Autor: Javier García Fernández

He tenido la inhabitual experiencia de ostentar cargos políticos en la Administración española desde el mismo mes en que se formaron los dos primeros Gobiernos socialistas hasta el mismo mes en que cesaron esos Gobiernos. Y he vuelto a ostentar un cargo político de dirección desde que se constituyó el actual Gobierno del Presidente Sánchez.

A partir del mismo día de las elecciones del 28 de abril, los órganos de dirección de Podemos e Iglesias Turrión defienden la idea de un Gobierno de coalición. En la entrevista del Presidente Sánchez y el máximo dirigente de Podemos se abrió la idea de un Gobierno de colaboración cuyo formato y composición se negociará más adelante.

Como se puede ver en el número de Temas para el debate del mes de junio de 2019, en muchos países europeos se está produciendo una mutación muy intensa del sistema de partidos y está mutación está provocando cambios importantes en sus sistemas parlamentarios y, de rebote, en el modo de formación del Gobierno.

Las elecciones del 26 de mayo poseen más complejidad de lo que parece. Es evidente el triunfo socialista pero detrás del triunfo emergen cuestiones de más difícil tratamiento: el fracaso notable de Podemos, el fracaso significativo de Ciudadanos, la derrota atenuada del Partido Popular y, sobre todo esto, el fracaso de Vox que se difumina ante la posibilidad de influir en la elección de algún Alcalde o de algún Presidente de una Comunidad Autónoma.

Además de las solemnidades que derivan del protocolo, el primer juramento parlamentario que pasó a la Historia fue, en realidad, pre-parlamentario: el Juramento del Juego de Pelota, por celebrarse en un frontón donde cabían juntos los tres brazos de los Estados generales que se juramentaron para seguir reunidos (los brazos se reunían por separado en las Asambleas del Antiguo Régimen) frente a un eventual intento de disolverlos por parte del Rey.

La frustrada elección del Primer Secretario del PSC. Miquel Iceta, como senador de designación autonómica para ser propuesto a continuación como Presidente del Senado, es un ejemplo interesante del margen de actuación que se puede tener con los independentistas. Antes de formular algunas reflexiones políticas conviene acotar jurídicamente la cuestión.

Desde hace algún tiempo, el sustantivo “democracia” y el adjetivo “democrático” se emplean de forma banal, cuando no torticeramente. La rebelión secesionista catalana es un ejemplo de la manipulación de esos términos hasta darles la vuelta.

Hace apenas un año, en abril de 2018, el PSOE se arrastraba por el suelo de las encuestas de opinión mientras Ciudadanos acariciaba la idea de rebasar al Partido Popular en unas hipotéticas elecciones.

Los clásicos de la Ciencia Política dicen que las elecciones en el Estado democrático sirven, ante todo, para que los ciudadanos decidan sobre quien va a gobernar un país. Eso es cierto como principio general, pero en ocasiones unas elecciones sirven para decidir sobre el futuro del propio Estado democrático.

Cualquier observador de los procesos electorales percibe si una candidatura está esforzándose por llegar al máximo número de electores o, por el contrario, cae en la tentación que llamaríamos autista, es decir, dar preferencia a las propias e íntimas convicciones aún a costa de no ser entendidas ni apoyadas por la mayoría de los electores.