La presente situación no se debe solamente a la crisis del 2008 y a los recientes efectos de la Pandemia; sino que viene de muy de lejos. No debemos olvidar que en los años ‘80 los sindicatos aceptaron con lealtad un duro ajuste industrial y de salarios, justificado por la crítica situación de la economía española, sin alcanzar las justas compensaciones. Además de los sacrificios y las medidas impopulares, lo que preocupaba a los dirigentes sindicales era el tono con el que eran tratados en las altas esferas del Gobierno: la visión creciente de los sindicatos como organizaciones opuestas al progreso social y como grupos de presión en defensa de intereses corporativos a los que había que limitar su capacidad de acción. Se apostó, en definitiva, por una ‘socialdemocracia sin sindicatos…’, como si eso fuera posible. Desde entonces, las políticas económicas que se han venido practicando (salvo algunas excepciones) no han corregido el deterioro del empleo; reducido la precariedad del mercado de trabajo; aumentado la protección social; mejorado la calidad de los servicios públicos; y propiciado una política fiscal más justa.
Actualmente, las altas cifras de paro y la precariedad del mercado de trabajo constituyen un considerable freno a la acción sindical. La última Encuesta de Población Activa (Primer Trimestre 2021) refleja una importante reducción de la Población Activa (-203.400 personas) y en la Ocupación (-137.600 personas). Mientras, se incrementa el número de personas Inactivas (+195.300) que ya son cerca de 17 millones; en el primer trimestre de 2021 más de un millón de personas no han podido buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar. En España las personas paradas son el 15,98% (3,7 millones), solo superada por Grecia, doblando la Tasa de Paro de la UE-27; mientras que con el 38,5% de paro entre los jóvenes menores de 25 años somos líderes y más que doblamos la media de la UE-27 (16,8% en 2020). En cuanto a la calidad del empleo, España con una Tasa de Temporalidad del 23,8% lidera la UE-27 (13,6% en 2020), y las personas ocupadas a Tiempo Parcial son el 14% (2,7 millones) de las que 3 de cada 4 son mujeres, lo que influye decisivamente en la ‘brecha salarial’. Aumenta el Paro de Larga Duración (en España es del 5% de la Población Activa, doblando la media de la UE-27), y 600.000 personas habían perdido su empleo hace tres o más años y seguían sin encontrar una ocupación. Advertir que cuatro millones de personas se encontraban en Paro Registrado en febrero de 2021, de las que solo el 59% percibieron algún tipo de prestación por desempleo, y únicamente el 29% pudo recibir la Prestación Contributiva. Por último, 1.226.200 Hogares tenían a todos sus miembros en Paro, 152.400 Hogares más que en el Primer Trimestre de 2020. (Alberto Pérez García. Grupo Adecco).
A la vista de esta realidad laboral y social, pudiera dar la impresión de que nos hemos acostumbrado a convivir con problemas mayúsculos e intolerables en una sociedad moderna.
La actual legislación laboral está influyendo muy negativamente en el trabajo sindical. Prácticamente todas las reformas laborales llevadas a cabo desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (marzo de 1980) han perjudicado seriamente a los sindicatos y desregulado, hasta límites extremos, el mercado de trabajo. Sobre todo, la última reforma del PP (año 2012) ha sido nefasta, porque ha dinamitado los salarios y desequilibrado (prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, eliminación de la ultraactividad de los convenios, inaplicación de los convenios colectivos, etc.) la relación de fuerzas a favor de los empresarios en la negociación colectiva.
Además, existen factores externos que están influyendo notablemente en los sindicatos. La relación histórica entre los sindicatos y los partidos de izquierda siempre ha sido fluida al tratarse de una relación entre organizaciones de clase. Sin embargo, la conversión de los partidos de izquierda en partidos interclasistas eliminó las referencias partidarias de los sindicatos. Por eso, en la actualidad, las únicas referencias válidas de los sindicatos son la autonomía sindical, la unidad de acción sindical y las ideas progresistas: la centralidad del trabajo y los trabajadores, el empleo decente, las políticas redistributivas (lucha por la igualdad) y la solidaridad internacional.
Es preocupante el desplome que ha sufrido la formación sindical en contraste con la labor desarrollada en las históricas ‘Casas del Pueblo’, donde se divulgaban las ideas socialistas, se hacía proselitismo y se formaba a la clase obrera; sobre todo a los jóvenes a los que se quería separar de las plazas de toros, de las iglesias, de las juergas y de los abusos alcohólicos. En aquel entonces se aspiraba a formar un hombre nuevo (el llamado ‘obrero consciente’), distinto, cuando no opuesto al que se suponía había contribuido a crear la sociedad burguesa y la moral católica. Hoy la formación sindical de los delegados, miembros de los comités de empresa y afiliados en general, no ocupa el epicentro de una estrategia sindical dirigida a fortalecer organizativamente el sindicato desde la base, mediante la formación continua y la capacitación de sus miembros.
