Casi ocho de cada diez españoles consideran que la justicia no trata igual a los ricos que a los pobres, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la calidad de la democracia (IV). Que piense asà el 78,4 % de la población muestra la grave erosión democrática que estamos sufriendo, ya que, sin igualdad ante la ley, la independencia judicial corre el riesgo de convertirse en el privilegio de una institución alejada de la ciudadanÃa.
Esta visibilización de parcialidad de la justicia es un tema recurrente en la historia de la democracia. Ya decÃa Montesquieu, en su libro Del espÃritu de las leyes (libro XI, capÃtulo VI), en 1748, que: «Si la potestad de juzgar estuviera unida a la legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos serÃa arbitrario, porque el juez serÃa legislador».
La advertencia de Montesquieu no estaba dirigida contra la existencia de jueces independientes. Al contrario, defendÃa la separación del Gobierno y del Parlamento como condición indispensable de la libertad. Pero también advertÃa de que el poder judicial podÃa volverse arbitrario cuando rebasa sus lÃmites y sustituye la ley por la voluntad particular de quien juzga.
En la España de 2026, el problema no es solamente jurÃdico. Es, sobre todo, un problema de confianza, ya que solo el 21 % de la población cree que la justicia trata igual a ricos y pobres.
Estos datos muestran que no se trata de una mayorÃa circunstancial ni de una opinión exclusiva de un sector polÃtico. La desconfianza recorre casi toda la sociedad:
- Por sexo, el 75 % de los hombres rechaza que ricos y pobres reciban el mismo trato, mientras que, entre las mujeres, el porcentaje sube hasta el 81,7 %.
- Por edad, los porcentajes más altos de creencia en el trato desigual se encuentran entre las personas de 65 a 74 años (83 %), los jóvenes de 18 a 24 años (82,1 %) y el tramo de edad de 25 a 34 años (82 %).
- Por nivel educativo, las personas con menos estudios presentan porcentajes más elevados de convicción en el trato desigual.
- Por clase social subjetiva, la percepción de trato desigual es mayor entre quienes se identifican con la clase trabajadora (90,3 %) y con la clase baja o pobre (82,5 %). E incluso en la clase alta y media alta, donde cabrÃa esperar una valoración más favorable, siete de cada diez encuestados consideran que la justicia no trata igual a quienes tienen recursos y a quienes no.
- Por autoubicación ideológica, las personas que se sitúan a la izquierda presentan porcentajes mayores de creencia en el trato desigual, llegando a diferencias con quienes se sitúan a la derecha de 32 puntos porcentuales.
- Por recuerdo de voto, los votantes de partidos de izquierda están más alineados con la idea de trato desigual entre ricos y pobres: EH Bildu (97,3 %), ERC (90,9 %), Sumar (89,5 %) y PSOE (87,4 %). Mientras que los porcentajes bajan en la derecha y la extrema derecha: PP (60 %) y Vox (73,4 %), aun siendo mayoritarios.
La conclusión es incómoda, pero evidente. Una gran mayorÃa de españoles ve los tribunales como un espacio en el que el dinero, la posición social y la capacidad para contratar buenos y caros abogados son decisivos para el resultado o, al menos, para el desarrollo del procedimiento. La justicia puede ser formalmente la misma y, sin embargo, sentirse radicalmente distinta.
La igualdad ante la ley significa que todas las personas tienen las mismas oportunidades para defenderse, recurrir y obtener una decisión en un plazo razonable. Sin embargo, en una justicia tan lenta como la española no es lo mismo afrontar una causa con dinero suficiente para tener abogados especializados, informes periciales privados y capacidad para pagarlos durante los años que dure el juicio que no tener dinero para pagar un abogado o para encargar pruebas propias.
Una diferencia que también aparece en la atención pública. Mientras algunos procedimientos son muy mediáticos y cuentan con acusaciones populares y filtraciones selectivas constantes que alimentan las tertulias, hay cientos de miles de ciudadanos que tienen que esperar durante meses o años la resolución de un despido, un desahucio, una reclamación familiar o una prestación social.
En este contexto aparecen, además, cada vez con más frecuencia, episodios como la instrucción dirigida por el juez Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno. En un Estado de derecho cualquier persona tiene que responder ante los tribunales si existen indicios suficientes de que ha cometido algún delito. Lo que no se puede justificar son persecuciones arbitrarias, medidas excepcionales o una investigación condicionada por intereses polÃticos, mediáticos o familiares.
¿Recuerdan cuando Montesquieu decÃa que el poder judicial podÃa volverse arbitrario cuando rebasa sus lÃmites y sustituye la ley por la voluntad particular de quien juzga? Pues eso.
En democracia hay que defender las reglas. La justicia no puede ser indulgente con los poderosos, pero tampoco puede aplicarles medidas más severas por su identidad polÃtica o familiar. Una instrucción judicial no deberÃa convertirse en una pena anticipada dosificada mediante titulares, filtraciones o comparecencias innecesarias para generar un circo mediático.
La confianza también se resiente cuando algunos integrantes de la judicatura expresan públicamente su hostilidad hacia un gobierno elegido democráticamente. Esa hostilidad partidista de algunos jueces es inadmisible porque afecta directamente a su función. Y lo más inquietante es la actuación de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que lo permite y no sanciona.
¿Cómo es posible que el juez Manuel Ruiz de Lara calificara al presidente del Gobierno de «golpista» y utilizara expresiones despectivas contra su esposa en las redes sociales, y que la Comisión Disciplinaria del CGPJ abriera un expediente para después cerrarlo sin sanción?
La independencia judicial protege a los jueces, pero no los convierte en irresponsables ni los libera del deber de preservar la apariencia de neutralidad, ni tampoco de su deber de imparcialidad.
Cuando casi ocho de cada diez personas cree que el dinero determina el trato judicial, no basta con decir que todos somos iguales ante la ley. Hay que hacerlo real en nuestras vidas. Y eso exige más becas, como está haciendo el Gobierno, para que la situación económica familiar no sea un impedimento para poder opositar a juez o fiscal; cambiar la formación que se imparte en la Escuela Judicial, para que tengan claro que el poder emana del pueblo; revisar cómo se aplica el régimen disciplinario y quiénes deberÃan hacerlo para evitar el corporativismo insultante que existe.
Pero también aumentar y mejorar la asistencia jurÃdica gratuita, reducir los tiempos de espera, garantizar medios periciales suficientes para quienes no pueden pagarlos y publicar información comprensible sobre la duración y los resultados de los procedimientos.
Controlar realmente los conflictos de intereses, las filtraciones y las conductas incompatibles con la imparcialidad es otra asignatura pendiente. Los mecanismos disciplinarios no pueden ser un coto cerrado donde corporativamente se protege cualquier comportamiento.
En definitiva, la justicia no puede utilizarse para derribar un gobierno porque a un juez, a un partido o a una organización no les guste su ideologÃa. Hay que explicar lo evidente. En democracia deben investigarse hechos concretos apoyados en indicios, no personas en busca de algún delito que pueda atribuÃrseles.
Una democracia se debilita cuando los tribunales se convierten en el escenario alternativo de una batalla polÃtica que no se ha ganado en las urnas. La justicia debe ser capaz de actuar contra el rico y proteger al pobre. Cuando deja de hacer cualquiera de las dos cosas, deja de ser justa.
