Pedro Sánchez va a seguir siendo presidente del Gobierno de España la próxima legislatura. El Gobierno de coalición va a revalidar mandato tras las elecciones de 2027. No lo digo yo, lo afirma Núñez Feijóo con cada intervención pública que protagoniza. Estas dos frases taladran el cerebro del presidente del PP y dan vueltas en su cabeza como los caballitos de carrusel en las ferias de los pueblos hasta hacerle enloquecer. La música del carrusel tiene un estribillo machacón: en 2027, ¡Sánchez presidente!; en 2027, ¡Sánchez presidente!; en 2027, ¡Sánchez presidente! Feijóo tiene pesadillas con eso y lo traslada a la opinión pública de forma cada vez más errática.

Es tan errático que ha llegado a cuestionar la «ley de nietos», que permite la nacionalidad —y los derechos que conlleva— a los descendientes de españoles que la perdieron al exiliarse durante la posguerra y la dictadura, con el argumento de que «va a modificar el censo electoral» y que el Gobierno hace «ingeniería» para «fabricar votantes», ahí es nada. Esta medida fue aprobada hace cuatro años y es una norma restaurativa y democrática de reconocimiento de pleno derecho hacia personas que lo perdieron todo tras el golpe de Estado de 1936 y la guerra de exterminio de ciudadanos y ciudadanas que creían en la democracia que significó el franquismo. Igualmente es restaurativa para aquellas que emigraron debido a la pura pobreza a la que el franquismo condenó a los y las españolas con sus políticas económicas desastrosas y el entramado corrupto que montó para beneficiar a un cogollo de familias que ganaron la guerra. Hay que decirle alto y claro a Feijóo que aquello, ese régimen deplorable y asesino, sí que supuso una «modificación del censo», y se produjo por la vía del exilio forzoso y por la vía de las balas, del exterminio interior que se prolongó décadas. Que Franco estuvo «modificando el censo» hasta en su lecho de muerte.

Lo que hace Feijóo con esto es muy grave. No solo porque reitera en prolongar el oprobio que significó el franquismo sobre aquellas personas que defendieron la democracia —ya es hora de que la derecha española reconozca y pida perdón por la salvajada que supuso todo aquello; ya es hora de que entiendan lo importante que es la memoria democrática—, sino porque, además, pretende sembrar dudas sobre el censo de cara a las próximas elecciones. Y ¿para qué? ¿Acaso está tan convencido de que pierde que quiere ir preparando ya el terreno para tener excusas para su propio «asalto al Capitolio»? Lo que hace este sujeto es violencia política. Está a punto de salir con una peluca amarilla y el rostro teñido de naranja. Es una deriva que da mucho asco. Y ya no es que el PP abrace los postulados de TrumpVox, es que son indistinguibles. Feijóo tira la piedra y esconde la mano, y Figaredo recoge el envite y pide directamente a la Junta Electoral que suspenda el voto por correo a todos los españoles residentes en el extranjero. Ahí es nada: ¡suspender de un derecho constitucional a los residentes en el extranjero!, así de un plumazo.

Como han advertido varias veces tanto el presidente Sánchez como la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que le conoce bien, Feijóo ya practicó esto antes cuando fue al asalto del Gobierno de Galicia y le funcionó. Y ahora recupera en esta nueva etapa, como jefe de la oposición al Gobierno de España, estos métodos que tensionan la convivencia democrática de forma salvaje. La agresividad, la rabia, los insultos, las malas formas en cualquier tribuna, la falta de cintura política, el uso de mentiras continuadas, el empleo de argumentos falaces que cuestionan el funcionamiento de la democracia, el descrédito que vierten sobre las instituciones (y esta de la «modificación del censo» es solo una más, una de tantas) y la ausencia total de propuestas políticas alternativas son una prueba del convencimiento de Feijóo, del PP (y del poder rancio al que representan) de que van a permanecer en la oposición al menos cuatro años más. Y ese convencimiento los tiene a la desesperada y en pie de guerra.

Asalto y derribo al Gobierno progresista

Ese convencimiento está llevando a Feijóo y a su partido a cotas de ignominia política de carácter antidemocrático nunca vistas en democracia. Están en una operación de asalto y derribo al Gobierno sin parangón, porque ven que o lo hacen caer sea como sea, por cualquier medio, o en 2027 Sánchez revalida.

