosevelt. Los jueces del máximo órgano de justicia se opusieron tenazmente a las medidas legislativas del New Deal y el jefe del ejecutivo intentó ampliar el Tribunal para neutralizar esa resistencia. Al final, no pudo hacerlo, porque el Congreso rechazó la iniciativa en forma de proyecto de ley de reforma del TS que presentó la Casa Blanca. Muchos demócratas no brindaron su apoyo al Presidente. Al final no fue la voluntad sino la paciencia lo que le permitió cambiar la situación. En su tercer mandato como Presidente, debido a la excepcional situación que supuso la prolongación de la guerra mundial, ocho de los nueve miembros del Supremo fueron propuestos por él.

Hoy en día, un presidente demócrata necesitaría un Senado con 60 votos favorables a esta causa; en caso contrario, los republicanos podrían acudir a uno de esos procedimientos llamados filibusteros, que retrasarían muchísimo el proceso. Al cabo, serían necesarios dos tercios de la Cámara para sacarlo adelante.

Además de esta circunstancia, se plantean otras reservas morales y/o políticas. Si los demócratas propiciasen aprobar una ley que ampliara la dimensión del Tribunal para corregir el desequilibrio actual, no sería descartable (más bien lo contrario) que los republicanos hicieran lo propio cuando recuperasen el control combinado de los dos poderes clásicos del Estado.

Numerosos expertos legales y judiciales de universidades e institutos se muestran muy reticentes a la acción política directa o la manipulación legal del Tribunal y prefieren apuntar soluciones internas, discretas o prudentes. La mayoría confía en que el Chief Justice Roberts entenderá que una cascada de resoluciones orientadas sistemáticamente hacia la derecha sólo contribuiría a intensificar y agravar la actual situación de división y fractura social y, por tanto, debe esperarse que sea capaz de imprimir al sanedrín judicial una mayor templanza, un esfuerzo persistente de consenso.

Se cita otro motivo para esperar una trayectoria más equilibrada en Marble Palace (sede del Supremo): el interés de los propios jueces por no proyectar una imagen de sumisión a las dinámicas de partidismo descarnado que impera desde hace tiempo en Washington. Las relaciones personales y profesionales entre los propios integrantes del Tribunal podrían contribuir a hacer las cosas más fáciles, se apunta en distintos ámbitos jurídicos y académicos.

Pero los liberales y/o progresistas son muy escépticos, teniendo en cuenta el historial de las posiciones adoptadas por Roberts. Por eso, todo indica que el huracán Kavanaugh no ha cesado y asistiremos a réplicas mucho mayores que las tormentas tropicales políticas al uso.

 

REFERENCIAS

– “On the left, Eyeing more radical ways to fight Kavanaugh”. CHARLIE SAVAGE. THE NEW YORK TIMES, 7 de octubre.

– “Bitter partisan battle wounded Kavanaugh and the Supreme Court he’s joined”. ROBERT BARNES. THE WASHINGTON POST, 7 de octubre.

– “The Kavanaugh Court is the one conservatives have worked decades to build”. ROBERT BARNES. THE WASHINGTON POST, 6 de octubre.

– “Confirming Kavanaugh: a triumpf for conservatives, but a blow to the Court’s image”. ADAM LIPTAK. THE NEW YORK TIMES, 6 de octubre.

– “Kavanaugh is confirmed. Now what? NAN ARON. THE NATION, 6 de octubre.

– “Brett Kavanaugh has lied his way onto the Supreme Court. The House has a duty to do: investigate this shameful jurist and hold him to account”. JOHN NICHOLS. THE NATION, 6 de octubre.

– “Brett Kavanaugh’s ugly confirmation fight may reverberate for years inside the supreme court”. ED PILKINGTON. THE GUARDIAN, 10 de octubre.