Introducción
Mientras en Glasgow siguen las negociaciones sobre los acuerdos finales de la COP26 sobre cambio climático, a los que nos referiremos en el próximo artículo, una vez consolidado el documento final de la COP26, es bueno centrarnos en algunos de los aspectos complementarios que, con ocasión del X Congreso Internacional de Ordenación del Territorio, que se celebra en Valencia, del 17 al 19 de noviembre, he tenido ocasión de investigar sobre la interrelación entre energías renovables y Modelo territorial.
Aspecto relevante, porque cabe poca duda de la importancia que las energías renovables van a tener en el futuro de una Unión Europea guiada por su objetivo de lograr la descarbonización de su economía para el año 2050. Importancia extensible en mayor medida a España, país en la que la dependencia de las energías fósiles importadas del exterior es un 50% superior a la de la elevada dependencia energética media de la UE. Y cuyos efectos de esta dependencia estamos teniendo ocasión de sufrir, tanto con el alza de los precios de los combustibles fósiles y de la electricidad, como por las amenazas de Bielorrusia/Rusia sobre el gas, o los temores de los países del este de la UE de posibles apagones por este tipo de riesgos.
Las previsiones de potencia instalada y de crecimiento de las renovables, para España, se recogen en el Plan Integrado Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), para el año 2030, y son de 50.258 MW para la eólica (+83%), de 39.181 MW para la solar fotovoltaica (+234%), de 14.609 MW para la hidráulica (-15%) y de 7.303 MW para la solar termoeléctrica (+217%). Lo que hace previsible una evolución y estructura de la generación eléctrica bruta que se recoge en el Cuadro siguiente, en el que se destaca el papel previsto para las renovables y el almacenamiento.
En este marco, la energía eólica ha de desempeñar un papel fundamental en España, con una previsión de despliegue de la misma que debería alcanzar los 50.258 MW en 2030, según el citado PNIEC 2021-2030, mostrando una evolución cuantitativa que se refleja en la Figura siguiente, según datos de Red Eléctrica Española[1], cuyo Informe 2020 señala que la generación eólica representaba la principal fuente de potencia renovable en España en ese año, con el 25% de la potencia nacional instalada.
En abril de 2021, nueve años antes de la fecha objetivo establecida por el PNIEC, Red Eléctrica de España ya había concedido permisos de conexión del 140% de la potencia eólica prevista para ese año. Y, si tenemos en cuenta la energía fotovoltaica, que se considera fundamental para el futuro español, la situación es aún más grave, porque en abril de este año 2021, REE ya había concedido la conexión de 113,3 GW de potencia fotovoltaica a promotores de megaplantas, lo que representa el 289% de la potencia fotovoltaica prevista para 2030 en el citado PNIEC 2021-2030.
Efectos de las Energías Renovables y de los Parques Eólicos sobre el territorio.
La consideración de los efectos sobre el sistema territorial de las Energías Renovables, y en particular de los Parques Eólicos, implica tener en cuenta, en primer lugar, el conjunto de sus efectos asociados, tanto al ciclo de vida de las actividades que implican, como a la cadena de valor y a la generación de empleo y renta asociada al mismo; así como, en su caso, considerar la repercusión que tenga su implantación y funcionamiento sobre los equipamientos, dotaciones y condiciones que inciden en el bienestar de los residentes en el territorio/territorios afectados.
En segundo lugar, habrá que diferenciar los territorios que registran efectos positivos o negativos por dichas instalaciones, tanto directos como indirectos, atendiendo al hecho de que muchos de sus efectos inciden sobre el exterior de España (a través de la importación y exportación de energía, materias primas, equipos o servicios); otros inciden sobre Comunidades Autónomas distintas a aquellas en que se localizan las instalaciones; y sólo una pequeña parte de los efectos socioeconómicos ligados al desarrollo inciden sobre los municipios en los que se asientan los mismas. Por lo que las modificaciones en el Modelo Territorial son complejas y, en gran parte, ajenas a la localización de dichas instalaciones.
En todo caso, para analizar los efectos sobre el desarrollo y el sistema territorial de un Parque Eólico, ya con años de materialización en España, hay que tener en cuenta que su implantación implica el desarrollo de las siguientes actividades, con efectos temporales y territoriales diversos: 1) la Planificación y diseño del Parque; 2) la Fabricación de los equipos y componentes, con su correspondiente adquisición de las materias primas necesarias; 3) la Construcción de las infraestructuras ligadas a la instalación del Parque, y la logística y transporte de los elementos necesarios; 4) la Construcción del Parque Eólico junto a las redes de conexión, subestaciones eléctricas, etc. necesarias; 5) la puesta en Funcionamiento con la conexión a la Red y la generación de electricidad; 6) las actividades de Mantenimiento e inversiones de reposición, en su caso, 7) el Desmantelamiento, una vez alcanzada su vida útil, con el reciclado de las partes útiles, o su repotenciación, en su caso, cosa ya acontecida en algunos casos en España.
