Mucho hemos venido hablando en este espacio acerca de los importantes avances y conquistas de derechos y condiciones laborales y de protección social en el mundo del trabajo en estos últimos años de gobierno socialista y de coalición progresista, especialmente importante el escudo social y laboral desplegado durante la pandemia a través de los ERTE, la reforma laboral como fruto del diálogo social, la reducción de las tasas de paro, el incremento sustancial del SMI, la incorporación de derechos en el trabajo doméstico, el acuerdo en materia de pensiones, la nueva Ley de Empleo y el establecimiento de los servicios garantizados hacia las personas demandantes de empleo y las empresas, la mejora en las medidas y en la protección de la corresponsabilidad, la Ley de Paridad y tantas medidas necesarias que nos han ayudado a mejorar la estabilidad y la calidad en el empleo. Sin embargo, el reciente informe de Oxfam Intermón “Pobreza laboral: cuando trabajar no es suficiente para llegar a fin de mes”, pone de manifiesto una de las realidades que debemos poner en el centro del debate público y adoptar las medidas necesarias para conseguir contrarrestar la paradoja del crecimiento y la precariedad.

Comienza el informe citado señalando que en España hemos vivido en los últimos años un crecimiento económico que ha llevado el nivel de empleo a cotas históricas, situándose la tasa de paro, en el momento de realización del informe, en el 11,7%, el nivel más bajo desde 2008 y con una tasa de empleo que ha alcanzado un crecimiento de cinco puntos en el último lustro hasta el 65,3%. Igualmente señala la drástica disminución de la tasa de temporalidad, que tras la reforma laboral se acerca a la de los países de nuestro entorno.

Sin embargo y a pesar del importantísimo esfuerzo en el incremento del SMI, que ha pasado en España de 735,9 euros en 2018 a 1.134 euros en 2024, y el logro que esto ha supuesto, especialmente para personas jóvenes y mujeres, la reducción de la pobreza no ha sido tan significativa como cabría esperar con los datos de empleo.

El informe de Oxfam pone el acento en la consideración acerca de la importancia de las medidas de protección, dado que parece que solo a través de la mejora del empleo no conseguimos una reducción sustancial de los índices de pobreza, estando situada en el 13,7% en 2022. El 29% de las personas en riesgo de pobreza en España tenía trabajo, pero dicho empleo era de tan baja calidad que no era suficiente para salir de la situación de pobreza.

El estudio expone cuáles son los colectivos más afectados por la pobreza laboral, qué tipo de empleo tienen y cómo son sus hogares.

La pobreza laboral se define como la que sufren las personas trabajadoras cuyos ingresos se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, se trata de una persona trabajadora que cobra menos de 915,79 euros al mes y debe afrontar por sí misma los gastos de vivienda, el pago de la luz, del agua, y de la cesta de la compra, entre otros.

El estudio no identifica sesgos de género en la pobreza laboral, posiblemente por la mayor actividad de los varones, parece en todo caso que afecta por igual a hombres y a mujeres, eso sí, aumenta con la edad, afecta más a quienes tienen entre 45 y 59 años, es también relevante señalar que aunque la precariedad laboral afecta más a las personas jóvenes, dada la metodología de análisis de la pobreza laboral, son los jóvenes con menos recursos quienes tardan más en poder emanciparse y por tanto se analizan dentro de la estructura familiar.

En relación al nivel educativo sí se confirma una fuerte relación e inversa con la pobreza laboral, existe una mayor prevalencia de pobreza laboral entre quienes solo tienen estudios primarios. El país de nacimiento es también un componente clave de la pobreza laboral, la sufren mucho más quienes han nacido fuera de España y se dispara entre quienes han nacido fuera de la Unión Europea, hasta llegar al 29,5%, triplicando la de las personas nacidas en España.

Con respecto a la última variable socio demográfica que analiza el estudio, la zona de residencia, se constata que la pobreza laboral es sensiblemente superior en las zonas menos pobladas, si bien en un análisis multivariante controlando el resto de variables socio demográficas, la zona de residencia pierde fuerza explicativa de la pobreza laboral, en definitiva, no es tan relevante como el nivel educativo o el origen de nacimiento. Sin embargo, en la segunda característica del lugar de residencia de quienes sufren pobreza laboral es que predominan las Comunidades del Levante y Sur de España, Andalucía lidera negativamente la tabla, seguida de Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana. Estos datos se pueden explicar por el mayor peso en estos territorios de las ocupaciones laborales más afectadas por la precariedad, como agricultura, construcción y hostelería.

Sobre las características del empleo de las personas en pobreza laboral, aparece una incidencia mucho mayor entre las personas autónomas, y dentro de las personas trabajadoras asalariadas entre quienes tienen un empleo a jornada parcial. El SMI a jornada completa garantiza de alguna manera vivir por encima de la pobreza laboral, de ahí la importancia que su incremento ha tenido y sigue teniendo. En el otro lado, la parcialidad laboral no deseada no permite, en general, superar la pobreza laboral. Sobre la actividad económica, los dos grandes colectivos de trabajadores que concentran la pobreza laboral se sitúan en la agricultura y en el trabajo doméstico, seguidos de la hostelería, la construcción, las actividades artísticas y recreativas y las actividades administrativas y servicios auxiliares. En general en estos seis sectores se concentran empleos de baja cualificación, alto grado de informalidad o irregularidad contractual, estacionalidad laboral y vulneración de derechos laborales. El análisis de hogares del estudio es también muy relevante.

Concluye el análisis señalando la necesidad por tanto de dignificar las condiciones de este tipo de empleos, así como implementar políticas que mejoren el tejido productivo en los territorios más afectados.

Entre las conclusiones generales del estudio, se aprecia que no hay una única variable que explique la pobreza laboral en España, sino que son la edad, el nivel de estudios, el lugar de residencia, el país de origen, el sector de actividad económica, la parcialidad laboral, el trabajo autónomo y la composición y tamaño del hogar las que explican la situación de la pobreza laboral.

Entre las propuestas que lanzan se encuentra el desarrollo de la Ley de Empleo, Ley 3/2023, de 28 de febrero, especialmente para abordar la cuestión de la baja cualificación y nivel de estudios en las personas trabajadoras mayores de 50 años, la formación continua de las personas con empleo y el desarrollo de la Garantía Juvenil+. A nivel territorial el reto de asegurar que las oportunidades que se derivan de las transiciones digital y ecológica lleguen con más fuerza a las zonas más vulnerables.

Y sin duda, la necesidad de medidas específicas para estos colectivos, frente a la variable más determinante de pobreza laboral, cual es el país de origen.

Tenemos una gran oportunidad con las necesarias reformas en las políticas públicas en materia de migraciones y un gran reto país para combatir esta pobreza laboral.