Hace varias semanas la Comisión Europea, en su documento de primavera sobre la situación económica de los veintisiete, alertó sobre la insuficiencia de viviendas asequibles y dignas para su ciudadanía; mostrando que este problema afecta en mayor o menor medida a unos u otros Estados de la Unión:

“El acceso a viviendas asequibles-señala el documento-también sigue siendo un desafío importante, especialmente para los más vulnerables…”.

Por lo que a España se refiere, hemos de destacar la singularidad que supone el hecho de que en la última década se han producido o generado un 43% más de hogares que de viviendas construidas a nivel nacional.

Concretamente, frente a un millón de hogares, se han edificado sólo 683.200 viviendas. Tan solo en el año 2023 se crearon 278.000 hogares, sumando en su conjunto 19,2 millones. Esta disparidad se explica por dos razones fundamentales, el tamaño de la población migrante, de un lado, y el incremento de los hogares de menor tamaño de otro.  No en vano, según el Instituto Nacional de Estadística, su tamaño medio es de 2,5 personas, superando los hogares unipersonales los 5,4 millones (el 28% del total en el año 2023).

Para equilibrar la oferta y la demanda de viviendas en nuestro país, y según estimaciones del Banco de España, sería necesario construir unas 600.000 mil más, hasta el año 2025.  Consiguiéndose también con ello frenar el progresivo encarecimiento en el precio de las viviendas, que se viene produciendo por su escasez y por la existencia de una demanda sensiblemente superior a la oferta. Debiéndose destacar la anomalía que supone el que ese desequilibrio se acentúe precisamente en los territorios con mayor concentración poblacional y en las zonas más turísticas; donde la escasez de pisos y apartamentos es definitoria.

En recientes declaraciones de Ángel Gavilán, director general de economía y estadística del Banco de España “los precios de la vivienda, tanto en compraventa como en alquiler, han aumentado de manera apreciable en la economía española”. Añadiendo que “ha habido un comportamiento muy dinámico de la demanda de vivienda, en parte como consecuencia de los flujos migratorios, pero también por el cambio en la composición de los hogares, y una oferta que ha reaccionado de forma mucho más plana”.

Por ello nos atrevemos a vaticinar que, de seguir en esta línea de desequilibrio entre la oferta y demanda en materia de vivienda, en los próximos años esta problemática se agudizará. Consideremos, por ejemplo, que en el año 2027 se prevé que el número de hogares españoles superará los 20 millones (los 21 millones en el año 2023), no adecuándose a tal realidad el número de viviendas entonces disponibles (y en condiciones asequibles de compra o alquiler) para las necesidades reales.

Y todo lo anterior, a pesar de cuanto reconoce el artículo 47 de la Constitución española, al declarar que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Atribuyendo a los poderes públicos “la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

Derecho constitucional a disfrutar de una vivienda, que en la práctica no se está cumpliendo adecuadamente por las diversas Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) que tienen delegadas por el Estado esta función social.  Muy al contrario, la grave situación que atraviesan muchas personas, familias y pequeñas empresas está poniendo en serio peligro la consecución del citado objetivo, lo que se evidencia cada vez más en episodios de aguda insatisfacción social.

Y es que los datos expuestos no dejan lugar a dudas. Los precios de las viviendas son elevados; incluso en muchos lugares son de tal magnitud que el derecho constitucional a su disfrute se está convirtiendo en un bien cuasi de lujo, de difícil acceso para la mayoría de la población. Téngase en cuenta, como dato evidenciador de cuanto estamos manifestando, que tan solo en 2022 el crecimiento interanual de su precio fue del 5,5%; lo que ocasionó en 2023 un descenso de las compras, debido también acumulativamente al endurecimiento de las normas crediticias, con una progresiva elevación de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios. Aun cuando esto último lo justificasen las autoridades del Banco Central Europeo para luchar contra la creciente inflación en todos los 27 países de la Unión Europea.

