La política económica del gabinete Rajoy ha tenido como resultados la desigualdad y la precariedad. Sus recetas económicas no han sido nada originales y han apostado siempre por el corto plazo. Cinco años de montaña rusa fiscal que siempre ha perjudicado a las rentas medias y trabajadoras. Cinco presupuestos en los que Rajoy nunca ha cumplido con la ortodoxia neoliberal que dice defender y en los que ha ido salvando los muebles ante Bruselas y el FMI por circunstancias ajenas a su acción de gobierno.

El Gobierno, si consideramos la suma de las cifras de déficit de la Administración Central y la de la Seguridad Social, ha aumentado la necesidad de financiación desde los 36.049 millones de euros de 2011 a los 41.000 millones de 2015, un incremento del 13,7% en el periodo. El déficit de la Seguridad Social, que ha pasado de los 1.063 millones de 2011 a los 13.150 millones en 2015, multiplicando por 12 la cifra inicial.

El Gobierno de España, pese a haber enarbolado la bandera de la austeridad, ha incumplido sistemáticamente el objetivo de déficit año tras año. Lo incumplió en 2012 cuando lo situó en el 6,77% del PIB. Lo incumplió en 2013 cuando obtuvo un déficit del 6,62%. Volvió a incumplirlo en 2014 con una cifra del 5,79%. Y de nuevo en 2015 lo ha llevado al 5,1% cuando se le exigía dejarlo en el 4,2%. Es decir, el desfase es de casi 1 punto más de lo previsto, casi 10.000 millones de euros más de déficit.

A pesar de estos incumplimientos, la política presupuestaria del Gobierno Rajoy ha subsistido gracias al viento de cola que le proporcionaba el bajo precio del crudo y a la política monetaria expansiva del BCE. Y además se ha beneficiado de factores políticos que se han alineado para evitar una intervención completa de la hacienda pública española. La debilidad mostrada elección tras elección por conservadores y socialdemócratas, las dos fuerzas políticas que han monopolizado la realidad institucional europea de los últimos cincuenta años, han hecho que Bruselas y el Ecofin perdonen la vida una y otra vez a un socio cómodo que no da problemas políticos a pesar de sus extremas debilidades económicas. El Brexit, el ascenso de la ultraderecha en toda Europa, las incertidumbres en los países del Este, la victoria de Trump, a la postre mantienen en pié la mala salud de hierro de la política presupuestaria del Reino de España.

Sin embargo, que el enfermo en estado crítico se mantenga estable no permite hablar de milagro, ni siquiera de que el equipo económico del Gobierno lo haya hecho bien. Por eso, es necesario abordar el proceso de elaboración y crítica de los Presupuestos Generales del Estado sin complejos. No se puede dar por buena una política económica que ha sido errática y que sólo se sostiene por circunstancias externas. Una crítica progresista y constructiva de las cuentas públicas no sólo debe centrarse en las consecuencias negativas de la incipiente recuperación económica que no llega a las familias y que se traduce en precariedad, salarios de miseria, falta de oportunidades y pauperización de los servicios públicos. Debe partir de una enmienda a la totalidad a una acción de gobierno que ha renunciado a corregir los desequilibrios estructurales de la economía española, y que se limita a aplicar medidas que suponen la pérdida de poder y oportunidades para la clase media trabajadora, cuando lo urgente es construir un consenso económico y social en torno a un pacto de rentas que permita ganar competitividad. Ante el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 toca apostar desde la izquierda por una política presupuestaria diferenciadora que sea capaz de transmitir con nitidez a la opinión pública un proyecto político transformador alternativo al PP que vaya más allá de las libertades públicas y los derechos sociales.