Las informaciones sobre el sistema público de pensiones han ido en aumento en los medios de comunicación, fundamentalmente las que alertan sobre las dudas del futuro de las pensiones, el déficit desbocado de la Seguridad Social, del vaciamiento de la hucha de las pensiones o el envejecimiento de la población , entre otros anuncios alarmistas. Existe consenso que uno de los problemas más importantes que tiene que afrontar el renovado gobierno del Partido Popular (PP) y el conjunto de los grupos políticos con representación parlamentaria, es la búsqueda de nuevos ingresos para el sistema de la Seguridad Social. Ante un déficit que se sitúa en el entorno de 18.000 millones y un Fondo de Reserva al que el gobierno ha vaciado, de 66.815 millones que tenia en 2011 lo ha dejado 15.200 actuales, con la previsión de su extinción a finales de este año como ha comunicado el gobierno a la Comisión Europea. Estas incertidumbres sobre las pensiones públicas están ocurriendo en un periodo de crecimiento económico y creación de empleo desde 2014, pero la realidad es que antes de la crisis había 20,7 millones de ocupados (tercer trimestre 2007) y en el mismo periodo de 2016 hay 18,5 millones, faltan más de 2,2 millones de ocupados para alcanzar el volumen de empleo que existía.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en su Informe de los Proyectos y Líneas fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas para 2016, respecto a los fondos de la Seguridad Social afirmaba: “El gasto en pensiones parece bien equilibrado. Pero es muy probable que los ingresos evolucionen por debajo de lo previsto en el presupuesto”. La insuficiencia de ingresos es el verdadero problema actual de nuestro sistema de Seguridad Social. Del informe de la AIReF se desprende que no es un problema económico irresoluble, si no que es de naturaleza política que nos remite a la gestión del gobierno del PP desde 2012. Señala el informe: “Si bien los ingresos por cotizaciones se están recuperando desde 2014, en gran medida por la dinámica positiva del empleo, lo hace de forma moderada por la confluencia de factores de diversa índole: la bajada inflación y el proceso de devaluación interna, la disminución de los beneficiarios por desempleo o la aplicación de medidas de fomento del empleo”.
Si se analizan los factores anteriormente enumerados, veremos que salvo el referente a la inflación, dependiente de causas externas como el precio de la energía, los otros están en relación directa con la gestión de las políticas económicas y sociales del gobierno, estos factores son sobre los que el gobierno del PP ha concertado su acción en la legislatura de 2012 a 2015:la devaluación interna mediante las reformas laborales de 2012, 2013 y 2014, reforma de pensiones de 2013 y las reducciones de cotizaciones de la Seguridad Social a las empresas como las políticas de fomento del empleo, todos ellos llevados a término sin diálogo político ni social en base a la mayoría absoluta del PP. La reforma laboral de 2012 y su continuación en años posteriores, ha facilitado el despido, precarizado el empleo (la temporalidad se sitúa ya al 27%, parcialidad involuntaria y falsos autónomos), los recortes en la protección de las personas desempleadas, la desregulación producida en la estructura y en las reglas de la negociación colectiva, que ha producido una perdida salarial al conjunto de trabajadores y un empeoramiento de las condiciones de trabajo y aumentando el fraude laboral. Todo ello asentado en un modelo económico basado en actividades intensivas en trabajos de baja productividad que ha provocado grandes desigualdades y el aumento de la pobreza laboral. Las reformas de 2013 sobre el sistema de pensiones han producido recortes a los pensionistas actuales y los producirán sobre los futuros, que persigue reducir el gasto público en pensiones en nuestro país cuando la realidad es que el gasto en pensiones es moderado respecto a los países de la Unión Europea (UE), según la Comisión Europea las previsiones para el 2020 en España son del 11,8% y en la eurozona del 12,4%.
El nuevo Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que las desvincula de la evolución de los precios ya ha producido pérdida de poder adquisitivo a los actuales pensionistas. Desde 2010 las pensiones han perdido un 4%, en 2016 los pensionistas han sufrido una pérdida de 1,25% de poder de compra y en 2017 el gobierno del PP ha actualizado en solo un 0,25% las pensiones, cuando la previsión de inflación del Banco de España es de un 2%. Para los futuros pensionistas la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad (FS) supondrá que un trabajador que al jubilarse en 2011 percibía un 81,2% de su salario, en el 2020, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la proporción de la pensión bajaría al 73,9% del salario. La Comisión Europea prevée que en 2060 esta tasa de retorno de la pensión no alcance el 50% del salario como consecuencia de las reformas de pensiones. Estos recortes que realizó el gobierno del PP en la anterior legislatura los intentó justificar por la evolución demográfica de nuestro país: el alargamiento de la esperanza de vida, la reducción de la población con edades inferiores a la jubilación, la reducción de la natalidad y los efectos que se prevén en los próximos años por la jubilación Baby-Boom (los nacidos desde finales de los 50 a los 70). Lo que aumentará la tasa de dependencia (proporción de pensionistas respecto a los activos). En las razones demográficas hay hechos ciertos, que son manipulados para cuestionar el sistema público de pensiones. Basándose en un diagnóstico mas que discutible, como si el número de personas en edad de trabajar estuviese solo relacionado con la población local, como ya ocurrió en la segunda mitad del siglo XX y en los primeros años de este siglo, la llegada de personas emigrantes aumenta la población.
