El pasado mes de noviembre se celebró en Madrid el Congreso Internacional del Trabajo. Como resultado del mismo, se acordaron una serie de compromisos para defender en la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social que se celebrará en 2025, con el objetivo de abordar las lagunas existentes y renovar el compromiso con la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social, impulsando con ello el avance de la Agenda 2030.

Se tratará de actualizar los derechos laborales básicos a través de un nuevo contrato social basado en el trabajo decente, el pleno empleo productivo, el diálogo social, el respeto de los estándares internacionales, la protección social y la justicia social.

Así, se propuso integrar en los objetivos de la Cumbre Social la adopción de una Carta Global de Derechos Laborales, que recoja tanto los valores básicos, como experiencias innovadoras y refuerce la respuesta justa frente a las transiciones digital y ecológica.

Se adoptaron en el Congreso diecisiete compromisos con base en los cuatro pilares del trabajo decente, empezando por el derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación, asegurar un tiempo de trabajo compatible con la vida, garantizar una remuneración justa y adecuada al valor del trabajo, respetar la libertad sindical y el derecho de huelga, el derecho a la participación sindical en la gestión y gobierno de la empresa, el derecho de reunión, consulta y participación. La existencia de instituciones de participación democrática a través de la negociación colectiva y el diálogo social.

El compromiso de trabajar para la erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso, a través de normas efectivas, asegurar el derecho de las personas trabajadoras a la estabilidad en el trabajo y a las condiciones de trabajo dignas, priorizando las relaciones laborales de carácter indefinido.

La transición digital justa, de manera que el uso de los algoritmos y de la IA en su conjunto, respete los derechos laborales, los datos personales y la intimidad de las personas trabajadoras. Garantizar la protección de las personas trabajadoras en el sector de plataformas digitales y el fortalecimiento de la negociación colectiva en los procesos de cambio tecnológico.

La transición ecológica con pleno respeto de los derechos laborales, el derecho a la negociación colectiva verde y las medidas de adaptación y protección en el trabajo ante condiciones climáticas adversas, así como la promoción de empleo en ocupaciones sostenibles.

La garantía del derecho a la salud y la seguridad en el trabajo teniendo en cuenta los nuevos riesgos laborales.

Asegurar el derecho a la formación profesional que permita el desarrollo de competencias laborales y el aprendizaje permanente, así como el acceso a servicios de empleo eficaces y a políticas de apoyo activo para el empleo con atención personalizada y especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Sistemas de protección social suficientes que atiendan a las cuestiones de género y a la diversidad, la garantía de derechos laborales y de seguridad social de las personas migrantes.

El apoyo a la Inspección de Trabajo, asegurar la responsabilidad de las empresas por las violaciones de los derechos humanos o daños al medio ambiente y la promoción de medidas de impulso a la economía social y solidaria y de protección del trabajo autónomo, cierran los compromisos de la propuesta de la Carta Global de Derechos Laborales que se propone trasladar a la Cumbre Social de 2025.

Sería muy interesante, en mi opinión, poder aportar a dicha Cumbre una batería de buenas prácticas, que −junto a los retos pendientes− alumbre a la comunidad internacional, en un proceso compartido de globalización de derechos. España tiene un bagaje en los últimos años que puede aportar, como son los procesos de diálogo social que condujeron al mayor escudo social conocido a través de los ERTEs durante la pandemia, la Reforma Laboral, el incremento en más de un 50% del Salario Mínimo Interprofesional, la regulación de los derechos de los trabajadores de plataformas, la regulación de los derechos y la protección en el trabajo doméstico, las normas de igualdad retributiva, la Ley Orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, la Ley de Empleo, la protección de las personas en paro, las iniciativas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con programas de políticas activas de empleo de atención personalizada y que han sido puestas al día en los dos importantes Congresos celebrados también en el mes de Noviembre, el 44º Congreso Confederal de UGT y el 41º Congreso Federal del PSOE.

El 44º Congreso Confederal de la UGT ha actualizado los retos y compromisos en materia de derechos laborales y sociales, destacando su apuesta por una nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley de Participación institucional mediante la cual se garanticen los deberes y derechos que confiere la Constitución Española a las organizaciones sindicales y empresariales.

El 41º Congreso del PSOE ha incorporado en sus Resoluciones el impulso a una jornada laboral más reducida, flexible y saludable, el establecimiento de un reparto más justo de las ganancias empresariales, promoviendo la participación de las personas trabajadoras en los órganos de gobierno de las empresas y en los beneficios, el desarrollo de los servicios garantizados de la nueva Ley de Empleo, a través de la Agencia Española de Empleo, la atención reforzada de orientación, formación y empleo a las personas de los colectivos que padezcan una especial vulnerabilidad o discriminación en el acceso al empleo, o a las personas que vean como se alarga su permanencia en el desempleo, siguiendo la estela de las lecciones aprendidas en los programas de políticas activas de empleo puestos en marcha en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, se ha asumido el compromiso de mejora de la empleabilidad de las personas jóvenes, una mayor atención a la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, el refuerzo de los mecanismos de la negociación colectiva y el avance hacia un Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.

España tiene, por tanto, que ofrecer tanto el importante bagaje del camino recorrido en materia de empleo y derechos sociales, como el compromiso por seguir avanzando en el logro del trabajo digno y el pleno empleo.