La muerte de dos guardias civiles en Huelva, el pasado viernes 8 de mayo de 2026, es una nueva tragedia. Dos servidores públicos han perdido la vida durante un operativo contra el narcotráfico.

Según la información difundida tras el suceso, el siniestro ocurrió a unas 80 millas de la costa de Huelva, durante una persecución a una narcolancha, cuando dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil colisionaron. Además de los dos agentes fallecidos, otros dos resultaron heridos.

Lo primero debe ser el respeto. Respeto a quienes han muerto cumpliendo con su deber. Respeto a sus familias, a sus compañeros y a todos los agentes que cada día salen a protegernos, ya sea en el mar, en la calle o investigando redes criminales, sin saber si volverán sanos y salvos a sus casas.

Pero el respeto no puede quedarse solo en el pésame institucional. Una sociedad democrática debe acompañar el dolor de las familias, pero también debe ofrecer certezas al conjunto de la ciudadanía. En momentos así, la ciudadanía necesita saber que el Estado no mira hacia otro lado, que respalda a quienes cumplen la ley y protege a quienes arriesgan su vida para defenderla.

Y ahí el discurso político debe ser más claro. No solo por las víctimas y sus familias, sino también para impedir que determinadas fuerzas políticas se aprovechen de las tragedias y las conviertan en una oportunidad de confrontación política.

Cuando un Gobierno democrático no ofrece una respuesta contundente ante la inseguridad, la extrema derecha llena ese silencio con ruido, miedo y falsas soluciones. Por eso hace falta un discurso firme, cercano y eficaz. Un discurso que reconozca los buenos datos de seguridad, pero que también sea capaz de mirar de frente las amenazas que preocupan a la ciudadanía.

España es uno de los países más seguros de Europa. No es una frase hecha ni un eslogan. En 2023, la tasa de homicidios fue de 0,68 por cada 100.000 habitantes, una cifra baja en términos comparados. Además, el Balance de Criminalidad de 2025 situó la criminalidad convencional en 40,4 delitos por cada mil habitantes, dentro de la banda más baja de la serie histórica.

Esa seguridad no ha caído del cielo. Es el resultado de instituciones que funcionan, de profesionales preparados, de inversión pública, de leyes y de la convicción básica de que el Estado debe estar presente.

Los gobiernos socialistas pueden reivindicar una parte importante de esa realidad. Según el Ministerio del Interior, desde 2018 se han incorporado 14.391 nuevos efectivos a las Fuerzas de Seguridad, lo que permitió que Policía Nacional y Guardia Civil alcanzaran conjuntamente los 156.463 agentes en diciembre de 2024, su máximo histórico. En 2025, además, se autorizó la convocatoria de 6.032 nuevas plazas para ambos cuerpos.

También existen planes concretos contra el narcotráfico. El V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, desplegado actualmente en seis provincias andaluzas, destina 38,2 millones de euros en 2026 a refuerzos de plantilla, medios materiales, tecnología, investigación e inteligencia policial.

Según los datos del Ministerio del Interior, desde julio de 2018 hasta diciembre de 2025, el despliegue del plan permitió impulsar 47.862 operaciones policiales y detener o investigar a 31.335 sospechosos relacionados con el narcotráfico y el contrabando.

Por tanto, sería injusto decir que no se ha hecho nada. Se ha hecho. Se han aumentado medios, se han reforzado plantillas, se han aprobado planes y se han desarrollado operaciones. Pero, ante una tragedia como la de Huelva, hay que hablar más allá de lo que se hace. No basta con hablar de presupuestos, protocolos, dispositivos o balances. Todo eso importa, pero no es suficiente.

Porque no es la primera vez.

En febrero de 2024, dos guardias civiles murieron en Barbate después de que su patrullera fuera embestida por una narcolancha en el puerto de la localidad gaditana. La Guardia Civil detuvo entonces a ocho personas por su presunta implicación.

Un año después, Barbate seguía reclamando justicia y más medios contra el narcotráfico. Ahora, la muerte de dos guardias civiles en Huelva vuelve a sacudir a la sociedad española. Su muerte reabre esa herida y vuelve a situar el problema de las narcolanchas y del narcotráfico en el centro del debate público.

Y cuando episodios de esta gravedad se repiten, la sociedad empieza a preguntarse si algunas organizaciones criminales se están envalentonando; si han perdido el miedo a desafiar a la autoridad; si perciben la respuesta del Estado como una señal de debilidad.

Esa pregunta merece una respuesta firme.