Aun así, para los ciudadanos privilegiados que pueden adquirirlas, la partida de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” alcanzó un gasto medio de 10.243 euros por hogar en el pasado año 2023, según informa el INE:  lo que supone un 32,4% del presupuesto total del hogar medio (17,42 en el año 2005). De tal suerte que alquilar una habitación (hecho impensable hace no muchos años) como solución al problema, se ha convertido en la única opción, sobre todo para muchos jóvenes. Y ello, a pesar de que su precio se ha disparado en un 42% en cinco años, con una media mensual de 500 euros de renta.

Así las cosas, la actual brecha generacional la marcan hoy en día, entre otras circunstancias las dificultades de acceso a una vivienda y los bajos salarios; lejos de los años en que la condicionaban las pensiones. Consecuentemente, son los jóvenes los más damnificados. Y por sectores sociales, los inmigrantes (no nacidos en los países de la Unión Europea), las personas con discapacidad y las de bajas cualificaciones profesionales o en desempleo de larga duración.

Por edades, como hemos indicado, los más afectados son los jóvenes, actuando esta situación de dificultad de acceso a la vivienda, negativamente sobre los calendarios vitales: la emancipación se alarga a edades cada vez más tardías (30,3 años en 2012, según Eurostat) y la llegada de los hijos se retrasa (32,6 años en 2022, según el INE).

Algunos otros datos apoyan lo anterior; como el paro juvenil, que ascendió al 28,36% en 2023 (con más de 400.000 jóvenes entre los 16 y 24 años), a diferencia de lo que acontece por ejemplo en Alemania (5,7%), Malta (7,8%), República Checa (8,1%) o los Países Bajos (8,2%).

La alta incidencia del paro, el elevado índice de desempleo estructural y la precariedad laboral entre las nuevas generaciones, junto a las extraordinarias dificultades para adquirir o alquilar una vivienda, revelan así las dos principales rémoras que estos grupos juveniles tienen como ciudadanos: coronar el derecho constitucional a un trabajo y a una vivienda dignos. Con el agravante de que las familias están realizando aquí en España funciones sustitutorias de las que en otros países de la Unión Europea más avanzados socialmente que el nuestro resultan propias de las Administraciones Públicas.

Esto es incuestionable. Las familias españolas acometen hoy día un papel especialmente relevante a modo de colchón económico y emocional con sus miembros más vulnerables

Entre los jóvenes, esta reflexión es particularmente oportuna, pues diversos estudios sobre este grupo etario comparten que tan solo sus familias les generan seguridad y confianza. Además, el hecho de que las relaciones intergeneracionales abuelos-padres-hijos-nietos-bisnietos sean simétricas y tolerantes, contribuyen a amortiguar las sensaciones de frustración en las que pueden verse inmersos. Aunque todo ello pueda generarles más dependencia económica, psicológica y afectivo emocional que les impida iniciar sus vidas de un modo más autónomo; con efectos y consecuencias, hoy por hoy, difíciles de predecir y evaluar.

Por último, debemos añadir que, de acuerdo con los análisis del “Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales”, iniciados en el año 1996 y del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la juventud se presenta a sí misma como una generación perdida y con cuadros de desesperanza, muy alejados de las ideas tradicionales de ilusión y vitalidad, propias de quienes inician sus vidas y deberían “comerse el mundo”.

La intención del Gobierno de destinar 1.000 millones de euros de los fondos europeos para la construcción de 20.000 viviendas para alquiler social tiene así mayor valor en un contexto como el que hemos mostrado.

Estas y otras medidas complementarias resultan obligatorias de cara a dar solución a una problemática de la mayor relevancia, alejando del desengaño y del desaliento tanto a los jóvenes, como a aquellos a quienes la sociedad impide erigir sus vidas desde la paz y el sosiego derivados de la construcción de un hogar, en el sentido más profundo y trascendente.