Las imágenes aterran. Una mujer camina por la calzada a la izquierda de la imagen. Por la derecha de la misma, irrumpe un policía enorme, la empuja por la espalda con violencia inusitada y la mujer cae y se estrella con estrépito contra el asfalto. La mujer en cuestión es una profesora jubilada de 68 años que se manifestaba delante de la Consejería de Educación de Valencia, para apoyar solidariamente a sus compañeros en huelga, en un conflicto educativo que lleva varias semanas y que se ha enconado. En otra imagen sucesiva se ve cómo acuden a socorrerla: otro docente recoge a la mujer del suelo, la abraza con ternura y la consuela. La mujer tuvo que ser atendida y hospitalizada, con rotura del tabique nasal. Y pudo ser peor. Pudo darse contra el bordillo o caer mal y golpearse la cabeza contra el asfalto. Con esa violencia y la velocidad que llevaba el policía, que tiene cuerpo de armario y actúa sobre una mujer menuda que no podía esperar semejante agresión, podría haberle causado incluso la muerte por la fuerza del impacto.
Esta acción policial no puede ser más deplorable y desproporcionada, destila una violencia injustificable hacia una ciudadana que se manifestaba de forma pacífica, ejerciendo su derecho de manifestación. Toda España ha visto estas imágenes. Particularmente, cuanto más veo estas imágenes, más me duelen los ojos y el corazón. Esa maestra somos todas. Cualquier persona que haya ejercido su derecho democrático de manifestación, lo esté ejerciendo o lo quiera ejercer en el futuro, puede ser esa maestra jubilada de 68 años, que caminaba confiada tranquilamente por la calzada hasta que un policía la agredió de forma gratuita. Me solidarizo con ella, porque pienso que podría haberme ocurrido a mí, que ejerzo ese derecho cuando lo considero necesario. Muchas personas nos preguntamos: ¿por qué? ¿Qué necesidad había de emplear esta violencia desproporcionada? ¿Cómo es posible que se maltrate así a una maestra de escuela que lucha por la mejora de la educación pública? ¿Por qué razón hay policías que se comportan así? ¿Acaso desde la ley mordaza algunos policías se piensan que pueden hacer lo que quieran? ¿Acaso les influye a algunos el clima de odio que agitan las derechas?
Las maestras y maestros de la Comunidad Valenciana llevan ya más de tres semanas de huelga indefinida —inician la cuarta semana— por la mejora de un recurso público al que seguramente tendrán que acudir los hijos del policía en cuestión, si los tuviera. Luchan por la mejora de la calidad educativa y la inversión en la pública para el alumnado, luchan por sus mejoras salariales —que las merecen—, luchan por las bajadas de ratios para poder atender mejor al alumnado y luchan por mantener el valenciano en la escuela, la lengua materna de la población de la Comunidad Valenciana, que el PP y Vox quieren sacar de la escuela pública. En definitiva, luchan por la calidad de la escuela pública, la de todos y todas, la que favorece la inclusión y la cohesión social. La agresión gratuita a esta maestra ha sido un mazazo en las cabezas del cuerpo social docente, que reclama sus derechos en las calles, y ha sido un acicate para que muchas maestras y maestros decidan acampar en la plaza de la Virgen de forma indefinida como protesta hasta que se negocie con ellas. La agresión también ha retumbado en la ciudadanía con conciencia democrática, porque la violencia policial nunca es una solución de nada. En ese tipo de actuaciones perdemos todas. Es injustificable en democracia: la policía está para proteger a la ciudadanía, no para machacarla.
Espero que se derogue la ley mordaza en esta legislatura, porque considero que propicia que algunos policías se consideren por encima de la ciudadanía a la que deben respeto y protección, tratando a la gente a mamporrazos y con desproporción en demasiadas circunstancias.
Proteger el derecho a manifestarse con seguridad
La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, condenó la actuación policial de forma inmediata con un tuit que decía: “La imagen que acabamos de ver es inaceptable. Vamos a investigar lo ocurrido de forma exhaustiva para depurar responsabilidades. Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia. Este es un hecho incomprensible que empaña el trabajo de la policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes”.
El sindicato UPF de la Policía contestó a Pilar Bernabé en otro tuit con tono amenazante: “Usted no va a investigar nada, en todo caso será un juez quien debe depurar responsabilidades…”. “Todo nuestro apoyo al compañero y su actuación. Si sales a cortar calles te expones a que te retiren de ellas”. “Deje de hacer política con nuestro trabajo”.
Causa estupor que un sindicato policial se dirija así a la autoridad civil de la que depende, en este caso la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé. Y causa terror y mucha preocupación el escaso respeto a la democracia que muestra el citado sindicato policial con la frase “si sales a cortar calles te expones a que te retiren de ellas”. Ojo con la terminología amenazante: “te retiren de ellas”. Hablan de retirar personas como si fueran objetos que obstaculizan, como si se tratara de cubos de basura mal colocados en medio de la calzada. Es alucinante. El derecho de manifestación es un derecho fundamental en una democracia. La policía está para garantizar que ese derecho a manifestarse se realice con seguridad, no a golpazos y con desproporción. Según la L.O. 2/1986 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la actuación policial debe regirse por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, con intervenciones graduales y proporcionadas. El empujón violento y en carrera efectuado por la espalda a una persona es desproporcionado y no tiene ninguna justificación posible. Así no se hace. Así no.
Era de esperar que algunas personas (van ya más de doscientas), en este caso docentes, que no quieren ser “retiradas” porque tienen derechos, hayan decidido acampar en la plaza más céntrica de Valencia para reivindicar que el espacio público es un lugar en el que es lícito visibilizar pacíficamente los malestares sociales. La pelota está en el tejado del actual gobierno de PP y Vox en la Comunidad Valenciana, que tiene la obligación democrática de atender las justas demandas de las y los docentes y reunirse con ellas para solucionar este enconado conflicto educativo.