Cada una de las actividades señaladas presenta dos grandes grupos de efectos sobre el desarrollo: los directos, asociados a los derivados específicamente de las actividades definidas; y los indirectos y/o inducidos, asociados al conjunto de efectos derivados de la interrelación económica de estas actividades con el conjunto de la actividad socioeconómica global.
Así, las nuevas inversiones implican nueva producción de los elementos que la integran (infraestructuras, equipos, servicios técnicos, …), con impactos que finalizan cuando se materializan, y tienen un efecto multiplicador inducido, por su demanda de bienes y servicios sobre el conjunto de la economía. Lo que se refleja normalmente a través de la tabla input-output y el correspondiente modelo (normalmente derivado del de Leontief).
Territorialmente, estas fases de Planificación y Fabricación de equipos tienen una incidencia fuerte en la generación de valor añadido y creación de empleo, pero mucha de esta incidencia no se produce en España, ni mucho menos en la Comunidad Autónoma o municipios afectados por la localización, ya que se utilizan, en parte, bienes importados, otros se fabrican fuera de la Comunidad Autónoma afectada por el Parque, y los servicios de ingeniería y técnicos necesarios se producen en empresas con sedes radicadas normalmente en las principales áreas metropolitanas del país, siendo marginales, generalmente, los efectos sobre el municipio en el que se localiza el Parque.
Las fases de Construcción y Desmantelamiento, en su caso, inciden localmente de forma destacada durante el período en que las mismas se desarrollan, pero con un efecto temporal. No obstante, la Construcción modifica los potenciales territoriales creando ventajas comparativas territoriales y, por tanto, incide sobre los niveles potenciales de desarrollo del área en el que se localiza el Parque.
Las fases de Funcionamiento y Mantenimiento, son las que deberían tener una incidencia significativa sobre el municipio, acompañando a los señalados “potenciales territoriales para el desarrollo”, pero sus efectos son normalmente limitados, porque el personal local dedicado al Parque es muy reducido, y las actividades inciden, se controlan y desarrollan desde fuera del mismo (telemáticamente). Por lo que su principal incidencia –muy dependiente del fuertemente variable precio medio de la energía final producida-, deriva a las sedes de las comercializadoras.
Por ello, los efectos en la fase de producción eléctrica en algunas comunidades autónomas y municipios afectados por el Parque quedan reducidos a poco más que los ingresos fiscales que correspondan. No obstante, frente al carácter temporal, pero acumulativo sobre la economía, el desarrollo y el sistema territorial de los efectos de la inversión, los efectos derivados de la generación de electricidad y del mantenimiento de las nuevas instalaciones permanecen mientras las instalaciones se mantienen activas.
Por otra parte, además de la propia actividad productiva y del mantenimiento del Parque, se genera un ahorro en el gasto energético, por el menor coste de la energía eólica para el conjunto de la economía, contribuyendo a un ahorro territorial diferencial en función de la incidencia del consumo eléctrico en cada territorio del conjunto de España. Se ven más beneficiados los territorios de mayor consumo eléctrico y, relativamente, la población con menor renta, en la que el gasto eléctrico representa una parte mayor de su “cesta de la compra”, si efectivamente se registra una disminución del precio energético. Cosa que estamos teniendo ocasión de comprobar que no siempre es inmediato en el sistema global de alta complejidad (mercados especulativos de futuro) en el que se inserta esta actividad.
También la sustitución de combustibles fósiles importados por dicha energía eólica reduce la dependencia energética y mejora la balanza comercial y empresarial al reducir las importaciones de combustibles fósiles y la adquisición de derechos de CO2, incidiendo, territorialmente, en los ámbitos en que se localizan las sedes sociales de las empresas del sector eléctrico.
Desde el punto de vista de los niveles de bienestar, toda la población mejora en términos de salud gracias a la mejora de la calidad del aire derivada de la sustitución de combustibles fósiles; pero este beneficio diferencial se focaliza, fundamentalmente, en el medio urbano y en el ámbito de las centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles y disminuyen su producción, sustituida por energía eólica.
