La gobernabilidad, aunque no lo diga expresamente la Constitución, es un valor constitucional que está al servicio del principio democrático. Si nos fijamos en la dimensión estructural del principio democrático, veremos que éste, en el sistema político español, se expresa a través del carácter parlamentario de ese sistema político (artículo 1.3 la Constitución: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”). Por eso debe examinarse la conexión entre la gobernabilidad, el principio democrático y el sistema parlamentario.

Estamos acostumbrados a calificar como parlamentario un sistema político donde el Gobierno goza de la confianza del Parlamento, de manera que éste se forma cuando recibe (expresa o tácitamente) la confianza del Parlamento y finaliza cuando se acaba esa misma confianza parlamentaria. Sin embargo, es una exigencia del parlamentarismo que el Gobierno se pueda constituir a fin de que pueda gobernar, esto es, a fin de que pueda desplegar políticas públicas y distribuir bienes y servicios entre los ciudadanos. Una sociedad que carece de Gobierno porque las combinaciones parlamentarias no permiten formarlo, se queda en cierto modo fuera del parlamentarismo y de la democracia parlamentaria.

Así pues, la Constitución debe asegurar, en primer lugar, el principio parlamentario que establece que el Gobierno necesita la confianza parlamentaria para constituirse y para desplegar su acción. Pero, en segundo lugar, también es necesario que la Constitución permita formar Gobierno pues si las reglas constitucionales (por responder, por ejemplo, a un sistema de partidos ya superado) hacen demasiado difícil formar Gobierno, la Constitución no sirve para proteger los intereses de los ciudadanos que necesitan que los poderes públicos gestionen y desplieguen políticas públicas que mejoren sus estándares vitales.

Todo lo dicho nos lleva a una primera conclusión. La primera expresión del sistema parlamentario es la necesidad de formar Gobierno, de modo que si ha habido una mutación del sistema de partidos y ya no permite la formación de mayorías que apoyen Gobiernos, parece necesario cambiar las reglas del juego (la Constitución) de modo que el nuevo sistema de partidos permita también formar Gobierno, modulando quizá el juego de mayorías que hasta ahora era la esencia del parlamentarismo.

No decimos esto por un prurito de asegurar la gobernabilidad en abstracto. Lo decimos porque la ausencia de Gobierno puede tener en España efectos muy pocos deseables. Si fracasara la investidura programada para la semana próxima y si fracasaran otras sesiones de investidura o, peor aún, el Rey ni siquiera pudiera proponer candidatos, acudiríamos a nuevas elecciones a finales de noviembre. Pero, ¿qué ocurriría si los resultados de esa nueva elección fueran similares a los del 28 de abril pasado? La crisis de deslegitimación de la democracia española sería muy intensa y obligaría al Rey a cobrar un protagonismo que ni la Constitución le otorga ni probablemente él mismo desee ejercer. Además, en los próximos meses se conocerá la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal en el proceso contra los principales dirigentes independentistas catalanes, lo que puede originar una primera reacción secesionista en la calle y, ulteriormente, nuevos actos jurídicos de independencia del Gobierno o del Parlamento catalanes. Si se recrudece la operación secesionista (lo que es posible), un Gobierno en funciones carece de fuerza política para adoptar las medidas que pueden ser necesarias (entre otras, una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución). Aunque haya puesto un ejemplo quizá demasiado catastrofista, nos sirve para entender que la posibilidad de formar un Gobierno no es algo baladí pues de la formación de un Gobierno puede depender la estabilidad política de una Nación.

Llegados a este punto, puede ser útil y hasta esperanzador que el candidato a Presidente del Gobierno proponga en su programa de gobierno una reforma inmediata de la Constitución que permita la gobernabilidad a través de la rápida designación del Presidente del Gobierno. ¿Con qué contenido? ¿Con qué procedimiento? ¿Con qué objeto?

Primero. El contenido de la reforma debería ser exclusivamente el artículo 99.5 de la Constitución, de modo que se sustituyera la disolución automática de las Cortes después de dos meses de la investidura fracasada por la designación como Presidente del Gobierno del candidato que propusiera el Grupo Parlamentario más numeroso del Congreso.

Este procedimiento automático no excluye el papel del Monarca en la propuesta de candidato. Al contrario, la “amenaza” de designación automática de un Presidente puede incitar a los Grupos Parlamentarios a pactar un candidato dado que su falta de diligencia daría lugar a la designación del candidato del Grupo más numeroso. Además, esta designación no quiebra el principio parlamentario porque viene a colmar una laguna del procedimiento y es un procedimiento subsidiario a la votación de investidura. En realidad, es la votación fracasada de investidura la que marca el ritmo.

Además, es importante que el anuncio de esta reforma constitucional se desligue de otras reformas constitucionales para desatacar su excepcionalidad y su urgencia.

Segundo. El procedimiento es, obviamente, el de la reforma no agravada del artículo 167 de la Constitución. Exige tres quintos de cada Cámara (doscientos diez Diputados y ciento cincuenta Senadores) y, como se ha visto en las anteriores reformas de 1992 y 2011, es un procedimiento muy rápido. Tiene una peculiaridad que consiste en que la décima parte de los Diputados o de los Senadores puede solicitar que la reforma sea ratificada en referéndum y es sabido que Podemos, montado sobre los métodos políticos más populistas y demagógicos, ha afirmado siempre que solicitará referéndum de cualquier reforma constitucional. Aunque todo referéndum es, como se ha visto en Cataluña, en Escocia y en el conjunto del Reino Unido, un motivo de división y de enfrentamiento, tampoco se debe rehuir si hay algún partido irresponsable que fuerce a celebrarlo máxime cuando se trata de un elemento que, a la larga, fortalece la democracia parlamentaria.

Tercero. El objeto de la propuesta del candidato puede parecer incongruente. ¿Para qué va a proponer el candidato una reforma constitucional que exige doscientos diez Diputados si quizá no cuente siquiera con una mayoría simple? Para mostrar el compromiso del candidato con una reforma necesaria que ayudaría en el futuro a fortalecer la gobernabilidad.

Como apuntábamos en el artículo anterior, la gobernabilidad se puede fortalecer también mediante instrumentos legislativos e incluso mediante convenciones constitucionales pero el instrumento más seguro, de efectos más sólidos, es la reforma constitucional y es la que se debe intentar en primer lugar.