Esa firmeza es necesaria también por una razón democrática, para que la seguridad no quede en manos de quienes la utilizan como arma electoral. La extrema derecha no necesita resolver los problemas; le basta con explotarlos. Le basta con convertir el miedo en identidad política y el dolor en acusación permanente. Por eso, un Gobierno socialista tiene que hablar claro. No para competir en exageraciones, sino para demostrar que la seguridad puede defenderse con seriedad, con medios, con ley y con sensibilidad democrática.

No estamos hablando de venganza. No se necesita una respuesta fuera de la ley ni una respuesta basada en gestos vacíos. Se necesita una respuesta de Estado. Dentro de la legalidad democrática, pero con toda la fuerza de la legalidad democrática. Porque actuar con serenidad no significa actuar con debilidad. Defender las garantías no significa renunciar a la firmeza. Y un Estado democrático debe ser capaz de llamar delincuentes a los delincuentes, narcotraficantes a los narcotraficantes y crimen organizado al crimen organizado.

Un Gobierno socialista no debe tener complejos al hablar de seguridad. Al contrario, porque lo hace con políticas y entiende mejor que nadie que la seguridad también es una política social. Sin seguridad no hay libertad real. Sin seguridad no hay igualdad. Sin seguridad, los barrios humildes son los primeros en sufrir la ley del más fuerte. Cuando el Estado deja espacios sin proteger, no aparecen una sociedad más justa; aparecen las mafias, la intimidación, el dinero sucio y el miedo.

Por eso el PSOE debe defender sus datos, pero también mejorar su lenguaje. Puede decir, con razón, que sus gobiernos han reforzado el bienestar, los servicios públicos, las plantillas policiales y los planes contra el narcotráfico. Puede reivindicar que España es hoy uno de los países más seguros de Europa. Pero, en momentos como este, la ciudadanía no necesita únicamente una explicación técnica. Necesita una voz política que empatice con las familias de los agentes fallecidos y que transmita seguridad al país.

Necesita oír algo sencillo. Que el Estado no va a retroceder. Que se pondrán más medios si hacen falta. Que los agentes no estarán solos. Que quienes desafían violentamente la ley responderán ante la justicia. Que las organizaciones criminales no van a decidir qué zonas controla el Estado y cuáles quedan sometidas al poder del narcotráfico.

La firmeza democrática consiste exactamente en eso: en más medios, más inteligencia, más coordinación judicial y policial, más tecnología, más protección para los agentes y más presencia del Estado allí donde el crimen organizado intenta imponerse. Pero también consiste en algo menos técnico y más profundo: voluntad política.

Hay que decir a las familias de los guardias civiles fallecidos que su dolor no será tratado como una estadística. Hay que decir a sus compañeros que su trabajo tiene respaldo político. Y hay que decir a la sociedad española que el Estado utilizará todos los instrumentos legales disponibles para que quienes viven de la violencia y del narcotráfico terminen en la cárcel.

La retórica de mano dura se equivoca cuando reduce la seguridad a gritos, castigos y propaganda. La extrema derecha suele aparecer después de cada tragedia con mensajes grandilocuentes, pero casi nunca con soluciones serias, ni planes concretos, ni inversión sostenida, ni políticas públicas eficaces, ni una idea responsable del Estado. Pero una parte de la izquierda también se equivoca cuando habla de la delincuencia con demasiadas cautelas.

Las causas sociales importan y deben ser atendidas. Hay prevención, educación, empleo y cohesión que también son seguridad. Pero una narcolancha no se combate solo con explicaciones sociales. Una organización criminal no es una abstracción. Un delincuente que pone en peligro la vida de un agente debe ser perseguido por la ley y responder ante los tribunales.

España es un país seguro. Precisamente por eso no puede permitirse que el crimen organizado crea que puede medir sus fuerzas con el Estado. La respuesta no debe ser sobreactuada, pero sí inequívoca. No debe ser vengativa, pero sí firme. No debe salirse de la ley, pero debe usar la ley hasta el final.

Un Gobierno socialista debe saber decir dos cosas a la vez. Que España ha construido seguridad con bienestar, cohesión social e instituciones fuertes; y que, frente a quienes desafían violentamente al Estado, no habrá complejos, no habrá vacilación y no habrá indiferencia.

Proteger a la ciudadanía exige respaldar a quienes nos protegen. Y defender la seguridad en democracia exige impedir que el miedo sustituya a las soluciones. Una democracia también se mide por su capacidad para cuidar a quienes la defienden, actuar con firmeza dentro de la ley y no dejar que el dolor sea utilizado como arma política.

Descansen en paz.