La modernización, el crecimiento y la creación de empleo, son ejes que vienen protagonizando los últimos años de la sociedad española, como ha señalado el presidente del Gobierno en el inicio del curso político. Los datos indican que somos la economía que más empleo ha creado de toda la Unión Europea, la reforma laboral ha sentado las bases para revertir la cultura de la precariedad laboral instalada en nuestro país durante décadas. El incremento sustancial del salario mínimo interprofesional (SMI), la revalorización con la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones, la implementación del Ingreso Mínimo Vital, o la más reciente reordenación del nivel asistencial de la protección por desempleo, son claros ejemplos de políticas que vienen a mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras y que se han mostrado al mismo tiempo plenamente compatibles, yo diría que impulsoras del crecimiento económico que estamos experimentando, rompiendo con ello viejos e interesados mitos.

Estos indiscutibles avances no deben ocultar, sin embargo, la necesidad de seguir abordando los grandes retos del mundo del trabajo, entre los que se encuentran, sin ninguna duda, la necesidad de resolver las tasas de paro de las personas más jóvenes, la discriminación por edad en el acceso al empleo, especialmente para las personas mayores de 50 años, otras discriminaciones por etnia, discapacidad, orientación sexual, para lo que es necesario continuar profundizando en políticas públicas específicas e integrales que faciliten la incorporación laboral de las personas más vulnerables.

La lucha por la igualdad de las mujeres, a pesar de los avances indiscutibles, ha de ser una constante en la acción de gobierno y en las políticas públicas, muy especialmente en el ámbito laboral, ya que éste es determinante para alcanzar la capacidad emancipatoria de las mujeres. Es imprescindible analizar sectorialmente lo que está sucediendo en el mercado laboral, que continúa excluyendo a las mujeres de determinados sectores y ocupaciones, con la desigualdad que implica y con las graves ineficiencias que se derivan como consecuencia de la exclusión de más de la mitad de la población.

Entre las prioridades de la acción de gobierno se establece como primera, continuar el cambio de modelo productivo, a tal fin es esencial desarrollar una política industrial que continúe con la necesaria reindustrialización de nuestro país, el avance en la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial basada en algoritmos inclusivos, la mejora de las competencias y de la empleabilidad de las personas trabajadoras. Las grandes oportunidades de generación de empleo verde, el compromiso con la investigación, la innovación y la ciencia son factores de crecimiento y bienestar que es necesario consolidar y continuar impulsando.

Sobre otra gran prioridad de gobierno, como es el fortalecimiento del Estado del bienestar, es imprescindible darle un gran impulso a los servicios públicos, para garantizar los derechos ciudadanos y para lo que tenemos el gran reto del empleo público, su fortalecimiento, ampliación, modernización y mejora continua en los procesos de acceso a la función pública y provisión de puestos de trabajo, afrontando los grandes desafíos de los servicios públicos y su cercanía, accesibilidad y calidad para la ciudadanía. Nunca debe olvidarse que mejorar el empleo público es mejorar el bienestar de la ciudadanía y avanzar en igualdad.

La vivienda, como prioridad de gobierno, a mi parecer es el reto central de la Legislatura, dado que es el principal problema de las personas jóvenes y de las familias, cuya solución sabemos no se puede alcanzar ni en el corto plazo ni sin el concurso del conjunto de las administraciones competentes en la materia. Esta complejidad, lejos de desincentivar su abordaje, debe promover su visibilidad y centralidad en el debate público y la adopción de medidas de desarrollo de la Ley e impulso público a una nueva política, que consiga hacer realidad el acceso de las personas jóvenes y de las familias a una vivienda. Es una buena decisión que la Conferencia de Presidentes vaya a abordar la política de vivienda.

La dignidad laboral que tiene tantas dimensiones como prioridad de la acción de gobierno y que en estos momentos, junto a la reforma laboral que está impulsando la cultura de la estabilidad laboral, la necesaria creación de la Agencia Española de Empleo, que permita seguir impulsando políticas orientadas hacia el pleno empleo y la protección por desempleo, la mejora continua del SMI y de manera muy relevante la necesaria reducción de la jornada laboral, constituyen los elementos más relevantes a profundizar en ellos. Respecto a la reducción de la jornada laboral, la situación actual del diálogo social al respecto ha sido certera y detalladamente descrita en el articulo de Toni Ferrer, en el anterior número de Sistema Digital, cuya lectura recomiendo para comprender en que momento nos encontramos al respecto y la importancia del denominado Plan PYME 375, para apoyar a las pequeñas y medianas empresas que generen nuevos contratos indefinidos asociados a la reducción de la jornada.

En definitiva, muchos son los retos para seguir avanzando en lograr la dignidad laboral y no cabe duda que merece la pena fijar como prioridades de la acción de gobierno las principales preocupaciones y necesidades de la ciudadanía.