Como cada vez que el voto de los españoles niega el poder a la derecha, sus terminales políticas y mediáticas cuestionan la legitimidad de la izquierda para formar gobierno. Con insultos, con falsedades, con anuncios apocalípticos. Nada nuevo en nuestra historia patria.

Las negociaciones en marcha para investir a Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno de España son plenamente legítimas, porque se basan en las mayorías parlamentarias que decidieron los españoles en las urnas, y porque cumplen el ordenamiento constitucional vigente.

La legitimidad democrática de los votos en el Congreso es indiscutible. La legitimidad constitucional de los procedimientos del artículo 99 de la Carta Magna es incuestionable. Lo que puede discutirse es el interés general de los planes y medidas acordados entre las fuerzas políticas dispuestas a respaldar la investidura.

Ahora bien, la pertinencia de tales planes y medidas en relación al interés general no se establece con los exabruptos de los líderes frustrados de la derecha política, ni en las portadas tendenciosas de la derecha mediática, ni en las concentraciones de odiadores en Colón. En democracia, tal pertinencia se establece a través de los representantes de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

La legitimidad de los acuerdos que se alcancen para la investidura no surge de contubernio alguno, sino del cumplimiento de sus funciones representativas por parte de los diputados elegidos el pasado 23 de julio. Y si 121 diputados del PSOE, más 31 diputados de Sumar, más 7 diputados de ERC, más 7 diputados de JxC, más 6 diputados de EHB, más 5 diputados del PNV, más 1 diputado del BNG, es decir, una mayoría de 178 diputados, alcanza acuerdos para apoyar una investidura, su legitimidad está fuera de duda en democracia.

Las acusaciones sobre la llegada del apocalipsis de la mano de los gobiernos de la izquierda son una constante en la derecha. Ocurrió con los gobiernos de González y de Zapatero. Ocurre desde que Sánchez es Presidente.

Anunciaron apocalipsis sin vacunas con la COVID. Anunciaron apocalipsis de recesión y paro. Anunciaron apocalipsis de secesión territorial inminente. Anunciaron apocalipsis de ruptura de la igualdad. Anunciaron apocalipsis de fin de la democracia. Pero el apocalipsis solo llegó en la noche del 23J a la calle Génova, por la frustración que provocó entre los populares el hecho de que los españoles les habían negado la mayoría para gobernar.

Ahora el apocalipsis es la amnistía. Y la proposición de ley de la amnistía será legítima si es respaldada por la mayoría de los españoles a través de sus representantes legítimos. Y será constitucional mientras nadie la recurra y no tenga una sentencia por parte del Tribunal Constitucional que establezca lo contrario.

A la espera de conocer el contenido de la proposición que finalmente se acuerde, cabe desmentir una decena de las falsedades vertidas al respecto, por lo menos.

Una ley no puede ser ilegal, de entrada y como se ha llegado a decir.

Una ley puede partir de una proposición de ley, con igual legitimidad que lo hace a partir de un proyecto de ley. Negar que los legisladores puedan legislar roza el ridículo.

Las amnistías no son incompatibles con las democracias, ni destruyen las democracias. Estados plenamente democráticos, como Italia, Francia o Portugal, recogen esta figura de gracia en sus constituciones y en sus ordenamientos legales.

Las amnistías no acaban con el Estado de Derecho, como no lo hace ley alguna nacida de un parlamento democrático conforme a las reglas constitucionales.

Las leyes de amnistía no destruyen la separación de poderes, puesto que en democracia corresponde al legislador hacer las leyes, y a los demás poderes respetarlas y aplicarlas. Las de amnistía, también.

Las amnistías no borran los delitos. Eximen de responsabilidad a algunas personas, en condiciones determinadas legalmente, y para servir a un propósito de interés general.

Las amnistías no establecen inmunidades ni impunidades. Eximen de responsabilidad en relación a unos delitos y faltas determinadas, por un tiempo tasado y limitado.

Una proposición de ley de amnistía no es inconstitucional si el Tribunal Constitucional no lo determina así. La proposición registrada por los independentistas en 2021 fue inadmitida por la Mesa del Congreso a causa de la inconstitucionalidad “palmaria” de su redactado. Esto no quiere decir que cualquier proposición al respecto conlleve la misma tara.

Por ejemplo, cabe establecer que cualquier ley de amnistía viable ha de justificar la eventual limitación en la aplicación del principio constitucional de igualdad, en clave de interés general.

El resto de la negociación para la investidura versa sobre los contenidos lógicos y habituales, pese a las alharacas de la derecha. Se acuerda sobre leyes futuras, sobre presupuestos, sobre inversiones, sobre infraestructuras, sobre financiación de las administraciones públicas… Como siempre. Como hicieron Aznar y Rajoy con nacionalistas catalanes y vascos. Legítimamente.

Los negociadores socialistas han dejado claro, por ejemplo, que las condonaciones de deuda acordadas para unas comunidades autónomas serán aplicadas de manera equivalente en las demás comunidades de régimen común. Quienes ignoran este compromiso explícito o aluden a falsos tratos de favor, tan solo buscan el agravio y el conflicto a base de manipular y mentir.

¿Existen hechos y comportamientos que vulneran la Constitución en este proceso? Existen, en mi opinión. El PP ha impulsado una reforma en el Reglamento del Senado, inconstitucional a mi juicio, para obstaculizar la tramitación de proposiciones de ley. Pretenden establecer una diferenciación en el tratamiento de proyectos y proposiciones de ley que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desmiente.

También contraría la Constitución el papel que se arrogan un grupo de vocales derechistas en el órgano de gobierno del Poder Judicial, adjudicando constitucionalidades o inconstitucionalidades como si fuera esa su función, y como si no se hubieran situado hace años fuera de la legitimidad constitucional por causa de su no renovación.

Inconstitucional es también, por cierto, la actitud de quienes niegan legitimidad a la representación parlamentaria surgida de unas elecciones limpias, como fueron las del 23 de julio pasado, y reclaman la repetición electoral constante, se entiende que hasta que el resultado de las urnas sea afecto a su interés particular.

La negociación, los eventuales acuerdos, la investidura y el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, cuando se forme, serán constitucionales, serán legítimos y responderán al interés general, porque así lo entenderá la mayoría de los representantes de los españoles en el Congreso.

España necesita avanzar y no retroceder. España necesita nuevos avances en justicia social, en modernización, en una transición ecológica justa, en derechos civiles, en feminismo, en convivencia territorial, en influencia internacional…

Y España, como el resto de Europa, necesitan un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez dispuesto y útil para hacer frente a la oleada de populismo ultra, que amenaza el progreso y los derechos de las mayorías, cada día más.