Según ha informado la prensa, el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado sentencia en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Diputados del Partido Popular frente a la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Sabemos su contenido en líneas generales desestimando el recurso de inconstitucionalidad de la derecha, pero la sentencia completa no ha aparecido en la página web del Tribunal Constitucional (la última aparecida en la web es del 26 de mayo) por lo que lo más oportuno, más que comentar jurídicamente un texto que no se ha hecho aún público, es enmarcar el recurso y atisbar los efectos políticos de la misma. Es verdad que en la prensa ya han aparecido artículos y hasta entrevistas de eminentes profesores de Derecho Constitucional, de Derecho Administrativo y de otras disciplinas jurídicas, dónde han pontificado y glosado una sentencia que sólo conocen de oídas. Pero eso no ha de extrañar porque, como comentaremos más abajo, en este tema el comportamiento ético de algunos eminentes juristas ha dejado mucho que desear. De modo que vamos a comentar la dimensión política del combate conservador contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, y sus previsibles efectos.

El combate jurídico que todas las derechas españolas (Partido Popular, Vox, la derecha judicial) han emprendido contra una Ley del Parlamento es memorable. No importa que Núñez Feijóo hubiera aprobado la misma Ley si la hubiera necesitado, de la misma manera que José María Aznar pagó un precio muy alto a CiU (despliegue completo de los Mozos de Escuadra en Cataluña, cesión de tributos, desaparición de los Gobernadores Civiles, supresión del servicio militar obligatorio, etc.). ¿Las cesiones de Aznar al Gobierno catalán entrarían en la categoría de corrupción que con tanta alegría como ignorancia emplea Núñez Feijóo? En su rabia por no poder gobernar, las derechas hicieron un doble cálculo. Por un lado, encontrar un leit-motiv duro con el que golpear al Gobierno. Por otra parte, tratar de provocar el fracaso de uno de los puntos pactados entre el PSOE y Junts, a ver si Junts se separaba de lo pactado.

Y para luchar contra una Ley hacen falta motivos jurídicos. Aquí apareció un grupo de juristas, en activo unos, jubilados otros, que se inventaron una Constitución inexistente para explicar que la amnistía no cabía en la Constitución. Cuando la sentencia se publique se podrá comentar pormenorizadamente, y no oídas, pero por hoy bastan dos datos: la Constitución no prohíbe las amnistías (como sí prohíbe los indultos generales) y es incorrecto hablar de “autoamnistía” porque ni en el Congreso ni en el Senado votó ningún amnistiado.

En cualquier caso, la batalla fue feroz. Libros, artículos doctrinales, comentarios de prensa, todo servía para desacreditar la Ley. Es lícito estar políticamente en desacuerdo con la amnistía, sobre todo si uno se sitúa en la derecha. Pero no es lícito trasmutar un legítimo descuerdo político e ideológico en dictamen jurídico porque el Derecho es lo que es y la Constitución regula lo que regula. Más grave fue lanzar contra la Ley a una parte del Poder Judicial que incluso se concentró en la calle… antes de que se publicara la proposición de ley. Por eso se tiene la sensación de que las derechas han cogido el tema de la amnistía como banderín de enganche para acentuar, fuera de los límites constitucionales, la presión contra el Gobierno. Además, es una campaña que puede calar en las clases medias y en sectores profesionales susceptibles de votar al PSOE, tratando de desactivar ese voto.

La sentencia se ha dictado, la batalla de la constitucionalidad ha acabado, pero, sin embargo, han quedado huellas que son preocupantes. El primer tema de preocupación es que la prensa de la derecha está haciendo llamamientos al Poder Judicial para que la incumpla dando por supuesto que no va a acatarla:

  • “Tranquilidad en el Supremo. La sentencia del TC ‘no nos afecta’” (ABC, 27 de junio de 2025); y
  • “El Supremo, impermeable a las ‘presiones’ del Gobierno” (El Mundo, 27 de junio de 2025).

Y el llamamiento no es inocuo como lo prueba que Pugdemont sigue sin poder acogerse a la amnistía.

El segundo tema de preocupación, que afecta a la convivencia democrática, es la hipérbole. Hipérbole en Núñez Feijóo, que ya nos tiene acostumbrados, pero también en ABC al publicar en primera plana un editorial apocalíptico que engaña a sus lectores. Hipérbole en la primera plana de El Mundo: “El Constitucional de Sánchez legaliza la amnistía y ampara su ‘fin oculto (sic)”. Valgan dos ejemplos más: “El aval del TC a que el Congreso ignore la Constitución abre la vía a la autodeterminación” (ABC, 28 de junio de 2025), y “Pumpido, enterrador de la Constitución” (El Mundo, 29 de junio de 2025).

Las derechas han levantado una bandera que oculta dos realidades. Por un lado, que nunca ha estado tan bajo el independentismo en Cataluña desde que la represión ha dejado de ser un tema acuciante. Y, por otro lado, que la amnistía no ha roto España.

Y el tercer tema de preocupación es el desprestigio del Tribunal Constitucional por parte de las derechas que, como es habitual, hunden todo lo que no pueden dominar. Por eso es éticamente reprobable la campaña de ciertos profesores que se han prestado a desprestigiar al Tribunal para complacer el odio africano de las derechas.

La sentencia se ha dictado, pero la presión no acabará ni en los Tribunales, con una parte del Poder Judicial en guerra contra el Gobierno legítimo, ni tampoco en el Parlamento. Tampoco acabará en las instituciones europeas, donde el Partido Popular está empujando al Partido Popular Europeo contra España. La conclusión que de esta guerra se saca es que las derechas españolas destruyen todo cauce de convivencia. Si la izquierda no se pliega, desata guerras con grandes medios (sobre todo de prensa), guerras que conducen a la crispación y la confrontación.