Las expectativas sobre el futuro en cualquier sociedad son algo más que las meras opiniones individuales de sus ciudadanos, operan como un indicador de la vida política en esa sociedad. Así, cuando amplios sectores de la población creen que se producirán cambios profundos, donde además perderán parte de sus seguridades vitales, se intensifica la incertidumbre al mismo tiempo que la demanda de comunicación, orientación y garantías ante lo desconocido.

Mucho más, si en el entorno internacional aumenta la inestabilidad con guerras, tensiones geopolíticas y vulneraciones cada vez más graves del derecho internacional en distintas zonas del planeta.

En ese momento, que es el actual, el sentido del “cambio”, si se presenta como oportunidad o como amenaza, se convierte en un elemento central para explicar y comprender lo que está sucediendo, entre otras cuestiones con las dinámicas de polarización, las preferencias por liderazgos fuertes o autoritarios y la mayor aceptación de soluciones excepcionales o abiertamente ilegales.

En los últimos años en España se ha consolidado una percepción mayoritaria de que en los próximos diez años se producirán “muchos o bastantes cambios” sociales y económicos. Concretamente, en torno a 7 de cada 10 personas (un 69,9 por ciento en 2021; un 68,9 por ciento en 2022; un 70,3 por ciento en 2023; y un 69 por ciento en 2025), excepto en 2024 que baja hasta el 61,8 por ciento.

Sin embargo, el resultado más significativo se produce en la valoración de esos cambios entre las personas que creen que habrá cambios.  En cinco años, se pasa de un optimismo mayoritario al pesimismo.

Así, en el año 2021, entre los españoles que creían que habría cambios, el 50,1 por ciento los valoraba como muy positivos o positivos, frente a un 28,7 por ciento que los calificaba como muy negativos o negativos, lo que suponía una diferencia positiva de 21,4 puntos porcentuales.

En 2025, esta relación se invierte. La proporción de quienes consideran que los cambios serán muy negativos o negativos se sitúa en el 40,9 por ciento, superando a la de quienes los evalúan como muy positivos o positivos, que baja hasta el 39,6 por ciento.

Estos datos vienen a mostrar un cambio de clima en la sociedad española, donde se mantienen las expectativas de cambio, pero estás pasan de estar alineadas con “un futuro como mejora”, es decir, habrá cambios y serán para mejor, a “un futuro como amenaza”, es decir, habrá cambios y serán peligrosos o perjudiciales.

Este giro tiene implicaciones políticas importantes y directas. Ya que cuando el cambio se vive como amenaza, aumenta el apoyo y la afinidad a discursos autoritarios y a la aceptación de soluciones excepcionales o abiertamente ilegales.

En este punto, también hay que destacar que ha aumentado el interés por la política, que pasa de un 49,6 por ciento de ciudadanos que declaraban tener mucho o bastante interés en el año 2021, al 57,6 por ciento en el año 2025, con un pico que llega al 59,8 por ciento en el año 2023. Un incremento de 8 puntos porcentuales y un aumento porcentual relativo del 16,1 por ciento.

Se manifiesta de este modo una realidad donde la política se ha vuelto algo más central en la vida cotidiana de la gente, ya sea por la creciente polarización afectiva o por el incremento de conflictos internacionales, que consideran que afectan o pueden afectar directamente a su seguridad material, física o cultural en relación con su identidad.

Pero este aumento del interés de los ciudadanos por la política no implica necesariamente mayor confianza o esperanza, mayor participación ciudadana en los asuntos públicos. Puede indicar ansiedad ante una percepción de mayor amenaza o riesgo.

Veamos. Nos encontramos en un momento donde en la sociedad española existe una alta conciencia de que en el futuro se van a producir cambios, y que esos cambios ya no se perciben como positivos sino de manera negativa. Todo ello, en un contexto de aumento del interés de la gente por la política.

Esta realidad, nos guste o no, suele venir acompañada de un incremento del apoyo a discursos autoritarios y excluyentes, que solo pueden ser combatidos desde la participación y la construcción de proyectos colectivos de futuro de progreso e igualdad.

Una política de esperanza es hacer realidad en la vida cotidiana de la gente la libertad, la igualdad y la fraternidad. Es una acción de gobierno y de la mayoría social que construye en el presente un futuro creíble mejor para todos y no solo para unas pequeñas élites. Es la oportunidad que les queda a las democracias.

Lo contrario, lo que vemos con asombro ahora, es un presente incierto y un sentimiento de ir hacia un futuro temible donde la ley del más fuerte es la que gana terreno.

Hay que disputar el presente y el futuro. No vale la indiferencia o el cálculo cortoplacista. Es cierto que nos encontramos ante un momento de tensión estructural en las democracias, donde la inquietud hacia el futuro y su visión negativa es el escenario perfecto para opciones populistas autoritarias que desde dentro pueden acabar con la democracia, con un discurso donde prometen soluciones simples y rápidas a problemas complejos, castigo a la inmigración y nativismo cultural.

Pero hay otra cara de la moneda, la que representa una sociedad que no está desmovilizada ni es indiferente, como demuestra una mayor atención a la política. El aumento del interés sobre las cuestiones políticas, hay que aprovecharlo para la causa democrática porque puede indicar mayor disponibilidad para la acción.

Una movilización y acción ciudadana en clave democrática, basada en el respeto y cumplimiento efectivo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en cualquier parte del mundo, es el único antídoto para aumentar el bienestar en el presente y disputar el significado del futuro frente a la normalización del autoritarismo, el uso de la fuerza indiscriminado y la violación del derecho internacional.

Las gentes de bien en todo el mundo y también en España tiene la oportunidad y el deber de cambiar el significado de nuestro presente y nuestro futuro. Construir hoy un futuro que deje atrás las políticas de fuerza, tan de moda en estos momentos, y consolide las políticas de garantía de los derechos humanos con un arquitectura institucional y social capaz de ofrecer seguridad sin autoritarismo, y bienestar sin exclusión.