En todo caso, la incidencia de un Parque Eólico sobre el Sistema Territorial y su Modelo de Desarrollo ha de considerarse limitada como lo es, en su conjunto, la de todo el sistema energético. De hecho, el Informe sobre el “Impacto económico, de empleo, social y sobre la salud pública del borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030”, de 20 de enero de 2020[2], que recoge los impactos macroeconómicos correspondientes, tanto por la “nueva inversión” que genera un impulso económico a lo largo de las cadenas productivas, como por el efecto derivado del “cambio energético”, concluye que el aumento del PIB derivado del incremento de inversiones previstas, menor importación de combustibles fósiles y una mayor eficiencia energética, sería del orden del 1,8% de variación del PIB; y que la creación de empleos en la industria manufacturera, construcción y servicios asociados sería de un 1,7%, correspondiendo del orden del 40% de estos efectos a las energías renovables; y siendo asignable otro impacto indirecto adicional similar, al empleo derivado del cambio energético.
En síntesis, para hacernos una idea de la situación, en 2019, según el trabajo de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) (2020) “Estudio Macroeconómico del Sector Eólico en España 2019”[3],, y teniendo en cuenta una potencia eólica instalada de 25.727 MW en dicho año, tendríamos que la contribución total del sector al PIB español se situaría en el orden del 0,3% en 2019 (lo que refleja lo relativo de su importancia sobre la socioeconomía española y, por lo tanto, de sus cambios sobre el sistema territorial), con unos efectos que podemos desglosar en:
En todo caso, hay que tener en cuenta que los valores medios anteriores han venido registrando y están sufriendo fuertes variaciones temporales por el incremento de la potencia unitaria de cada turbina, con el abaratamiento de los costes de inversión, operación y mantenimiento. Así, la propia AEE (2020) recoge que la inversión inicial (CAPEX) del aerogenerador, que supone entre el 60% y el 70% del total -y se sitúa, en la actualidad en el entorno del millón de euros por MW-, ha tenido una reducción media en su valor del orden del 35% desde 2015.
También ha cambiado la capacidad de operar con velocidades del viento inferiores, lo que está ampliando el abanico de territorios aptos para la instalación de Parques Eólicos, presionando a la baja los precios abonados por los terrenos afectados y el correspondiente Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales (ITP).
Hay que señalar que el documento de Wind Europe (2020)[4] define Escenarios para el 2030, con una capacidad de generación de energía eólica de 397 GW, que producirían unos 2,5 millones de € de aportación al valor añadido europeo por MW. El citado documento, en sus Escenarios para el 2030, con una capacidad de generación de energía eólica de 397 GW, recoge una media de 1,13 empleos/MW y año, con el siguiente desglose a lo largo de todo el ciclo de vida del Parque Eólico:
Efectos de los parques eólicos sobre el desarrollo local.
Establecidos los efectos unitarios sobre renta y empleo y la localización territorial de los mismos, hay que señalar que la incidencia de las políticas ligadas al “Reto demográfico” asumido por el actual Gobierno de coalición español, ha llevado a que se regule (Real Decreto Ley 12/2021[5]) la selección de ubicaciones de nuevos Parques en los concursos que otorgan la capacidad de acceso a los nudos de conexión a la red eléctrica, incorporando criterios, no sólo de protección ambiental, sino también de generación de empleo de calidad y de oportunidades de futuro para los municipios en que se localicen. Así, el citado RDL 12/2021 establece, en su Disposición final cuarta, (apartado 1. 4.º a), que los concursos podrán incorporar la valoración de criterios sobre el Impacto socio-económico en el área y en sus habitantes. A lo que habría que añadir los criterios asociados al documento elaborado por la Red de autoridades ambientales, en diciembre de 2020 -MITERD (2021)-, con lo que, los criterios resultantes a considerar se centrarían en la incidencia, compatibilidad del Parque, obras e infraestructuras e instalaciones necesarias, sobre los epígrafes siguientes:
- Efectos sobre las estrategias, planes de desarrollo, y sobre la ordenación territorial y urbana del área de implantación (Estrategias LEADER/Grupos GAL, Planes Especiales de desarrollo local, etc.) existentes en la zona, y con los objetivos y modelos de desarrollo propuestos, contando con la opinión de los agentes implicados en su ejecución respecto a la posible compatibilización o modificación/adaptación necesaria, en su caso. E, igualmente es preciso considerar su compatibilidad con la ordenación urbanística y territorial y con la zonificación de los usos del suelo y las determinaciones de dichos instrumentos aplicables al proyecto, con particular referencia a usos o dominios de utilidad pública, a espacios protegidos, o a elementos de la infraestructura verde declarados en el conjunto de la superficie a la que afecta el aerogenerador y el resto de infraestructuras e instalaciones[6]. Esta superficie varia tremendamente con la localización, pero se puede estimar en unas 1,5 ha/MW.
