La historia de la humanidad se caracteriza por el tránsito entre los distintos territorios del planeta. En los dos últimos siglos, el mundo ha conocido procesos masivos de migraciones, pero actualmente los flujos migratorios alcanzan magnitudes inéditas. Según el informe sobre las Migraciones en el Mundo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2020 se estimaban en 281 millones el número de migrantes internacionales. Esta cantidad duplica de sobra a los 128 millones de 1990 y triplica considerablemente a los 70 millones de 1970. En 2022 la cantidad de personas desplazadas alcanzó la cifra récord de 117 millones.

El fenómeno migratorio afecta a todo el mundo y la globalización de la economía evoluciona paralelamente al crecimiento de los flujos migratorios. Las migraciones han sido siempre absolutamente esenciales para el progreso humano en todas las civilizaciones. Las respuestas a las migraciones deben darse mediante el pleno respeto de los derechos humanos, a través garantizar procesos seguros, ordenados y regulares de acuerdo con lo que se promulga en el Pacto Mundial sobre Migración de la ONU y la Agenda 2030. En cambio, desde la extrema derecha y otros sectores reaccionarios pregonan el odio hacia los niños y adolescentes migrantes sin familia, y generan la alarma social criminalizando a las personas migrantes de la inseguridad y la delincuencia.

Desde la crisis migratoria provocada por la guerra de Siria en 2015, este discurso xenófobo y racista ha calado en una parte de la población europea e impregnado a partidos de las derechas. Actualmente algunos gobiernos, de distintos colores políticos, han sucumbido también al ideario reaccionario y han adoptado políticas migratorias restrictivas. A la criminalización de las personas migrantes se añaden otras falsedades, como acusarlos de acaparar los empleos existentes, ocupar ilegalmente viviendas o recibir la mayoría de las prestaciones de los servicios sociales. Desde estas posiciones se pretende reducir las políticas migratorias a un problema de seguridad interior o de gestión de las fronteras exteriores.

Aunque la realidad sea bien distinta, pues la evolución demográfica en los países desarrollados está caracterizada, entre otras cuestiones, por: la baja natalidad, el envejecimiento de la población, la escasez de mano de obra o carencias en las competencias profesionales.  Desde la ONU, y otros organismos internacionales, llevan años advirtiendo que Europa para mantener su modelo social, basado en el Estado de bienestar, debería incrementar su población en unos 60 millones de habitantes para el año 2050, en su mayoría personas trabajadoras migrantes. Para proteger los derechos de los trabajadores migrantes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsa la ratificación e implementación de las normas internacionales.

Los solicitantes de protección internacional representan, y representarán, una parte importante de los flujos migratorios debido a la inestabilidad política en las fronteras de la Unión Europea (UE). En el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, su desenlace ha estado muy condicionado   por las presiones nacionalistas y de las derechas y no da una respuesta clara a las necesidades de la UE. Pues pone el acento en las fronteras exteriores y la externalización de la gestión del asilo, con medidas como el “Pagar para no acoger”, de hecho, el Gobierno de Italia pretende trasladar a personas migrantes de su país a Albania, maniobra que ha sido anulada por el Tribunal Supremo italiano. El Gobierno de España está promoviendo una política migratoria orientada a establecer acuerdos con los países de origen.

Según la ONU, en España para mantener el ritmo de crecimiento económico hasta 2050 sería necesario incrementar el número de habitantes en casi siete millones de personas. Para ello se deberían transformar los flujos migratorios en seguros y regulares, pues ahora se producen de forma irregular, a través de mafias, en condiciones extremadamente peligrosas y muchas veces con resultados dramáticos. Se requiere intensificar la cooperación internacional con los países de la región noroccidental de África ante los problemas que les afectan: las crisis económicas, la expansión demográfica, el cambio climático, los conflictos armados o los regímenes dictatoriales. Estas y otras razones presionan a las poblaciones autóctonas de estos países hacia Europa, siendo España la puerta sur de acceso. También adquieren gran relevancia los flujos que se producen con Latinoamérica, por las razones históricas, culturales y lingüísticas que nos unen.

El Consejo de ministros, del 19 de noviembre, aprobó la reforma del Reglamento de Extranjería que reduce los plazos y simplifica los requisitos para regularizar a las personas migrantes que viven en España sin papeles, del que podrían beneficiarse unas 900.000 personas en los próximos 3 años. La nueva norma, que entrara en vigor en mayo de 2025, busca atender las necesidades de nuestro mercado laboral y mejorar la integración de las personas migrantes a través de tres palancas: trabajo, formación y familia. También el Congreso acordó, el pasado mes de abril, tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de las personas migrantes, por amplia mayoría, solamente votó en contra la extrema derecha. La ILP, que actualmente está en proceso de tramitación parlamentaria, fue promovida por la plataforma Regularización Ya y prevé la regularizar de forma extraordinaria a más de 500.000 personas.

Hasta ahora en nuestro país se han realizado nueve regularizaciones de personas extranjeras sin permiso de trabajo o residencia con resultados positivos tanto para la sociedad como para economía. Cinco procesos fueron impulsados por el Partido Popular y cuatro por el PSOE, la última fue en 2005 realizada por el Gobierno socialista que regularizó 576.506 personas. Las reacciones negativas ante el nuevo Reglamento de Extranjería han estado encabezadas por la extrema derecha que pide al Gobierno su derogación y la expulsión de las personas sin papeles. Para las entidades sociales la nueva normativa supone mejoras en la situación actual, pero alertan sobre la situación de indefensión en la que podrían quedar las personas a las que se les denieguen sus solicitudes. Por último, desde las instancias de la UE se ha valorado positivamente la nueva regularización por el cumplimiento de la normativa comunitaria.