En la España de 2025, solo un 15,8 por ciento de los ciudadanos afirma estar suscrito el o alguien de su familia a un periódico. Esta realidad, es el reflejo de un cambio profundo en los medios de comunicación en su conjunto y en como los ciudadanos se informan en sociedades democráticas.

Durante muchas décadas, los periódicos desempeñaron un papel fundamental en la consolidación de las democracias al ser un vehículo esencial en la configuración de la opinión pública y en el fortalecimiento del debate democrático. Esta realidad, llevó a que su papel fuera constitucionalizado, estableciéndose el derecho a la información como algo esencial.

En el caso de España, este derecho, se concretó en el artículo 20 de la Constitución, donde se reconoce y protegen los derechos a “a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades……Y estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.”

Eran medios de referencia con un compromiso explícito con la veracidad y la pluralidad informativa. Pero con la concentración de los medios de comunicación social en grandes conglomerados mediáticos a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, la posterior expansión de internet y la revolución digital, este modelo entró en crisis. Una crisis que parece no tener fin.

La gratuidad inicial de los contenidos digitales erosionó las fuentes tradicionales de financiación, especialmente la publicidad, y se pasó a un modelo de negocio donde la cuenta de resultados prima más que el derecho a la información en un entorno marcado por la inmediatez, la fragmentación de audiencias y la desinformación.

Este nuevo entorno ha generado una transformación radical en los hábitos de consumo informativo. En lo que respecta a los periódicos, la encuesta de audiencia de medios realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra una radiografía muy preocupante:

  • En la actualidad, un 56,6 por ciento de los ciudadanos afirma leer algún periódico habitualmente, mientras un 43,4 por ciento señalan que no. De los que leen periódicos, la mayoría, un 50,9 por ciento lee las ediciones digitales que no tienen coste (internet) y solo un 15,8 por ciento está suscrito o alguien de su familia a un periódico. 5,7 puntos porcentuales menos que en el año 2023, donde el porcentaje de personas que decían estar suscritas era del 21,5 por ciento.

  • Frecuencia de lectura: un 48 por ciento afirma que lee el periódico todos o casi todos los días. 12,3 puntos porcentuales menos que en el año 2023, cuando el porcentaje era del 60,3 por ciento. Un 20,8 por ciento de vez en cuando (10,1 por ciento en 2023). Un 19,4 por ciento dos o tres veces por semana (15,8 por ciento en 2023) por ciento. Y un 11,4 por ciento cuatro o cinco días por semana (13,6 por ciento en 2023).
  • El 77,8 por ciento tiene mucha o bastante confianza en el periódico que lee. 4,4 puntos porcentuales menos que hace dos años cuando el dato se situaba en el 82,2 por ciento. Mientras a un 16,2 por ciento le genera poca o ninguna confianza, 4,8 puntos porcentuales más que en 2023 cuando el porcentaje fue del 11,4 por ciento.
  • Ubicación ideológica de los principales periódicos, siendo 1 “lo más a la izquierda” y 10 “lo más a la derecha”. Los españoles sitúan a El País en una media de 4,22 (4,16 en 2023). El Mundo, en 6,83 (6,92 en 2023). La Vanguardia, en 5,38 (5,48 en 2023). Eldiario.es, en 4,60 (4,47 en 2023). ABC, en 7,43 (7,79 en 2023). La Razón, en 7,28 (7,66 en 2023).

Los datos anteriores muestran unos periódicos sesgados a la derecha. Pero sobre todo exponen que el acceso a la información no es homogéneo al tener que pagar. Es decir, una parte creciente de la ciudadanía no accede a la información completa de los periódicos, sino que se limita a la lectura de los titulares visibles sin pagar, o a noticias fragmentadas que circulan en redes sociales y plataformas digitales.

Esta dinámica genera una doble paradoja alarmante desde el punto de vista democrático. Por una parte, nunca ha habido tanto acceso a contenido, que no información, y, sin embargo, la calidad de la información ha caído estrepitosamente. Y por otra, está aumentando una desigualdad informativa por renta que afecta a la calidad de la información a la que pueden acceder amplias capas de la población antes de tomar sus decisiones en democracia.

Esta transformación plantea un problema estructural de desigualdad informativa. El acceso a información veraz, contrastada y contextualizada, que requiere tiempo, análisis y recursos humanos, se está convirtiendo en un bien de lujo, accesible solo para quienes pueden permitirse pagar suscripciones o cuentan con formación suficiente para discernir entre fuentes confiables y desinformación.

En cambio, amplios sectores sociales quedan expuestos a contenidos simplificados, polarizantes, sensacionalistas, o falsos, es decir, expuestos a más desinformación que condiciona su participación en la vida democrática.

Al no poder pagar, el derecho a la información reconocido constitucionalmente se debilita gravemente si no hay potentes medios de información públicos que lo equilibren.

Esta asimetría en el acceso a la información vulnera el principio de igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales. En una democracia el derecho a la información no puede estar determinado por la capacidad adquisitiva del ciudadano.

Pero la desinformación estructural no solo afectan al individuo, sino que debilitan al conjunto del sistema democrático, rompe el marco de convivencia, erosiona la deliberación pública y potencia la polarización afectiva y el auge de populismos autoritarios.

Frente a esta situación, los poderes públicos tienen que regular para garantizar a toda la población el acceso a la información veraz. Fomentando el periodismo de servicio público, la financiación de medios independientes a través de fondos públicos con criterios de pluralismo y transparencia, y la incorporación de la alfabetización mediática en todos los niveles educativos. Además, de exigir responsabilidades a los “asesinos de la verdad” que utilizan la desinformación sistemática para conseguir sus objetivos y para socavar la democracia.

Recuperar la centralidad de una información rigurosa y accesible para todos los ciudadanos es urgente si queremos que sobreviva un proyecto colectivo de libertad e igualdad llamado democracia.