Las Comunidades Autónomas[7] han venido aprobando, desde finales del siglo XX, bien instrumentos de planeamiento del sector energético en general (entre los que incluyen en ocasiones apartados específicos para la planificación eólica), bien instrumentos del sector eólico en particular, o bien han considerado, en mayor o menor medida, la localización de actividades energéticas en el territorio, en su Planes, Directrices o Estrategias de Ordenación del Territorio. Sin embargo, estos documentos no están adaptados, en general, a las modificaciones asociadas a las nuevas políticas energéticas europeas guiadas por el objetivo de lograr la descarbonización de su economía para el año 2050. Ante esta situación y su posible incidencia en el desarrollo territorial, es claro que en muchas comunidades autónomas existe una inadecuación entre la ordenación territorial o sectorial, reguladora de la instalación de Parques Eólicos, sobre todo en las que tienen más presión en las demandas de estas instalaciones, que debería ser resuelta con la adaptación de la planificación/ordenación territorial y energética a las nuevas circunstancias, incorporando una visión conjunta de las demandas de instalación de Parques Eólicos e instalaciones Fotovoltaicas, al menos hasta el 2030, teniendo en cuenta el efecto acumulado de instalaciones, preferentemente a través de una Evaluación Ambiental Estratégica del Escenario potencial, al citado 2030, asegurando que el Escenario final represente realmente una mejora para el desarrollo de la comunidad autónoma y de los municipios donde se demanda la localización de las actuaciones.
En todo caso, la instalación del Parque y las modificaciones que se puedan producir en la ordenación urbanística van a tener efectos sobre la valoración del suelo y del patrimonio público y privado del área afectada. En algunos ámbitos, estos efectos serán positivos (incremento del valor patrimonial por nuevas demandas de viviendas o actividades) y, en otros casos, serán negativos (deterioro de servicios e instalaciones de turismo ambiental o agrarias en los ámbitos afectados por impactos ambientales o paisajísticos del Parque)[8].
- Efectos directos, o indirectos, a través de la mejora de los presupuestos municipales, sobre equipamientos, servicios o patrimonio cultural del ámbito de influencia (turísticos, ambientales, eléctricos, ciclo del agua, regadíos, etc.) o a la conservación del Patrimonio cultural, inventariado, o no, (necesidad de una prospección arqueológica) que debe ser conocida y considerada. En todo caso, los recursos aportados por el Parque a los presupuestos municipales posibilitarían intervenciones de mejora de las dotaciones y equipamientos para el bienestar de sus ciudadanos, dado que el efecto derivado de la fiscalidad local es importante, tanto por la cuantía de las inversiones necesarias, como por la facilidad de identificación del hecho imponible[9].
- El Parque incide de manera diferenciada sobre las actividades productivas (agricultura, ganadería, industria, comercio, uso turístico, uso recreativo/ocio, caza, etc.), según la relevancia socioeconómica municipal, comarcal y provincial, al igual que sobre la capacidad futura de desarrollo sostenible del territorio afectado. Como señala el RDL 12/2021 citado, se debe prever la posible pérdida de empleos y de actividad económica que pueda generarse, así como los empleos directos e indirectos producidos en los municipios locales y adyacentes, tanto durante el proceso de construcción y puesta en marcha de las instalaciones de generación y/o almacenamiento, como durante la operación de las mismas, estableciendo el Balance entre empleos generados y perdidos en el territorio, distinguiendo por sectores o actividades relacionadas, compatibles o susceptibles de beneficiarse de la producción eléctrica derivada del Parque. Y ello, con especial consideración de las posibilidades de establecimiento de nuevas actividades económicas en el territorio, relacionadas o asociadas al Parque.
La inversión va a contribuir en mayor medida en las zonas rurales en la fase de Construcción, y en menor medida en la de Mantenimiento, a través de su efecto sobre las rentas salariales. En la primera, por los 2,87 empleos/MW medios diarios antes establecidos, para las fases de Construcción y Puesta en Funcionamiento, que en gran parte se producen en el ámbito local. En la fase de Mantenimiento, por los 0,22 empleos/MW medios diarios, aunque el porcentaje de estos empleos que se localizan en el ámbito local del Parque es muy variable y, normalmente, reducido. En todo caso, ambos generan un efecto inducido sobre el sector de Actividades inmobiliarias y empresariales, al igual que sobre el sector de Hoteles y Restaurantes y, en menor medida, sobre el sector de Distribución. No obstante, las características de los Parques y del territorio que los acogen dan una amplísima variabilidad a las cifras anteriores.
