En la última década se ha venido produciendo un revisionismo negativo sobre lo que supuso la Transición en España después de la muerte del dictador Franco. Lo cierto, es que, con unas bases bastante frágiles, tanto a la izquierda como a la derecha de los que lo realizan.
La Transición fue, en esencia, el proceso de desmantelamiento de una dictadura y su paralela sustitución por una democracia que fuera homologable con Europa. Cosa que se consiguió, como demuestra que España es hoy una de las democracias más avanzadas del mundo. Aunque es más que evidente que hay margen para progresar.
A pesar de ello, cabe preguntarse si la forma en que se llevó a cabo la Transición a la democracia en España constituye un motivo de orgullo para los españoles. Con este fin el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha preguntado por esta cuestión en su encuesta de calidad democrática III.
Un 71,9 por ciento de la población cree que la forma en que se llevó a cabo la Transición a la democracia en España constituye un motivo de orgullo. Mientras un 23,9 por ciento considera que no.
Es cierto que, en ese camino, como señala Moradiellos, fue fundamental el agotamiento y la crisis del modelo institucional franquista. Esto llevó a que, entre noviembre de 1975 y diciembre de 1978, se fuera comprobando que ninguna de las tres alternativas de futuro (el continuismo franquista con Arias Navarro, el reformismo renovador, el rupturismo de la oposición antifranquista), disponía de la fuerza suficiente para imponerse al resto para llevar a cabo su propio programa.
Constatación de esta realidad, son los resultados de las elecciones generales de junio de 1977, donde se produce prácticamente un empate entre los bloques de la izquierda y la derecha, con una gran fragmentación política que visualizó la necesidad de llegar a acuerdos entre fuerzas políticas muy diversas y hasta enfrentadas en sus ideologías y proyectos.
Así, y hay que repetirlo muchas veces porque algunos parecen olvidarlo o querer borrarlo, la Transición desemboca en un proceso constituyente porque el agotamiento del proyecto continuista franquista, el desbordamiento del reformismo postfranquista y la creciente presión movilizadora de la oposición antifranquista abrió la vía a una ruptura pactada de sentido democrático.
Ese es el proyecto de convivencia que surge con la aprobación de la Constitución de 1978. Una Constitución que es el activo fundamental de la democracia en España, aunque necesita de cierta actualización en un marco de acuerdo y diálogo entre fuerzas que no son, en estos momentos, más diversas y enfrentadas que las que salieron de las elecciones generales de 1977.
El orgullo por la Transición, como la confianza en las instituciones democráticas, se está erosionando en el conjunto de la población y especialmente entre los jóvenes. En muchos casos no por desconocimiento, sino por reevaluación crítica.
El porcentaje de personas para las que constituye un motivo de orgullo la forma en que se hizo la Transición crece progresivamente desde un 62 por ciento entre los jóvenes de 18 a 24 años, y un 61,4 por ciento entre los de 25 a 34 años, hasta un 81,5 por ciento entre los mayores de 75 años. Una diferencia de 20,1 puntos porcentuales.
En sentido inverso, el rechazo a la forma en que se llevó a cabo la transición a la democracia en España presenta su mayor porcentaje en el grupo de edad comprendido entre los 25 y 34 años, donde se sitúa en el 34,4 por ciento. Porcentaje que disminuye paulatinamente hasta el 15,8 por ciento en los mayores de 75 años. Una diferencia de 18,6 puntos porcentuales.
Se visualiza una distancia generacional muy amplia entre las personas más mayores, que vivieron el franquismo y la Transición, y tienden a verla como un logro colectivo. Y las más jóvenes, socializadas en democracia, que presentan niveles superiores de desafección política e institucional y una baja conexión emocional con los actores históricos del proceso.
Este fenómeno obliga a replantear cómo se integra la historia reciente en la memoria colectiva de la sociedad española. Y ante el avance de los populismos autoritarios, que pueden primero debilitar y luego acabar con la democracia, es necesaria una estrategia institucional que, desde la educación, los medios de comunicación social y la cultura, promueva una enseñanza de la Transición y del franquismo. Al mismo tiempo, la creación de espacios de memoria accesibles y el fomento de testimonios intergeneracionales pueden fortalecer el vínculo entre juventud y democracia, no solo para recordar el pasado, sino para comprenderlo como base ética frente a posibles retrocesos autoritarios.
