Aristóteles, en su libro, Política, afirma que “el ciudadano debe ser un hombre bien informado y bien instruido.”
Pues bien, el 49 por ciento de la población piensa todavía que la sanidad pública se financia total o parcialmente con las cotizaciones del colectivo de trabajadores, y únicamente un 46,2 por ciento sabe que se financia con los impuestos de todas las personas, a través de los presupuestos generales del Estado, según el barómetro sanitario de octubre de 2024, realizado por el CIS.
¿Por qué existe tanto desconocimiento si este modelo de financiación se estableció en el año 1997? ¿Será porque es mejor el desconocimiento para que sea más fácil que algunas comunidades autónomas regalan miles de millones de euros anuales de esos presupuestos públicos al negocio sanitario privado?
El artículo 43 de la Constitución Española reconoce a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud y a recibir la atención necesaria para mantenerla, ya sea a través de medidas preventivas o de las prestaciones necesarias.
Hacer efectivo este derecho es competencia de unos poderes públicos que tienen que organizar y tutelar la salud pública, para asegurar que todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica, puedan tener tanto la información precisa para mantener un estilo de vida saludable, como la atención médica adecuada.
Lejos de quedarse ahí, siendo ya sustancial, la Constitución otorgó otro papel importante a los poderes públicos: fomentar la educación sanitaria, la educación física y un ocio saludable. Es decir, hizo hincapié en la responsabilidad de las administraciones en la promoción de la salud y el deporte para asegurar el bienestar de la población.
Concretamente el artículo 43 dice:
“1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
- Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
- Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio.”
Para llevar a cabo esta función, es fundamental como se financia nuestro Sistema Nacional de Salud. En España, desde los años ochenta del siglo pasado se han producido distintos cambios en el modelo de financiación, que llevaron finalmente en el año 1997, a la Ley 40/1997 que estableció su financiación principal a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Este modelo pretendía buscar más equidad interterritorial, una gestión más eficiente de los recursos, dar flexibilidad a las Comunidades Autónomas para gestionar sus presupuestos sanitarios, e intentaba garantizar una adecuada financiación del sistema.
Han pasado muchos años, y la defensa de la sanidad pública se ha convertido en una de las grandes reivindicaciones y luchas en la sociedad española ante los intentos privatizadores de la misma por parte de los gobiernos del PP, tanto a nivel nacional como autonómico. ¿Tendrá algo que ver este desconocimiento con ciertas derivas privatizadoras?
Lo que está claro es que los poderes públicos, y especialmente las Comunidades Autónomas, es cierto que unas más que otras, no están cumpliendo el mandato constitucional de la información en este sentido.
Visto que solo 46,2 por ciento sabe que se financia el sistema sanitario a través de los presupuestos generales del Estado, cabe preguntarse si este desconocimiento es igual entre todos los ciudadanos. Con los datos del barómetro se observa:
- Un 52,9 por ciento de los hombres responde que la sanidad se financia a través de los impuestos de todos los ciudadanos, mientras solo el 39,9 por ciento de las mujeres responde de esta forma. 13 puntos porcentuales de diferencia.
- Los más jóvenes son los que tienen más conocimiento de como se financia la sanidad. Concretamente, un 59,7 por ciento de los que tienen edades comprendidas entre los 18 y 24 años, y un 51,1 por ciento de los que tienen entre 25 y 34 años afirman que a través de los impuestos.
- Las personas que se auto ubican a la derecha presentan porcentajes más elevados de creencia en que la sanidad pública se financia por las cotizaciones de las personas que trabajan.
Tras lo ocurrido en las últimas décadas, es preciso que los ciudadanos estén bien informados sobre cómo se financia uno de los pilares claves del Estado de Bienestar en España. ¿Por qué? Porque cuanto más informados estén, serán más libres a la hora de tomar sus decisiones, y más activos en sus reivindicaciones de mejora del sistema sanitario. A la vez, que tendrán más información sobre quien o quienes son los responsables últimos de su mejora, empeoramiento o privatización.
Máxime en un momento que presenta desafíos no solo en términos de coordinación entre el Estado y las CCAA, para garantizar la igualdad de todos los españoles, sino también porque existe una pugna entre dos modelos. Uno de sanidad pública y otro que pretende que avance el negocio de la sanidad privada al abrigo del presupuesto público.
Lo mejor para los españoles es que todas las administraciones vuelvan a la senda de la mejora del Sistema Nacional de Salud, y abandonen, quien así actúan, las orientaciones privatizadoras que se han demostrado ya menos eficientes. Esto es vital para hacer frente a retos tan presenten como la igualdad de todos los españoles en su atención, la coordinación multinivel para hacerlo efectivo, los avances tecnológicos, el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas y futuras pandemias.
Cuanto más informados estén los ciudadanos mejor. Porque como afirmó Aristóteles en su libro, Política, “el ciudadano debe ser un hombre bien informado y bien instruido.”