Con respecto al impacto económico en la cadena de valor industrial local, regional, nacional y comunitaria, medido en términos de inversión de los servicios y bienes adquiridos en cada uno de estos ámbitos para el desarrollo del proyecto de generación y/o almacenamiento sobre la inversión total del proyecto, el citado RDL 12/2021 incluye la obligación de su detalle para la valoración de propuestas de nuevas instalaciones. Al igual que, en su caso, el porcentaje de participación, medido en términos de inversión en el proyecto del Parque, de inversores locales, y de empresas y administraciones de la zona en la que se ubicará la instalación y la posibilidad de reinversión de los ingresos obtenidos por el Parque en la propia zona en la que se ubicará. Con lo cual, de hacerse pública esta información y el seguimiento de la materialización de lo ofertado, será factible el conocimiento de la aportación real al desarrollo territorial, y hasta qué punto se confirma la existencia del fuerte desacoplamiento territorial entre los Parques Eólicos y la generación de empleo y renta rural. No obstante, la importancia de la logística y transporte de los elementos del Parque, así como los incentivos o peticiones autonómicas, hace que tradicionalmente haya habido una localización de instalaciones industriales del sector eólico relativamente acorde con la localización de los Parques Eólicos, tal y como apreciamos en la Figura siguiente que, sobre el fondo de las localizaciones de 2006 -AEE (2007)- se señalan las principales existentes en 2020, habiéndose multiplicado desde 2006 las instalaciones y su distribución provincial en España, con el consiguiente mayor efecto de la fabricación sobre el conjunto del territorio. De hecho, todas las comunidades autónomas, salvo Baleares, cuentan con instalaciones industriales del sector eólico, aunque A Coruña, Madrid, Zaragoza y Navarra concentran el 30% y, junto a Vizcaya, Guipúzcoa y Cádiz, concentran la mitad del total de instalaciones.
EFECTOS DE LOS PARQUES EÓLICOS EN EL SISTEMA TERRITORIAL.
Como hemos recogido en otros artículos de esta Sección, la dinámica de transformación territorial y socioeconómica que ha presidido la historia de España en los últimos 60 años, ha venido definida por la concentración y polarización territorial, con una diferenciación entre espacios fuertemente urbanizados (áreas metropolitanas trasformadas posteriormente en regiones funcionales urbanas y litorales macrourbanizados) y un medio rural con fuertes desequilibrios internos y en grave regresión, sobre todo en las en su momento denominadas áreas desfavorecidas, con importancia en las zonas de montaña (40% del territorio español) y en zonas de difíciles condiciones climatológicas o de baja productividad primaria potencial (39% adicional del territorio español), que han venido registrando fuertes procesos de renaturalización como consecuencia del abandono del territorio por parte de la población. Es un 79% del territorio español que está despoblado, a veces con densidades de población propias de desiertos, pero que no está “vaciado”, ya que posee un valor Patrimonial intrínseco (paisaje, flora, fauna, servicios de los ecosistemas, etc.) que cualquier política racional de ordenación del territorio debería tener en consideración.
A principios de 2021 existen provincias con tendencias negativas en su desarrollo socioeconómico, como Lugo, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, Córdoba, Jaén, Ciudad Real o Albacete; o fuertemente negativas, como Ourense, Cuenca, Teruel, Soria y Huesca. De ellas Lugo, Ourense, Zamora, León, Palencia, Salamanca, Soria, Segovia, Ávila, Cuenca y Teruel, presenten una dinámica demográfica que tiende a su desertización, pero otras veinte provincias españolas tienen una dinámica grave y de difícil reversión, por su envejecimiento, baja natalidad y crecimiento vegetativo negativo en un medio rural en fuerte proceso de regresión.
Teniendo en cuenta los factores señalados en los epígrafes anteriores, potencialmente un Parque Eólico podría contribuir realmente al desarrollo territorial si sus aportaciones socioeconómicas, a través de generación de empleo para la población local, o la atracción de población activa para residir en el área, junto a las tasas e impuestos que debe abonar y los pagos asociados a la adquisición o gestión del suelo preciso para sus actividades, son significativas en términos de la economía de los territorios afectados; y si el producto de los ingresos fiscales asociados se usan para mejorar las infraestructuras, servicios y dotaciones (acceso a internet, educación, sanidad, deporte, ocio,…) de forma que permitan mejorar el bienestar de sus residentes y la productividad económica potencial territorial, para lo que las mejoras de la cualificación de la población (también digitalmente), y de conexión y servicios a la red (fibra óptica, 5G,…) desempeñan un papel fundamental.
