Un reciente informe de la Oficina Nacional de Perspectiva y Estrategia (ONPE) dependiente de la Presidencia del Gobierno de España, publicado hace unos días, destaca que la inmigración es un motor fundamental para la economía española y la sostenibilidad de su Estado del bienestar.

Para ello analiza un escenario de futuro que llega al año 2075, y advierte sobre las graves consecuencias de reducir la inmigración en un 30%, que podría producir una caída del 22% del PIB, cuando esta ha sido la gran impulsora del crecimiento económico tras la pandemia en nuestro país.

Y es que, la “leyenda” de que los inmigrantes restan oportunidades de trabajo a la población local, es insostenible. Un país marcado por el envejecimiento de la población y una natalidad escasa, solo puede mantener su actividad económica y el Estado del bienestar con la llegada de personas de fuera.

El informe sostiene que una reducción del 30%, como algunos políticos plantean, en el entorno del 2075, afectaría muy negativamente a nuestra forma de vida y al mantenimiento de nuestro Estado como lo concebimos actualmente. Lo primero que podría ocurrir, es que la población activa disminuiría en 9 millones de personas, se perderían 63.000 médicos especialistas y cerrarían unos 90.000 bares. Porque lejos de desplazar de la actividad laboral a los autóctonos, sostienen sectores estratégicos, fundamentalmente en la atención a las personas, transportes, construcción, agricultura, servicios esenciales y numerosos profesionales en el campo de la sanidad y otros. Todos hacen que se mantenga nuestro sistema de pensiones y de servicios públicos.

Con los actuales niveles de inmigración, la previsión es llegar en 2075 a una población activa de 33 millones, si se redujera un 30% la población caería a 40 millones y la población activa en edad de trabajar no superaría los 24. El PIB sería un 22% menos, cada trabajador debería aportar 2.000 euros adicionales al año para financiar las pensiones y los servicios públicos deberían enfrentarse a una realidad muy diferente a la que vivimos ahora.

Entre los sectores más golpeados por una reducción drástica de la inmigración sobresale la agricultura, que podría perder un tercio de la producción de frutas, verduras y explotaciones ganaderas. Las provincias más afectadas por la despoblación, la llamada España vaciada, como Teruel, Soria, Ávila, Huesca, Zamora…etcétera, podrían reducir su población hasta un 28%.

Manteniendo los actuales flujos migratorios, España seguirá con su actual dinamismo económico, pues los nuevos flujos compensarían el envejecimiento de nuestra sociedad. Según las proyecciones del informe llegaríamos a los 55 millones en 2075 frente a los casi 50 actuales.

A menos población activa y más personas jubiladas las cuentas públicas también quedarían afectadas. El gasto en pensiones aumentaría en un 1’2% adicional al PIB y la recaudación caería, lo cual conllevaría a la subida de impuestos o recortar prestaciones. Si bien es cierto que la reducción de población lleva menos gasto público (sobre todo en educación), “la reducción del gasto ocasionada por una menos población, no compensa la caída de ingresos”, dice el informe.

Con menos trabajadores y menos actividad económica la base fiscal se reduce y el equilibrio de las cuentas públicas se rompe.

Al margen de los efectos positivos que tiene para la actividad económica la llegada de población extranjera, también se asocia a una mayor diversidad social, de adaptación entre diferentes y de respeto y solidaridad entre poblaciones de culturas distintas.

La corriente mayoritaria en la UE actual es bastante distinta a la que hoy en día se está desarrollando en España, la regularización de 500.000 inmigrantes parece una utopía dentro de una UE embarcada en un giro restrictivo con la entrada en vigor del Pacto de Migración y Asilo y el reglamento de retornos que aceleran expulsiones y amplía la posibilidad de enviar a solicitantes rechazados a “terceros países seguros”. Que, en muchos casos, no deja de ser una broma considerar como tales, a Libia, Mauritania, Tunez, Bangladés, Colombia, Egipto, India, Kosovo o Marruecos…Políticas en las que fue pionera la Italia de Meloni, y hasta ahora, ya le están siguiendo Grecia y Bélgica.

Pero, mientras tanto, la UE envejece y la población caerá hasta 2070 un 5%. Así la población actual pasará de los 265 millones de personas activas a 219. En esos años habrá menos de dos europeos trabajando por cada persona pensionista. El escenario de permitir que para 2050 haya 50 millones de inmigrantes más para mantener la actividad económica, la competitividad y los servicios públicos sigue ahí; pero el arrinconamiento de las políticas combinadas entre control de fronteras y aceptación de los flujos migratorios se está rompiendo por la presión de una ultraderecha insaciable en su odio al diferente y unos políticos claudicantes y débiles, incapaces de hacer frente a la demagogia de los populismos fascistas. Sin inmigración no hay futuro.