España ardió este verano como nunca desde 1994. Y a la conmoción por las pérdidas humanas, materiales y medioambientales se unió la indignación de la población al conocer las condiciones y los salarios que tenían los bomberos forestales que estaban jugándose la vida para combatir el fuego.

Las noticias se acumulaban en los medios de comunicación: El Norte de Castilla: “La Junta de Castilla y León reconoce que contratan a bomberos sin experiencia ni formación reglada”. Eldiario: “De los 1.170 euros en Castilla y León a los 3.600 euros de Catalunya: la desigualdad salarial de los bomberos forestales” “Los bomberos forestales de Madrid mantienen la huelga tras una reunión con el Gobierno de Ayuso que tildan de “lamentable”. Onda Cero: “El Gobierno anuncia una mejora salarial para los bomberos forestales de TRAGSA: jornada máxima de 14 horas y trabajo preventivo en invierno”

Junto a estas noticias, los españoles iban conociendo que muchas plazas de bomberos forestales se cubren con contratos temporales de cuatro meses, de junio a octubre, o de seis meses en otros casos; que en varias comunidades autónomas cuando termina la temporada alta de incendios, los contratos se suspenden o finalizan; que las diferencias salariales entre bomberos es enorme, incluso entre aquellos que realizan funciones similares; que las jornadas de trabajo son muy largas llegando a casos de más de catorce horas en incendios extremos; que en muchas comunidades, no se reconocen o aplican complementos por peligrosidad, toxicidad, nocturnidad, etc., de forma adecuada o homogénea; que en Castilla y León, se habla de un plus de peligrosidad de apenas 2,20 €/hora; en definitiva, que las condiciones laborales, salariales y materiales de los bomberos forestales eran muy precarias y muy desiguales entre comunidades autónomas.

En este contexto, parece razonable que las comunidades autónomas que son las competentes en la materia principalmente dediquen más recursos a la prevención y extinción de incendios. A la vez, que aplican unas condiciones mínimas que sean comunes para toda España. Pero mientras lo hacen, es conveniente que conozcan la opinión de los españoles.

En la encuesta Protección Civil III, realizada recientemente por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se observa en relación con la gestión de los incendios que:

  • El 55,1 por ciento de los ciudadanos están convencidos de que lo más importante en la gestión de incendios es la prevención. Un 43,5 por ciento asegura que es tan importante la prevención como la extinción y solo el 0,8 por ciento señala que es más importante la extinción.
  • El 54,3 por ciento considera que su comunidad autónoma, por sí sola, está poco o nada preparada para hacer frente a los incendios forestales. Mientras que un 36,8 por ciento cree que está muy o bastante preparada.

  • El 80,8 por ciento cree que es preferible que los servicios de prevención y extinción de incendios de su comunidad autónoma sean públicos frente a un 7,8 por ciento que prefiere que se contrate a empresas privadas. Un 5,3 por ciento opina que lo mejor es que sea un modelo mixto.

Dentro de esta preferencia por el servicio público, las mujeres (84%) presentan un porcentaje superior al de los hombres (77,4%) en 6,6 puntos porcentuales. En cuanto a la auto ubicación ideológica, las personas que se sitúan en la izquierda presentan porcentajes superiores a los que se encuentran en la derecha.

Y en relación con el partido al que votaron, PP y Vox harían bien en escuchar primero y hacer caso después a sus propios votantes, porque se observa una contradicción importante entre unos y otros, cuando dentro de pocos meses se tendrá que votar en Castilla y León, una de las comunidades autónomas más castigadas por el fuego y por la incompetencia de su gobierno autonómico.

Frente a la estrategia negacionista del cambio climático y privatizadora de servicios públicos impulsada por estos partidos, se evidencia que, aunque en porcentajes menores que en el conjunto de la población, la mayoría de los votantes del PP y Vox prefieren que los servicios de prevención y extinción de incendios sean públicos frente a contratar empresas privadas.

En España, la mayoría de la población, más allá de su orientación ideológica y del partido político al que vota, piensa que la protección de los bosques, y del territorio frente a la amenaza creciente de los incendios no puede quedar supeditada a la lógica del negocio y del beneficio privado.

Nuestra seguridad exige instituciones fuertes y recursos públicos en materia de prevención y extinción de incendios. Eso significa realizar una gestión ambiental y de protección civil constante y con medios y recursos suficientes para que lo que ha ocurrido este verano no vuelva a suceder.