En todo caso, la incorporación de nuevas opciones y actividades económicas ligadas a la energía eólica, como ya hemos constatado en la localización relativamente descentralizada de las industrias eólicas y en la propia localización de los Parques Eólicos, si son complementarias y compatibles con las características, patrimonio natural y cultural y estrategias de desarrollo del territorio, deben permitir –en mayor o menor medida- diversificar su base socioeconómica, contribuir a la demografía y posibilitar hacer más compleja, cohesionada, diversa y rica la estructura social de los territorios afectados, si sus residentes aceptan e integran el Parque en su dinámica socioeconómica y territorial propia.
Hasta qué punto se ha producido una interrelación causal entre la instalación de Parques Eólicos y las variables básicas socioeconómicas de las Provincias españolas, podemos considerarlo a través de la relación entre la potencia eólica instalada y la variación de magnitudes básicas para el desarrollo de las mismas, como serían la variación de población total, de población activa, de productividad potencial, o de PIB por habitante de las mismas.
Por ello, a la hora de valorar la posible incidencia de los Parques Eólicos sobre el desarrollo y el Modelo/Sistema territorial, es pertinente analizar qué ha sucedido en las provincias españolas con instalación significativa de potencia eólica, y si esta instalación ha cambiado su dinámica respecto a la media española en relación a la dinámica previa a estas instalaciones. En ese sentido, en la Figura siguiente, de REE (2021) se aprecia la densidad de distribución territorial de las instalaciones de energía eólica a 31.12.2020.
Esta figura nos muestra como la despoblación característica de las áreas de montaña desfavorecidas, ha venido siendo, de hecho, un factor determinante para la localización de muchos de los Parques Eólicos. Despoblación que normalmente se corresponde con una baja necesidad de suministro eléctrico y, por tanto, de instalaciones de producción de energía que, fundamentalmente, se exporta a otros territorios; salvo en casos puntuales en los que la existencia de industrias grandes consumidoras de energía permite su uso para cubrir esta demanda (Lugo sería un ejemplo paradigmático).
Puesta en relación esta Figura con lo antes señalado, constatamos que las provincias con tendencias negativas en su desarrollo socioeconómico (Lugo, León, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Huelva, Córdoba, Jaén, Ciudad Real o Albacete), o fuertemente negativas (Ourense, Cuenca, Teruel, Soria y Huesca) han sido objeto de una localización de Parques Eólicos más o menos intensa, salvo excepciones destacadas, como el caso de las provincias extremeñas, Córdoba y Jaén.
Partiendo de la distribución de potencia instalada provincial en 31/12/2006, 31/12/2016 y 31/12/2020, podemos caracterizar las provincias con una incidencia significativa en esa potencia instalada en dos grandes grupos:
Provincias con más de un 5% de potencia media instalada en el período: Cádiz, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Burgos, Soria, A Coruña, Lugo y Navarra, que coinciden con las nueve provincias con mayor generación de energía eléctrica eólica en 2020. En ellas se ha situado el 7% de la potencia media que, atendiendo a las cifras medias del período, recogidas en el epígrafe 1, implicarían una aportación total, directa e indirecta e inducida, al PIB, del orden de 15.850 millones de euros en el período 2005-2019.
Provincias con entre un 2,5% y un 5% de potencia media instalada en el período: Palencia, Zamora, Guadalajara y Castellón, con cifras respectivas de una aportación total, directa e indirecta e inducida, al PIB, del orden de 3.550 millones de euros en el período 2005-2019.
Para cada una de estas provincias se ha tenido en cuenta la siguiente información, reflejada en las Figuras y tablas que se anexan al final del artículo:
- La evolución demográfica de las provincias incluidas en los dos grupos anteriores, entre 1960 y 2021, con índice 100 para 2001, comparada con la evolución del total de la población de España.
- La estructura demográfica provincial y de la población activa potencialmente resultante, que nos permite, junto a las dinámicas de sus tasas de mortalidad y fecundidad, establecer sus implicaciones territoriales tendenciales hacia el 2030.
- La evolución para las provincias señaladas de su participación en el PIB español.