Y en esa operación el PP y Vox (no nos olvidemos que Vox es la parte del PP que más hiperventila) son los brazos políticos de un entramado de poder rancio, que tiene aliados en una parte de la judicatura y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que conservan las legañas del franquismo. Un poder del Estado añejo que reacciona contra la propia democracia si es preciso cuando percibe que sus élites pierden privilegios. Ese poder rancio reacciona ante la ampliación de derechos que se están produciendo en esta legislatura, y ya no lo soportan más. El que puede hacer está haciendo, ya sea desde un púlpito político, judicial, mediático o económico (porque alguien financia todas estas «operaciones» mediáticas y judiciales).

Y ¿contra qué se revuelven?:

Contra las subidas continuadas del salario mínimo; contra las políticas de empleo de protección de los trabajadores; contra la ley de vivienda (que las comunidades gobernadas por PP y Vox directamente no aplican); contra la ley de eutanasia; contra las leyes de igualdad (todas ellas, sean las de matrimonio gay, las que van contra la violencia machista, las que prohíben las «terapias de conversión», la ley del solo sí es sí… da igual, van contra cualquiera de estas leyes de respeto y diversidad, ya sean de anteriores legislaturas o de esta; les sobran todas, siempre votaron en contra de estos avances); contra las leyes de memoria democrática; contra la ley del aborto y la petición para constitucionalizarla; contra el progreso del Estado del bienestar en prestaciones sociales, como el ingreso mínimo vital, como la ampliación de dotaciones a la dependencia y la ampliación de bajas de maternidad y paternidad; contra la reforma judicial; contra la regularización de personas migrantes, para que tengan derechos de ciudadanía y se dificulte su explotación salvaje por parte de algunos empresarios que tienen mentalidad de negreros; contra la soberanía de España y su respeto al derecho internacional, denunciando las violaciones flagrantes de ese derecho por parte de Estados Unidos e Israel; contra las resoluciones exteriores de España que catalogan de genocidio el genocidio en Gaza, de agresión la agresión a Venezuela, de guerra ilegal la guerra contra Irán, de agresión inhumana el bloqueo medieval a Cuba…

En definitiva, van en contra de todo lo que signifique ampliar derechos para la mayoría en el plano de las políticas internas y mantener la soberanía española con criterio propio, democrático y de respeto al derecho internacional en las políticas exteriores. Por ir, ¡van hasta en contra de los postulados que defiende el papa de Roma! Así se muestran, así son.

Esto ya ha sucedido antes en nuestro país. La memoria dice que durante la Segunda República la oligarquía nunca aceptó la legalidad constitucional republicana y que, al igual que sucede hoy, una parte importante de la judicatura —amarrada a la oligarquía— trabajó todo lo que pudo en contra de las leyes que se iban aprobando, tal como hacen hoy algunos jueces que impiden con sus sentencias que se apliquen leyes como la de eutanasia, por ejemplo, o que ponen palos en las ruedas para las causas que tienen que ver con violencia machista y violencia vicaria.

Esta judicatura rancia que todavía anida en el seno del Estado funciona como oposición frontal a los avances sociales y se atreve a querer modificar la acción legislativa, que emana del poder de los votos representados en el Parlamento de España. Es atroz. Además, ponen en marcha procesos prospectivos sobre personas relevantes para obligar al Gobierno de coalición a hincar la rodilla, como el caso actual abierto al expresidente Zapatero, o el del hermano del presidente Sánchez, o el de su esposa, Begoña Gómez (dos años y medio perseguida con saña y sin pruebas por un juez con vínculos estrechos con el Partido Popular), que buscan humillación y escarnio público, como si estuviéramos en plena Inquisición, causando indefensión y hurtando las garantías y derechos de defensa que presiden el sistema legal español.

Termino este artículo tal como lo comencé. Toda la maquinaria puesta en marcha para hacer caer al Gobierno de coalición antes de que termine la legislatura, toda la inquina, la violencia verbal y los gestos desmesurados que muestran los portavoces de PP y Vox, toda la persecución prospectiva de algunos jueces, así como todo el entramado mediático que hiperventila con desinformación y mentiras muestra que este Gobierno de coalición está en disposición de revalidar en 2027. Esa idea tiene enloquecido a Núñez Feijóo, que en su desesperación va dejando ver cada día un pedacito más de su alma oscura.