Debemos referirnos también al riesgo de burocratización de los sindicatos como uno de los potenciales problemas del sindicalismo moderno. Se puede constatar la baja participación de los delegados y afiliados en las estructuras del sindicato, la caída de la democracia interna en la toma de decisiones y la escasa presencia organizada de los sindicatos en los centros de trabajo. Por otra parte, la acción sindical está muy marcada por su carácter institucional y pactista y, lo que es más grave, adolece de músculo sindical, capacidad de movilización, contestación y actitud de combate.
El movimiento sindical tiene un serio problema para la financiación de sus estructuras. Los últimos ataques ideológicos a los sindicatos, entre otras cosas, han obligado a eliminar gastos y a racionalizar y reducir sus estructuras (Federaciones y Uniones) hasta límites extremos, lo que condiciona muy negativamente su acción sindical y la presencia del sindicato en las empresas y en la sociedad: porque la acción del sindicato no termina a las puertas del centro de trabajo. Ello exige reflexionar sobre las medidas de apoyo al movimiento sindical, como ocurre en los países más avanzados de la UE, ante una realidad indiscutible: los sindicatos defienden, sin recibir nada a cambio, a todos los trabajadores y no solamente a sus afiliados, a través del diálogo social y la negociación colectiva; por lo tanto, parte de los gastos que se generan se deberían imputar, de alguna manera, a los no afiliados, a pesar de que un sindicato debe aspirar a financiarse exclusivamente a través de sus cuotas.
Finalmente, la baja afiliación es el corolario de esta situación en un marco laboral desfavorable para los sindicatos, sobre todo en las empresas menores de 50 trabajadores (donde un buen número de los delegados elegidos en las listas sindicales no están afiliados). Con el añadido de que en las empresas de 1 a 5 trabajadores (que son el 77% del total de las empresas inscritas en la Seguridad Social y dan ocupación al 15% de los trabajadores) no se pueden, según el Estatuto de los Trabajadores, realizar elecciones sindicales; por lo que cerca de dos millones de trabajadores empleados en casi un millón de empresas, no tienen derecho a participar en la empresa a través de los órganos de representación colectiva, con lo que ello supone para las relaciones laborales y las condiciones de trabajo de los afectados. La baja afiliación repercute decisivamente en la relación de fuerzas y, desde luego, en el desarrollo de un sindicalismo de base, pegado a la realidad de las empresas y al sentir mayoritario de los trabajadores, que no se ven suficientemente representados por el movimiento sindical.
En este duro contexto se ha desarrollado una acción sindical defensiva encaminada a limitar daños, de marcado carácter institucional y basada en la consecución de grandes acuerdos. A estos factores hay que añadir los problemas derivados de una débil acción sindical en las empresas, la desmovilización de los trabajadores, la limitada presencia en las redes sociales y en movimientos emergentes, así como la falta de alternativas sindicales viables relacionadas con el desempleo y la precariedad; que han terminado por deteriorar gravemente la credibilidad de los propios sindicatos.
Hasta aquí unos breves apuntes sobre la situación actual que será analizada en el 43º Congreso de UGT. En respuesta a este diagnóstico, el Sindicato ha aprobado para su debate un Plan de Acción en defensa de la justicia social, de la dignidad y la paz en el mundo, capaz de responder a los problemas que más preocupan a los trabajadores: el desempleo (jóvenes y larga duración), los salarios (SMI), la precariedad (temporalidad, tiempo parcial, falsos autónomos, plataformas digitales…), los servicios públicos (sanidad y educación), la protección social (pensiones, desempleo, dependencia, IMV…), la igualdad de género, la política industrial, la digitalización en el trabajo, el cambio hacia un modelo productivo sostenible y una política fiscal progresista que ayude a superar la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Garantizando que la salida de la crisis se lleve a cabo apostando por la centralidad del trabajo: porque todo comienza por un empleo. Esta debe ser una exigencia que se contemple en las resoluciones congresuales porque, como se ha demostrado a través de la historia, los sindicatos y los trabajadores han sido siempre los que más han sufrido el coste de las crisis.
Por eso, los sindicatos deben participar activamente en la reconstrucción y modernización del país y en la canalización de las ayudas de la UE. Es el momento de reafirmar que las empresas, el mercado y el capital financiero nunca han aportado soluciones reales, al margen de seguir defendiendo sus propios intereses alejados de la ‘responsabilidad social’ que les corresponde en una sociedad democrática. Las recientes declaraciones de Biden anunciando una subida de impuestos a los más ricos (y también a las grandes empresas multinacionales) y animando a los trabajadores a que se sindiquen, y el impuesto de sucesiones vigente en Corea del Sur, por el que los herederos de la empresa Samsung tienen que abonar más de la mitad de su legado (casi 9.000 millones de euros); marcan el camino a seguir, sin complejos. Éxitos en el 43º Congreso, y a la espera de las Resoluciones congresuales.
