En España tenemos que poner en valor que el acceso a la sanidad es universal en los servicios públicos de salud, lo que significa que todas las personas tienen derecho a la atención médica gratuita. Esta realidad se produce además en un sistema que tiene calidad, con un gasto que es menor en comparación con otros países europeos.

Pero, ¿qué opinan los españoles sobre el sistema sanitario en España? La opinión es mayoritariamente positiva, aunque precisan que se necesitan cambios. Así, un 54,6 por ciento opina que funciona bien con algunas variaciones. Un 28,6 por ciento que necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan. Y un 16,2 por ciento que funciona mal y necesita cambios profundos.

Lo anterior viene a reflejar que hay problemas que solventar para adaptarnos a los avances tecnológicos y sanitarios que se están produciendo. Pero, sobre todo, hay que mejorar y defender la sanidad pública, y oponernos como sociedad a las políticas privatizadoras emprendidas desde hace varias décadas por los gobiernos del Partido Popular por que la consideran un negocio y no un derecho de los ciudadanos.

Desde 1993, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realiza el Barómetro Sanitario. Una encuesta de opinión de periodicidad anual, junto con el Ministerio de Sanidad. La encuesta anual, base del estudio, la componen unas 7.800 entrevistas domiciliarias a personas de 18 y más años, en todas las provincias españolas. La primera oleada se ha realizado en el mes de abril de 2024 con 2.576 entrevistas. En el anterior artículo (Radiografía de la sanidad en España) destacaba entre otras cuestiones la satisfacción de los españoles con el sistema sanitario público; que cuando tienen que elegir entre utilizar un servicio sanitario público o privado, prefieren el público mayoritariamente; los problemas con las listas de espera; la percepción de desigualdades territoriales; la valoración positiva de la atención primaria y de especialidades; el frecuente uso de las urgencias; y el desconocimiento sobre cómo se financia el sistema sanitario.

En esta ocasión quiero poner el foco en la importancia de educar a los ciudadanos para que los bulos y las mentiras antivacunas, que se amplifican exponencialmente en las redes sociales, no lleguen a generar un problema de salud pública.

Las teorías conspirativas y los bulos están calando en parte de la población y pueden hacer que la gente decida no vacunarse. Es verdad que actualmente los porcentajes son reducidos, pero hay que actuar desde la educación y también desde el ámbito judicial contra los que difunden esos bulos para que estemos a salvo.

En España, nueve de cada diez ciudadanos está muy o bastante de acuerdo con que vacunarse es una buena manera de protegerse de las enfermedades. Frente a un 7,5 por ciento de la población que esté en desacuerdo o muy en desacuerdo.

En España el 89,9 por ciento de la población está muy o bastante de acuerdo con que hay que seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios respecto de la vacunación. Frente a un 8,8 por ciento que está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

En España, el 90,4 por ciento de la población está muy o bastante de acuerdo con que vacunarse protege la salud de las personas con las que convivo. Frente a un 8 por ciento que está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

Los porcentajes anteriores demuestran que la sociedad española está muy concienciada con la importancia de la vacunación, lo que es un éxito como sociedad. Pero estos datos no pueden distraernos de la otra realidad, donde, aunque minoritaria en cuanto al rechazo de las vacunas empieza a ser importante en número total y en cuanto a penetración del discurso.

Aunque un 57,5 por ciento de la población está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación de que las vacunas provocan efectos adversos en la salud, hay un 36,7 por ciento que está muy o bastante de acuerdo con ella. Lo que puede generar en muy poco tiempo problemas importantes de salud pública en España si estas personas deciden no vacunarse.

Por decirlo de otro modo, los antivacunas pueden provocar la reaparición de enfermedades prevenibles; la aparición de brotes de enfermedades que estaban controladas como ha ocurrió con el sarampión debido a la disminución de la cobertura de vacunación; el aumento del riesgo de contraer enfermedades graves al no vacunarse que pueden llevar a complicaciones de salud a largo plazo, con hospitalización y, en casos extremos, con la muerte; el incremento de los costes sanitarios como consecuencia de tener que hacer frente a nuevos brotes de enfermedades que estaban controladas con las vacunas; la erosión de la inmunidad de grupo que se logra cuando una alta proporción de la población está vacunada y así protege a los que no lo están; o la pérdida de confianza en el sistema de salud, dificultando el desarrollo de programas de salud pública eficaces.

Es un reto importante, al que hay que responder con determinación porque nos estamos jugando la salud de todos. Por ese motivo, frente a los bulos, las mentiras y el ruido, tenemos que seguir luchando por tener una sanidad universal de calidad frente al egoísmo y la avaricia de quienes quieren privatizarla para ganar millones al grito de una falsa libertad. O frente a unos antivacunas que pueden segarnos la vida con sus patrañas.

Recordemos siempre, que la sanidad pública es un derecho, no un privilegio. Y que los derechos o se defienden o se pierden