- La evolución del PIB per cápita y de la Productividad potencial reflejada en la relación PIB/Población potencialmente activa, que va a tener variaciones en consonancia con la variación del numerador –carácter positivo- y del denominador, cuyo aumento incide negativamente en el cociente. Así, los movimientos emigratorios en las provincias, que afectan fundamentalmente a la población potencialmente activa, tienden a mejorar el valor de estas variables sin que la incidencia de los Parques Eólicos pueda entenderse como elemento de causalidad relevante; salvo en la medida en que, al generar un cierto empleo y renta contribuya a que no se produzca un mayor deterioro en la dinámica provincial.
- Por último, la productividad potencial, estimada a través de la evolución del PIB en relación a la población potencialmente activa.
REFLEXIONES FINALES
La trasformación del Modelo/Sistema territorial por las actuaciones y cambios en las relaciones sociales que dominan en el territorio, viene fuertemente condicionada por el peso, tanto de los factores históricos que están en la base de esas relaciones sociales (socioeconómicos, físicos y culturales), como por las inercias/tendencias en la configuración del Modelo derivadas de la permanencia física de actuaciones de formación bruta de capital físico (infraestructuras, edificios, etc.) que, adicionalmente a configurar potenciales en el medio, también implican la subordinación de éste a las características de su diseño y permanencia, tal y como sucede con los Parques Eólicos y su influencia ambiental y socioeconómica directa, indirecta o inducida sobre el territorio.
A la vista de los análisis anteriores, podemos destacar que la incidencia de los Parques Eólicos en el conjunto del Sistema/Modelo Territorial puede considerarse reducida, como también lo es su incidencia en el conjunto de la economía y del empleo español. No obstante, sí ha tenido una incidencia en el desarrollo socioeconómico perceptible en las provincias donde la concentración de potencia eólica instalada y la generación de electricidad es relevante respecto al tamaño productivo y empleo del conjunto de la misma.
La Síntesis de los procesos provinciales registrados se resume en las dos Tablas siguientes, para cada uno de los dos grupos de provincias consideradas, destacando en gris oscuro las que, previsiblemente sí han tenido una influencia reseñable en su evolución como consecuencia de la instalación de Parques Eólicos y, en gris claro, aquellas en las que esta influencia ha sido menor, pero también es contrastable. En el resto de las provincias la potencia eólica instalada no parece haber afectado significativamente a las dinámicas históricas de las mismas, siendo otros los factores que han tenido una influencia más significativa en su relevancia territorial relativa.
En principio, podría decirse que los Parques Eólicos han sido manifiestamente insuficientes para frenar la pérdida de población en los territorios con dinámicas regresivas, o para significar un revulsivo en la dinámica productiva provincial, pese a que han contribuido a generar, en alguna de ellas, una base industrial aceptable.
Las provincias con generación de electricidad eólica acercan indicadores como el PIB per cápita o el PIB por población activa, pero fundamentalmente gracias a los movimientos emigratorios, asociados también en las provincias con una mayor superficie de áreas desfavorecidas, a la reducción de la población activa agraria, con caídas importantes en el valor total de esa población activa.
Desde el punto de vista municipal, puede destacarse que existen ejemplos positivos de transformación en el desarrollo municipal tras la instalación de un Parque Eólico, sobre todo en aquellos casos en que se ha conseguido una sinergia y colaboración entre el ayuntamiento, los agentes sociales y los promotores para potenciar un desarrollo integrado y consensuado en la zona de influencia del mismo. Porque la mera instalación y puesta en funcionamiento de los Parques Eólicos, con su actual informatización, da lugar a que, una vez construidos, apenas generen empleo, y que su beneficio económico sea básicamente fiscal y relativamente residual (por debajo del 5% en la mayoría de los casos particulares que se han analizado en distintas comunidades autónomas, aunque en muchos municipios esto pueda llegar a significar más del 90% de sus ingresos fiscales). Por ello, las políticas integradas e integrables es el tipo de medidas y actuaciones que se intentan potenciar desde el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico incorporado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para luchar contra la despoblación y garantizar la cohesión social y territorial, donde a la energía renovable se le da un papel destacado
Y este tipo de actuaciones son también las que se piden como políticas para potenciar un Modelo de desarrollo que frene el despoblamiento desde el conjunto de agentes sociales integrados en la “España vaciada”, tal y como se recoge en Revuelta (2020). Efectivamente, sus propuestas para la optimización y regulación de los parques eólicos abogan por que su desarrollo e implantación se realice con potencias de hasta 10 MW, para ser respetuosos con el medio ambiente y el entorno socioeconómico del territorio donde se implanten; que al menos un 60% de mano de obra sea local; que se optimice la repotenciación de los actuales parques eólicos, penalizando los menos eficientes; y que se incremente su aportación -hasta el 15% del valor de la producción energética- a un fondo provincial de desarrollo para la creación de empleo en aras de fomentar la formación de un tejido industrial sólido y autosuficiente en la misma.
