La buena marcha de la economía en España y los indiscutibles avances en materia laboral durante estos años de gobierno progresista debe continuar la tarea, profundizando en los retos pendientes del mundo del trabajo, entre ellos, sin duda, el avance salarial, como mecanismo de redistribución del crecimiento económico, para mejorar la vida y el bienestar de las personas trabajadoras y, a su vez, como impulso a la demanda interna.

Los incrementos salariales a través de la negociación colectiva, si bien han logrado mejorar ligeramente la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras, especialmente tras el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, no han conseguido todavía la recuperación completa de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios tras la crisis de inflación de 2022.

Para ello es importante, como señalan las organizaciones sindicales, promover incrementos salariales más elevados, tanto en los nuevos acuerdos para el empleo y la negociación colectiva, como en la actualización del SMI para 2026.

Seguir avanzando también en un reparto más justo del tiempo de trabajo hará posible un mejor aprovechamiento de los tiempos de trabajo, una mejor salud laboral y la promoción de la conciliación.

Por otra parte, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Directiva relativa a salarios mínimos adecuados, consolida un marco europeo para avanzar en salarios dignos, reforzar la negociación colectiva y reducir la pobreza laboral.

El TJUE ha rechazado el recurso de anulación planteado por Dinamarca y Suecia y ha confirmado que la Unión tiene competencia para garantizar estándares mínimos vinculados al salario en el marco de la protección de los trabajadores y del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, siendo valorado muy positivamente por los sindicatos, ya que con ello se avanza en la consolidación el modelo social europeo y es un reconocimiento muy importante para impedir además retrocesos en esta vital cuestión.

Se mantienen, en la sentencia, íntegramente los umbrales de adecuación del salario mínimo al 60% del salario mediano bruto y al 50% del salario medio bruto.

Con ello se trata de que el salario mínimo sea suficiente para garantizar un nivel de vida digno, evitar la pobreza laboral y contribuir a la reducción de la brecha salarial de género, promoviendo con ello una mayor cohesión y justicia social.

Además, se refuerza la negociación colectiva como herramienta esencial para el justo establecimiento de los salarios y para una distribución más equitativa de la riqueza laboral.

Esta decisión del TJUE, en la que prácticamente solo anula los apartados 2 y 3 del artículo 5 de la Directiva, en lo que se refiere a la fijación automática de los criterios de revisión, pero sin alterar, como ya se ha mencionado, los criterios de suficiencia salarial, debe acompañarse ahora en España de un Real Decreto de Salario Mínimo.

Sería muy importante que el resultado de la negociación de este Real Decreto entre Gobierno, sindicatos y patronales fructificara con un acuerdo, en el que las organizaciones empresariales volvieran a la senda del diálogo social, que tan positivos resultados ha tenido para el crecimiento económico en nuestro país.

Como reivindican las organizaciones sindicales, es necesario que el real decreto incorpore plenamente el espíritu de la norma europea, así como los compromisos alcanzados entre el Gobierno y los sindicatos cuando se fijó el SMI para 2025.

Es muy necesario garantizar que las subidas del SMI no se neutralicen mediante mecanismos de compensación y absorción, como recuerdan los sindicatos, y que se asegure que las personas trabajadoras con salarios próximos al SMI refuercen su poder adquisitivo real.

La referencia del 60% del salario medio nacional para el SMI, establecida por el Comité Europeo de Derechos Sociales, debe ser la guía para el avance.

La transposición de la Directiva y el Real Decreto del SMI para 2026 nos permitirán avanzar hacia el cumplimiento de la Carta Social Europea Revisada.

La lucha por unos salarios dignos, por una mejora de la redistribución de la riqueza laboral y el reforzamiento del modelo social europeo, contribuirá decididamente a la mejora de la vida de las personas trabajadoras, a la creación de empleo y al crecimiento justo y retornará a la confianza y consolidación del modelo social europeo, lo que en estos momentos constituye una cuestión estratégica para la ciudadanía europea.