La Constitución Española establece en su artículo 129.2 que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
Con este origen constitucional, el Ministerio de Trabajo y Economía Social promovió, a través de una Comisión Internacional de personas expertas de alto nivel, la elaboración de un informe sobre la Democracia en el Trabajo.
El informe, ya finalizado hace unos meses, tenía como objetivo evaluar el estado actual de la democracia en el trabajo en España, estudiando para ello la evolución histórica del referido artículo 129.2 de la Constitución Española y la contextualización de la situación española en el marco europeo.
También incorpora la articulación de conocimientos que manifiestan cómo la democracia en el trabajo puede servir como respuesta a retos a los que nos enfrentamos como la desigualdad y la sobreexplotación de los recursos naturales.
La segunda parte del informe aborda el trazado de una trayectoria para la transición de la economía española hacia la democracia en el trabajo, e incluye la identificación de instrumentos de política pública y legislación sobre los derechos de las personas trabajadoras, así como el análisis de los obstáculos institucionales y de las alternativas para el fomento de una cultura de práctica democrática en el lugar de trabajo. Todo ello conectando las diferentes iniciativas en el marco de la Unión Europea.
El informe concluye que la democratización en la empresa ofrece posibilidades muy importantes para abordar los principales retos como la crisis en la sucesión a que se enfrentan las PYMES, el retraso en competitividad, especialmente en la calidad en el empleo y en la innovación, los abusos y usos indebidos de la Inteligencia Artificial, la pérdida de soberanía económica y de resiliencia territorial, la fragmentación de la cadena de valor y la informalidad laboral, el debilitamiento de la sociedad civil y de los sindicatos, la pobreza y la desigualdad, la desafección hacia las instituciones democráticas y el deterioro del medio ambiente natural.
Además, el informe establece una serie de recomendaciones clave para aplicar un enfoque estratégico capaz de transformar las empresas españolas en las más participativas e innovadoras de Europa, en torno a los dos pilares, voz y propiedad, establecidos en el artículo 129.2 de la Constitución Española. Y propone una nueva herramienta que denomina Índice de Desarrollo Democrático Corporativo, basado en dos escalas de puntuación de participación que midan el acceso de las personas trabajadoras a la voz y a la propiedad.
Con este motivo, la Plataforma por la Democracia Económica y la Asociación Argumentos Progresistas están impulsando el fomento de un debate sobre la Democracia en el Trabajo, en el que, liderado por nuestro compañero de tribuna Toni Ferrer, participan miembros de la Comisión Internacional de Personas Expertas y los representantes de Acción Sindical de las organizaciones sindicales UGT y CCOO, así como otras personas responsables de las estructuras sindicales.
En concreto, el pasado 26 de mayo se celebró un importante debate con la participación de Gemma Fajardo, Profesora Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia, y de los responsables de Acción Sindical de ambos sindicatos, Fernando Luján y Javier Pacheco.
En el debate, además del recorrido histórico de la evolución de la participación de las personas trabajadoras en la empresa, se señaló, por supuesto, el convenio colectivo como conquista democrática a la hora de avanzar en la participación, pero también la necesidad de promover nuevos avances.
Se señala la importancia de pasar de una posición pasiva a una posición activa en materia de información y consulta. La necesidad también de reforzar el papel de acompañamiento de los sindicatos a las personas trabajadoras en todos los procesos de transición a los que nos enfrentamos y, particularmente, el poder cogobernar los elementos de producción derivados de la evolución tecnológica o controlar el acceso a los centros de decisión sobre las nuevas formas de prestar servicios.
No cabe duda de que, como bien se señaló, este es un debate contracíclico y, en mi opinión, precisamente por eso, más necesario si cabe.
Ahora que el nuevo capataz es el algoritmo, conviene no olvidar que detrás de éste siempre hay una persona que se lleva el sobbeneficio. Este aspecto, y los derivados de la manera de organizarnos para acceder a las posibilidades de participación teniendo como fundamento a la persona trabajadora como mejor garantía de estabilidad para la empresa y a la necesidad de europeización de las empresas españolas, deberían ser suficientes motivos para implicar a la empresa española en el debate y en el acuerdo a través del diálogo social, para establecer la normativa que desarrolle estas nuevas formas de participación democrática de las personas trabajadoras en la empresa y en el acceso a los medios de producción, que den cumplimiento al mandato constitucional.