El principal factor determinante del potencial de desarrollo territorial es el capital humano, representado por una población activa adecuadamente cualificada, junto a una productividad elevada de los distintos factores de producción, en un marco en que las condiciones dotacionales en equipamientos, infraestructuras y servicios (capital social) y el entorno ambiental permitan niveles de bienestar y de igualdad de oportunidades para un desarrollo personal satisfactorio.
Otro elemento de reflexión importante es que lo fundamental en el desarrollo de las energías renovables en el medio rural, tal y como se constataba en la última Figura anterior, es el acceso a las redes eléctricas de conexión, siendo mucho menos importante la disponibilidad de terreno (en exceso en una gran parte del medio rural). La transición a un nuevo modelo energético, basado en las renovables, centra su interés en el control de las redes eléctricas de conexión y, por supuesto, en la regulación de los mercados energéticos que fomenten la apertura del mercado eléctrico a los productores/consumidores, con remuneración de sus excedentes, y a las Corporaciones Locales Renovables.
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[1] https://www.ree.es/es/datos/
[2] https://www.miteco.gob.es/images/es/pniec_2021-2030_informesocioeconomico_borradoractualizado_tcm30-506495.pdf
[3] https://issuu.com/aeeolica/docs/estudio_macroecon_mico_sector_e_lico_nov2020
[4] Wind Europe (2020) “Wind energy and economic recovery in Europe” (WWindEurope-Flagship-reprot-2020. Pdf) October 2020 (https://windeurope.org/intelligence-platform/product/wind-energy-and-economic-recovery-in-europe/)
[5] Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10584
[6] La superficie a la que afecta el Parque eólico es la ocupada materialmente por los aerogeneradores, el edificio de control, la subestación, los centros de distribución, las líneas eléctricas de evacuación, las redes de conducciones y nuevos accesos viarios exteriores y/o de servicios más las servidumbres necesarias de las distintas instalaciones. Depende del ámbito de instalación y del tipo del Parque.
[7] Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013. Plan Energético de Aragón (2013-2020) aprobado en 2014. Plan Energético de Canarias y Ordenación de Infraestructuras de Producción de Energía Eléctrica de Origen Eólico en Gran Canaria (Plan Territorial Especial PTE-32) y su Modificación de 2018. Plan Energético de Cantabria 2005-2011, Plan Territorial Sectorial de la Implantación Ambiental de la Energía Eólica en Cataluña. Plan Eólico de Castilla y León. Plan Energético de la Comunidad de Madrid 2004-2012, Plan Eólico de Galicia modificado, Plan Director Sectorial Energético de Baleares y Decreto de planificación territorial de las instalaciones de producción de energías renovables en Baleares, de mayo de 2015. Plan Energético de Navarra 2005-2010, Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica del País Vasco. Directrices sectoriales de ordenación del territorio para el aprovechamiento de la energía eólica de Asturias, de febrero de 2007. Plan Eólico de la Comunidad Valenciana de 26 de julio de 2001.
[8] Wind Europe (2020) señala que, aunque el coste de las tarifas del suelo varía según la zona y la empresa considerada en su informe, en el caso de la energía eólica, la media es de unos 4.400 €/MW, que repercuten, normalmente, en la economía local. Aunque no hay que olvidar que los grandes propietarios del suelo en España residen en las grandes ciudades y, muy particularmente por motivos tributarios, en Madrid. Y que esta media europea no es igualmente aplicable a municipios desfavorecidos de montaña españoles, o a municipios con alternativas de uso del suelo rentables.
[9] En media, el citado Wind Europe (2020), destaca que un 20% de los impuestos y tasas pagados por el sector eólico en la UE van a las administraciones locales, incluyendo en este porcentaje aportaciones adicionales realizadas por el sector al desarrollo local. Para la UE, la aportación conjunta de las contribuciones fiscales locales y regionales para proyectos de electricidad renovable, junto con la gestión del suelo, representó una media de 9.630 €/MW y 4,3€/MWh, incluyendo los beneficios en especie, que son otra forma en que los Parques Eólicos apoyan a la comunidad local (iniciativas culturales, educativas, ambientales, infraestructurales. recreativas o relacionadas con la salud, el turismo rural o la economía local en su conjunto). Además, en media, por su producción, los Parques eólicos europeos pagan 2,3 €/MWh en tasas locales. Para algunos municipios, estos impuestos representan el 90% de sus ingresos.