El déficit actual del sistema, el vaciamiento de la hucha de pensiones y el invierno demográfico son utilizados para alarmar sobre la viabilidad del sistema público de pensiones por los grupos interesados en los fondos privados de pensiones. Así el pasado 11 de diciembre el diario Expansión con el titular de: “ ¡Reformen la Seguridad Social ya!”, alertaba sobre el estado critico del sistema de pensiones públicas situaba el déficit a 20.000 millones y afirmaba que seguiría aumentando. Anunciaba que los efectos demográficos llevarían la tasa de dependencia de dos trabajadores por cada pensionista a uno por uno en las próximas tres décadas. Todo ello le servía para afirmar que no les seria posible mantener las actuales condiciones de jubilación. Por ello, era inevitable plantearse alternativas a desastroso sistema de pensiones estatal y ponía como referencia para el futuro de las pensiones de los trabajadores españoles el sistema privado de capitalización. Poniendo como ejemplo, el sistema privado de Chile, que se puso en práctica durante la dictadura de Pinochet. La realidad es bien distinta ,los resultados después de 36 años de funcionamiento son que el 90% de los pensionistas reciben pensiones inferiores a los 233 dólares, casi la mitad del sueldo mínimo establecido. Lo que ha provocado que miles de chilenos se han manifestado exigiendo el fin del sistema privado, gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, pues la aportación mensual de los trabajadores es invertida en la capitalización de las grandes empresas, los pensionistas demandan al gobierno chileno: “Un sistema de Seguridad social que resguarde los fondos propiedad de los trabajadores” (EFE, Santiago de Chile, 4 Noviembre 2016). Periódicamente también se publican encuestas promocionadas por entidades financieras o aseguradoras, en las que invariablemente se resalta la gran preocupación de los trabajadores sobre el futuro de sus pensiones, cuando según el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), inquieta al 4,2% ocupando el noveno lugar de las preocupaciones de los ciudadanos, siendo la primera el paro.
El problema principal del sistema público de pensiones no es demográfico, es de política económica y laboral. Sobre esto hay que centrar los debates tanto en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo como en el ámbito del Diálogo Social. En el inicio del proceso de los debates donde ya han comparecido el gobierno, los interlocutores sociales, expertos, instituciones y otras organizaciones sociales. La ministra de Empleo y Seguridad Social en su comparecencia planteo que las políticas de fomento de empleo vayan a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, hacer compatible la pensión con el salario y para aliviar el déficit de la Seguridad Social propuso vincular la financiación de las prestaciones contributivas de viudedad y de orfandad a los Presupuestos Generales del Estado, para ello harían falta 21.000 millones que el gobierno no dice de donde los va a sacar. Parece que la medida no resolvería el problema del déficit y abre serias dudas sobre el futuro de ambas prestaciones. Estas medidas en gran parte fueron pactadas con Ciudadanos (Cs’) en el Acuerdo de Investidura. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha propuesto la creación de un impuesto especifico para la financiación del conjunto de las pensiones públicas, el gobierno del PP no quiere crear nuevos impuestos y ha propuesto la idea de financiar el déficit de la Seguridad Social con la emisión de deuda. Propuesta que chocaría con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir la deuda pública a través de elevar impuestos.
Los interlocutores sociales también han presentado sus propuestas, CCOO y UGT han planteado en primer lugar que las pensiones deberían incrementarse un 1,2% para garantizar el poder adquisitivo, de acuerdo con la proposición de ley aprobada en el Congreso de Diputados con el apoyo del PSOE, Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes. Ambos sindicatos han propuesto distintas medidas encaminadas en el corto plazo a mejorar los ingresos del sistema de Seguridad Social, entre otras: acabar con las bonificaciones a la contratación, financiar los gastos de administración de la Seguridad Social desde los Presupuestos Generales del Estado, destopar las bases máximas de cotización y aumentar las cotizaciones temporalmente. También han trasladado su rechazo a la propuesta del gobierno de hacer compatible la pensión con el salario, por los efectos negativos sobre el empleo y en concreto para la inserción laboral de los jóvenes.
El Pacto de Toledo desde 1995, ya preveía que la financiación de las pensiones no puede basarse exclusivamente en las cotizaciones sociales. UGT y CCOO han propuesto la necesidad de ampliar las fuentes de financiación para garantizar la suficiencia del sistema público de pensiones. Para ello se requiere una reforma fiscal justa y suficiente que se acompañe con la lucha contra fraude fiscal y la economía sumergida. Las dos confederaciones sindicales consideran que la creación de empleo de calidad debe ser prioritaria para mejorar la recaudación del sistema, para ello plantean la derogación de las reformas laborales. Al igual que la derogación de las medidas impuestas por la reforma de pensiones de 2013, concretamente el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad que causan pérdidas de poder de compra y recortes de las pensiones. Las organizaciones empresariales CEO y CEPYME han planteado, entre otras medidas, acelerar la implantación de jubilación a los 67 años, su rechazo al destope de las bases máximas de cotización y la exigencia de mayores controles sobre el fraude laboral y el absentismo.
Los trabajos en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo y de forma paralela en el ámbito del Diálogo Social, adquieren la máxima relevancia para el conjunto de la sociedad, pues la Seguridad Social es un pilar fundamental de nuestro modelo económico y social. Las pensiones públicas son un derecho de los ciudadanos establecido en la Constitución Española, que para su materialización requiere luchar contra las desigualdades y la pobreza siendo su garantía el sistema público de pensiones sostenible y justo.
